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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a Venezuela en el centro de la polémica internacional al exigir públicamente que el gobierno de Nicolás Maduro devuelva “todo el petróleo, las tierras y los activos que nos robaron”.
Su mensaje, difundido recientemente a través de su red social Truth, ha tenido repercusión mundial y ha provocado una airada respuesta del régimen chavista, que lo calificó como “una amenaza imperialista y absurda”.
La Casa Blanca confirmó posteriormente que la administración Trump ordenó un bloqueo total de los buques petroleros sancionados que transporten crudo venezolano, medida que Washington justifica como parte de su estrategia para impedir el financiamiento del régimen de Maduro a través del petróleo.
El Departamento de Estado añadió que la declaración del presidente se refiere a una serie de activos e inversiones estadounidenses expropiados por Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y del propio Maduro.
Las expropiaciones que marcaron dos décadas
Aunque no existe un documento único que agrupe todos los bienes estadounidenses nacionalizados, los registros de arbitraje internacional y los informes de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio muestran un patrón claro: Venezuela expropió o confiscó más de una docena de empresas estadounidenses desde 2007, cuando Chávez lanzó su plan de “reversión de la soberanía energética”.
Lo más leído hoy:
ExxonMobil (2007)
En ese año, el gobierno exigió a las petroleras extranjeras entregar la mayoría accionaria de sus proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco a PDVSA. ExxonMobil rechazó el acuerdo y sus activos fueron expropiados.
La compañía demandó a Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que en 2014 le otorgó una compensación de 1,400 millones de dólares. Caracas pagó solo una parte y continúa bajo observación de los tribunales internacionales.
ConocoPhillips (2007)
El caso más costoso para Venezuela. Sus participaciones en los proyectos Petrozuata, Hamaca y Corocoro fueron nacionalizadas.
En 2019, un tribunal del CIADI ordenó pagar 8,700 millones de dólares a ConocoPhillips por expropiación ilícita, la mayor condena de este tipo contra el país.
Owens-Illinois (2010)
El fabricante estadounidense de envases de vidrio fue nacionalizado por decreto presidencial. En 2015, el CIADI falló a su favor, estableciendo que Venezuela había violado el tratado bilateral de inversión con EE. UU.
Clorox (2014)
La empresa cerró abruptamente por inviabilidad económica; días después, el gobierno ocupó sus instalaciones y ordenó su funcionamiento bajo control estatal.
General Motors (2017)
El régimen confiscó una planta ensambladora en Valencia y activos de la compañía, alegando disputas laborales. GM calificó el hecho de “expropiación ilegal” y cesó sus operaciones en el país.
Kellogg’s (2018)
La multinacional de alimentos abandonó el país por la hiperinflación y el control de precios. Maduro anunció que la planta continuaría produciendo “bajo administración obrera”, sin compensación conocida.
Chevron (2025)
La última gran petrolera estadounidense que mantenía operaciones conjuntas con PDVSA bajo licencias especiales del Tesoro de EE. UU.
En 2025, las licencias fueron revocadas temporalmente, y los activos quedaron bajo administración venezolana, aunque no existe todavía un proceso de expropiación formal.
Empresas de servicios petroleros (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford)
Entre 2018 y 2025, estas compañías redujeron drásticamente su presencia o suspendieron operaciones por sanciones y deudas impagas. Aunque no hubo confiscaciones declaradas, sus equipos y maquinarias quedaron retenidos en territorio venezolano.
Más allá del petróleo
Las expropiaciones no se limitaron al sector energético. Entre 2009 y 2015, el gobierno venezolano tomó control de más de 5,000 empresas nacionales y extranjeras, según datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
De ellas, al menos 20 tenían capital estadounidense total o parcial, incluyendo firmas de manufactura, alimentos, servicios y telecomunicaciones.
La respuesta de Caracas
El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, respondió a las declaraciones de Trump calificándolas de “chantaje político” y aseguró que “Venezuela no devolverá un solo activo a los monopolios del imperialismo”.
Sin embargo, la oposición venezolana considera que estas expropiaciones fueron parte del colapso económico nacional, al destruir la inversión extranjera y las garantías legales.
Un reclamo con raíces legales y políticas
Expertos en derecho internacional coinciden en que la expresión de Trump —“devolver los activos robados”— no implica una reclamación de propiedad territorial, sino la exigencia de compensaciones pendientes reconocidas por laudos arbitrales internacionales.
Estados Unidos, como Estado, no posee esos activos, pero representa los intereses de las empresas afectadas, que han ganado la mayoría de los juicios internacionales.
Mientras tanto, el enfrentamiento verbal entre Washington y Caracas reaviva la tensión geopolítica en la región, en un momento de máxima presión económica sobre el régimen chavista.
Para Venezuela, las reclamaciones simbolizan el costo de su modelo de expropiaciones; para Trump, un argumento político más en su cruzada contra los regímenes aliados de Cuba, Rusia e Irán.
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