Stephen Miller, uno de los asesores más influyentes del presidente Donald Trump en materia migratoria, ha desatado inmensa polémica al defender abiertamente la deportación masiva de inmigrantes, incluidos aquellos que tienen solicitudes de asilo en trámite.
Ha propuesto que no tengan derecho a audiencia judicial ni a revisión individual de sus casos.
En un video que se ha viralizado en redes sociales, Miller sostuvo que el sistema legal estadounidense no puede -ni debe- ofrecer debido proceso a millones de personas que, según él, nunca debieron haber ingresado al país.
“Hay 15 millones de inmigrantes ilegales. ¡Si cada uno de ellos tuviera el juicio que pides, tardaríamos siglos en expulsarlos!”, afirmó.
Para el asesor presidencial, la falta de un proceso legal al momento de la entrada justificaría la eliminación de cualquier garantía posterior.
“No hubo debido proceso al traerlos, no tienen debido proceso al expulsarlos. ¡Que se vayan de mi país!”, añadió.
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Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de abogados, académicos y legisladores, que advirtieron que la postura de Miller no solo es políticamente extrema, sino que contradice principios básicos de la Constitución y la ley migratoria estadounidense.
El debido proceso no depende de cómo se entra al país
Especialistas en inmigración subrayaron que el derecho al debido proceso no está condicionado a la forma en que una persona haya ingresado a Estados Unidos.
La legislación federal y múltiples fallos judiciales establecen que cualquier individuo que se encuentre en territorio estadounidense tiene derecho a un procedimiento legal, especialmente cuando solicita asilo.
Ese derecho incluye la posibilidad de presentar un caso, ser escuchado por un juez y recibir una decisión fundamentada.
Aunque el asilo es difícil de obtener y muchos solicitantes son finalmente rechazados, la ley garantiza el acceso al proceso.
Durante un reciente debate en el Congreso, el congresista Goldman fue categórico al señalar que deportar a personas con solicitudes de asilo pendientes constituiría una violación directa de la ley.
Según explicó, el Estado está obligado a determinar primero si un migrante califica o no para protección internacional.
Un sistema colapsado que alimenta el discurso de la deportación
Las palabras de Miller llegan en medio de una crisis profunda del sistema migratorio.
Los tribunales de inmigración enfrentan actualmente más de tres millones de casos pendientes, lo que ha generado retrasos de años y una acumulación sin precedentes.
De ese total, casi un millón y medio corresponden a solicitudes de asilo que aún no han sido resueltas.
La escasez de jueces y oficiales de asilo ha convertido el sistema en un cuello de botella permanente, incapaz de responder con rapidez y eficiencia.
Críticos de la postura de Miller señalan que este colapso institucional está siendo utilizado como argumento político para justificar la eliminación del debido proceso, en lugar de impulsar una reforma estructural que refuerce la capacidad del sistema.
El bloqueo de las entrevistas de miedo creíble
Uno de los principales puntos de atasco es la entrevista de “miedo creíble”, un paso esencial para que un solicitante de asilo pueda avanzar en su caso.
Miles de migrantes esperan durante meses -y en algunos casos años- para ser entrevistados.
Sin esa evaluación inicial, los solicitantes quedan atrapados en un limbo legal, sin poder avanzar ni recibir una decisión definitiva.
Expertos coinciden en que esta parálisis es uno de los factores que más contribuyen al caos actual en los tribunales de inmigración.
Un discurso que va más allá de la inmigración irregular
Las declaraciones recientes de Miller se inscriben en una narrativa más amplia que no se limita a la inmigración irregular.
En un reciente análisis publicado por The New York Times, el diario señaló que Miller ha comenzado a presentar a los migrantes -y a sus descendientes- como un problema estructural para Estados Unidos.
Miller sostiene que “siete décadas de migración han producido millones de personas que reciben más de lo que aportan”, una afirmación que el citado medio de prensa calificó como refutada por numerosos estudios.
En declaraciones a Fox News, Miller fue aún más lejos al culpar a comunidades enteras por supuestos fracasos de integración.
“Con muchos de estos grupos de migrantes, no solo la primera generación no tiene éxito”, dijo, mencionando a la comunidad somalí como ejemplo.
El New York Times subrayó que esta retórica acompaña el intento del gobierno de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que busca impedir que los hijos de migrantes indocumentados obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Expertos citados por el Times y otros centros de investigación han cuestionado el fundamento de los argumentos de Miller.
Estudios sobre migración muestran que los hijos de inmigrantes suelen alcanzar mayores niveles educativos que sus padres, mejores ingresos y una integración progresiva a la sociedad estadounidense.
Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria del Instituto de Política Migratoria, explicó que “estudio tras estudio se ha demostrado la movilidad social ascendente de los hijos de inmigrantes”.
Para varios analistas, el discurso de Miller no responde a evidencia empírica, sino a una visión ideológica que concibe la migración como una amenaza cultural permanente.
Las recientes declaraciones de Stephen Miller sobre los casos pedientes de asilo vuelven a colocar en el centro del debate una pregunta clave: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su intento de controlar la inmigración sin vulnerar principios constitucionales básicos?
Mientras la Casa Blanca defiende medidas cada vez más agresivas, abogados y defensores de derechos humanos insisten en que el debido proceso y el derecho al asilo no son concesiones políticas, sino obligaciones legales.
Preguntas frecuentes sobre la propuesta de deportación masiva de Stephen Miller y el contexto migratorio en EE.UU.
¿Cuál es la propuesta de Stephen Miller respecto a los migrantes con asilo pendiente?
Stephen Miller propone la deportación masiva de inmigrantes, incluidos aquellos con solicitudes de asilo en trámite, sin derecho a audiencia judicial ni revisión individual de sus casos. Esta postura ha sido criticada por contradecir principios constitucionales y legales en Estados Unidos.
¿Qué dice la ley estadounidense sobre el debido proceso para inmigrantes?
La legislación estadounidense establece que cualquier persona que se encuentre en su territorio tiene derecho a un procedimiento legal, incluido el debido proceso, independientemente de cómo haya ingresado al país. Esto implica la posibilidad de presentar un caso, ser escuchado por un juez y recibir una decisión fundamentada, especialmente en solicitudes de asilo.
¿Qué impacto tiene la crisis del sistema migratorio en EE.UU. en las propuestas de deportación?
El sistema migratorio estadounidense enfrenta una crisis con más de tres millones de casos pendientes, de los cuales casi un millón y medio son solicitudes de asilo. Esta situación se utiliza como argumento político para justificar la eliminación del debido proceso, en lugar de abordar la necesidad de una reforma estructural para mejorar la capacidad del sistema.
¿Cómo afecta la pausa en las decisiones de asilo a los migrantes?
La suspensión de las decisiones de asilo por parte del gobierno de Trump deja a miles de migrantes en un limbo legal, afectando a aproximadamente 250,000 casos de asilo afirmativo. Aunque no equivale a un cierre total del sistema, los solicitantes quedan en espera indefinida hasta que se revisen los protocolos de seguridad.
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