Un juez federal de California, Vince Chhabria, autorizó al gobierno de Trump a compartir con ICE seis tipos de datos “básicos” de beneficiarios de Medicaid: ciudadanía, estatus migratorio, dirección, teléfono, fecha de nacimiento e identificación de Medicaid. Según explica POLITICO, la orden limita el intercambio a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos, de modo que ICE no puede acceder a la información de otros inmigrantes con algún tipo de permiso migratorio.
NBC News detalla que la decisión levanta parcialmente una medida cautelar que bloqueaba el plan federal en 20 estados, entre ellos California, que demandaron para frenar el uso de bases de datos de Medicaid con fines de deportación. El juez considera que compartir “información biográfica, de localización y contacto” entra dentro de lo que la ley permite al Departamento de Seguridad Nacional, al tiempo que mantiene la prohibición sobre categorías de datos más amplias.
Información médica y datos más sensibles siguen protegidos
Pese a la victoria parcial de la Casa Blanca, la orden judicial mantiene vigente una fuerte restricción: ICE y el Departamento de Salud (HHS) tienen prohibido utilizar historiales clínicos, diagnósticos u otros datos de salud para persecución migratoria. El juez Chhabria reprochó a las agencias no haber demostrado por qué necesitarían información médica o datos de personas con estatus legal para aplicar la ley de inmigración.
El juez impuso una nueva medida cautelar contra el intento del gobierno de obtener datos de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y otros inmigrantes con estatus legal, especialmente en hogares de estatus mixto. En su resolución, el magistrado advierte de que las políticas más allá de la información básica son “ambiguas” y no parecen derivar de un proceso claro de toma de decisiones, por lo que no pueden entrar en vigor mientras siga abierto el litigio.
La batalla de los estados democratas contra la “minería” de datos
De acuerdo con POLITICO, la demanda fue presentada por California y otros 21 fiscales generales demócratas después de que se revelara que el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) había empezado a transferir archivos de Medicaid a ICE en junio y formalizó un acuerdo de intercambio en julio. El objetivo del gobierno, según ese medio, es usar esos datos para localizar a inmigrantes en situación irregular en estados que financian con fondos propios coberturas para indocumentados dentro de sus programas de Medicaid.
Aunque la ley federal excluye a indocumentados de Medicaid, los estados están obligados a ofrecer Medicaid de emergencia para cubrir solo servicios que salven vidas, y ese gasto representa menos del 1% del coste total del programa. Fiscales estatales y defensores de derechos de los inmigrantes alertan de que usar Medicaid como fuente para detenciones puede provocar que familias enteras dejen de acudir al médico o de inscribirse por miedo, con el consiguiente aumento de enfermos sin atención y más presión sobre los hospitales de seguridad pública.
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