El régimen cubano parece dispuesto a abrir una pequeña rendija en su muro económico.
El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunció que las empresas extranjeras podrán contratar directamente a trabajadores cubanos, sin la mediación de las tradicionales entidades empleadoras del Estado.
La frase que, en cualquier otro país, sería una simple actualización legal; en Cuba, suena casi revolucionaria.
El anuncio llegó durante una entrevista televisiva reciente en 'La Salita de Alma', un espacio ligero de Alma Plus TV que el régimen ha convertido en escaparate para sus figuras ascendentes, como la “no primera dama” Lis Cuesta Peraza, a la que también entrevistaron en dicho espacio.
Allí, Pérez-Oliva —sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro— defendió las supuestas “nuevas facilidades” que el gobierno estaría aplicando para atraer inversión extranjera: reducción de plazos burocráticos, flexibilización en el uso de divisas y, sobre todo, la posibilidad de que los inversionistas elijan si contratan a su personal directamente o a través de una empresa estatal.
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A finales de noviembre, durante la apertura del VIII Foro de Inversiones en La Habana, el flamante viceprimer ministro prometió un entorno “más moderno, ágil y transparente” para la inversión extranjera y mencionó por vez primera esta novedad en las formas de contratación de personal cubano por parte de las empresas foráneas.
El matiz parece técnico, pero en Cuba toca una fibra política muy sensible. Desde mediados de los años noventa, ningún empresario extranjero puede contratar libremente a trabajadores cubanos.
Aquella prohibición fue establecida por la Ley 77 de 1995, derogada en 2014 por la Ley 118 de Inversión Extranjera, que en teoría actualizó el marco legal para atraer capital foráneo.
Sin embargo, la nueva legislación mantuvo intacto el mismo esquema laboral: toda empresa extranjera debe contratar su personal a través de entidades empleadoras estatales, designadas por el ministerio del Comercio Exterior (MINCEX) y autorizadas por el ministerio de Trabajo.
Solo de forma “excepcional”, y mediante autorización expresa del gobierno, una empresa mixta podría contratar directamente a sus empleados.
En la práctica, esas excepciones nunca se han aplicado, y el sistema sigue funcionando como hace tres décadas: el inversionista paga en divisas a la empleadora, y esta retribuye a los trabajadores en pesos cubanos, quedándose con la diferencia.
El modelo, diseñado para mantener el control político y financiero sobre la fuerza laboral, ha sido criticado por economistas y organismos internacionales como una forma moderna de servidumbre laboral, en la que el Estado actúa simultáneamente como patrón, intermediario y beneficiario de la explotación del trabajo.
Una grieta (muy controlada) en el modelo
Que un ministro hable ahora de “contratación directa” suena a quiebre de paradigma. Pero la realidad, como casi siempre en Cuba, es menos audaz que el titular.
Pérez-Oliva no presentó ningún documento oficial, decreto ni modificación legal que respalde el cambio. Todo se quedó en palabras, y las palabras en Cuba pesan menos que los sellos del Gaceta Oficial.
Aun así, el simple hecho de que el sobrino-nieto de los Castro haya pronunciado esa frase en televisión marca un giro discursivo importante.
En tiempos de crisis, dudas de inversionistas y fuga de capital humano, el régimen parece tantear concesiones impensables hace pocos años: permitir que una empresa extranjera pague directamente en divisas a un trabajador cubano —algo que durante décadas fue anatema político.
“Estamos abriendo el diapasón a elección del inversionista”, dijo el ministro, con tono pragmático. Una frase que, de aplicarse literalmente, implicaría quitar al Estado su papel de intermediario laboral, y con ello, una de sus fuentes más seguras de divisas.
Sin embargo, fuentes empresariales consultadas por CiberCuba aseguran que, de momento, no existe ningún mecanismo operativo para aplicar esa “flexibilización”, y que las contrataciones siguen tramitándose bajo las mismas normas.
“Hay quienes seguirán como hasta hoy, con la entidad empleadora, porque están satisfechos con su servicio; y hay quienes optarán por hacerlo de manera directa”, aseguró Pérez-Oliva, dejando en el aire sospechas sobre la base legal y la seguridad jurídica que respaldan la decisión.
La supuesta “elección del inversionista” parece, por ahora, un gesto simbólico para proyectar una imagen de modernización ante socios extranjeros.
Reformas de papel, propaganda de cámara
El contexto no es casual. Pérez-Oliva se ha convertido en uno de los rostros más visibles del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Su ascenso —de viceministro primero a ministro y luego viceprimer ministro— refleja la estrategia de Raúl Castro de reposicionar a cuadros jóvenes con apellido histórico para dar continuidad al régimen sin perder control.
Su exposición mediática ha crecido en los últimos meses: entrevistas, visitas protocolares y declaraciones sobre “transparencia” y “digitalización” del comercio exterior. Una campaña de visibilidad que busca presentarlo como la cara tecnocrática de la “nueva etapa” económica, mientras las cifras de inversión extranjera siguen desplomadas y la economía continúa en recesión.
Durante la entrevista, el ministro repitió las líneas clásicas: el “bloqueo” estadounidense, las “dificultades internas”, la “resiliencia del pueblo”. Pero entre esas frases previsibles deslizó el anuncio que podría convertirse en su carta de presentación internacional: una Cuba donde el empresario extranjero pueda contratar directamente al cubano.
El detalle —no menor— es que no existe ninguna evidencia de que esa medida haya comenzado a aplicarse. Ninguna empresa extranjera instalada en la Zona Especial del Mariel ha confirmado estar contratando sin empleadora. Tampoco el MINCEX ha publicado resolución alguna que modifique la normativa laboral vigente.
En otras palabras: Pérez-Oliva parece estar vendiendo humo, o prometiendo algo que parece que el régimen cubano aún no está dispuesto a cumplir.
El ministro de los gestos
No es la primera vez que el joven ministro protagoniza anuncios llamativos sin resultados concretos. En 2024 se presentó como “gestor” de la reestructuración de deuda con China y Rusia, un proceso del que nunca se informó cierre alguno.
También ha prometido agilizar la “ventanilla única” para inversionistas, digitalizar trámites y atraer capital foráneo a sectores como la energía y el turismo. Hasta hoy, los números son tozudos: la inversión extranjera directa en Cuba sigue estancada por debajo del 2 % del PIB, una de las tasas más bajas de América Latina.
Una apuesta controlada
El anuncio sobre la contratación directa parece formar parte de una estrategia de imagen: mostrar al sobrino-nieto de los Castro como un reformista, sin permitirle reformar nada.
La medida le otorga visibilidad internacional y refuerza la idea de que “algo se está moviendo” en Cuba, sin poner en riesgo el núcleo del control estatal sobre la economía y la fuerza laboral.
Si alguna vez se implementara —aunque sea de forma experimental— podría abrir un precedente explosivo: trabajadores cobrando directamente en divisas, sin mediación estatal, y empresas extranjeras negociando salarios y contratos fuera de la estructura de control político.
Pero el propio ministro dejó entrever la cautela: todo dependerá de “la elección del inversionista” y “las características del negocio”. Traducción libre: el gobierno tendrá la última palabra.
Un Reglamento aún vigente
El discurso de apertura de Pérez-Oliva contrasta con la legislación cubana aún en vigor.
El Reglamento para la contratación de cubanos por empresas extranjeras, publicado en la Gaceta Oficial No. 40 del 29 de septiembre de 2015, establece de forma explícita que “los ciudadanos cubanos y residentes permanentes solo pueden prestar servicios en entidades extranjeras si han establecido previamente su relación de trabajo con una entidad empleadora cubana”.
La norma, emitida por el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, prohíbe cualquier relación laboral directa entre empresas extranjeras y trabajadores cubanos, obliga a que los pagos se realicen en pesos cubanos y exige autorización del organismo estatal correspondiente para cada contratación.
Nada indica que este reglamento haya sido derogado o modificado. Por tanto, por el momento, el anuncio del ministro carece de sustento legal y parece más un gesto político —una promesa para el público inversor— que una medida aplicable en la práctica.
Una nueva cara para un viejo sistema
Con apenas 53 años, Pérez-Oliva Fraga se ha convertido en el rostro joven del inmovilismo. Su linaje pesa más que su gestión, y su discurso mezcla tecnocracia con fidelismo reciclado.
Su promesa de contratación directa es, hasta ahora, una declaración sin decreto, un gesto sin sustancia. Pero no deja de ser reveladora: demuestra que el régimen, acorralado por la crisis, necesita parecer flexible para seguir siendo el mismo.
Y en esa estrategia de “reforma sin cambio”, el sobrino-nieto de los Castro juega el papel perfecto: el reformista de guante blanco que anuncia aperturas que nunca terminan de abrirse, perfeccionando así el arte de perpetuarse en el poder, en el que su tío abuelo alcanzó notable maestría.
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