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Bolivia ha dado un giro histórico en su política exterior y económica. El nuevo presidente conservador Rodrigo Paz anunció el fin de casi dos décadas de gobiernos de izquierda y de la dependencia estratégica con China y Venezuela.
Su administración busca ahora una alianza sólida con Estados Unidos para atraer inversión y tecnología en la extracción y procesamiento del litio, uno de los recursos más codiciados del planeta.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, declaró a Fox News Digital durante su visita a Washington que Bolivia pretende “romper el monopolio chino sobre la minería de recursos naturales” y abrir el sector a empresas estadounidenses.
“Queremos una relación a largo plazo con Estados Unidos, basada en valores comunes y en la defensa de la democracia”, afirmó.
Paz, que asumió el cargo en noviembre de 2025, heredó un país desgastado por la corrupción, la crisis económica y las redes de narcotráfico que, según denunció Aramayo, se habían infiltrado en el Estado durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
El colapso del Movimiento al Socialismo (MAS) abrió el camino a un proyecto liberal y proempresarial que busca reposicionar a Bolivia en el mapa regional.
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El nuevo gobierno planea aprobar leyes que faciliten la inversión extranjera y promuevan la transferencia tecnológica estadounidense, especialmente en la extracción sostenible de litio en el salar de Uyuni, una de las mayores reservas del mundo.
Aramayo también confirmó la reanudación de las relaciones diplomáticas con Israel, suspendidas durante la guerra en Gaza por el anterior gobierno, y expresó su preocupación por la creciente influencia del crimen organizado en Sudamérica. “Los cárteles han minado la confianza en las instituciones y alimentado la inestabilidad regional”, advirtió.
Mientras tanto, Washington intensifica su presión contra el régimen de Nicolás Maduro, acusado de vínculos con el narcotráfico. En este contexto, Bolivia se perfila como un nuevo aliado estratégico de Estados Unidos en América del Sur, decidido a impulsar una “transición democrática” en Venezuela y a consolidar una política exterior más alineada con Occidente.
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