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El régimen cubano formalizó este martes el nombramiento de Rosabel Gamón Verde como nueva ministra de Justicia, durante un acto encabezado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en la sede del Ministerio de Justicia (Minjus) en La Habana.
El evento, difundido por la institución en su cuenta oficial de Facebook, fue presentado como un proceso de “entrega y recepción del cargo” que, según el comunicado oficial, “refleja solidez, transparencia y continuidad”.
En el acto participaron altos funcionarios del régimen, incluido el nuevo presidente del Tribunal Supremo Popular, Óscar Manuel Silvera Martínez, quien hasta hace pocos días ocupaba el propio cargo de ministro de Justicia.
“Partimos de lo logrado para proyectar nuevos horizontes de trabajo. Queda reforzada la hermandad con el Tribunal Supremo Popular y avanzaremos con un mismo objetivo: servir a Cuba y a su pueblo”, señaló el Minjus en su publicación, en un tono de continuidad institucional.
La llegada de Gamón Verde ocurre apenas dos semanas después de que Miguel Díaz-Canel anunciara una serie de cambios en la cúpula judicial y política del país, que incluyeron la salida del veterano magistrado Rubén Remigio Ferro de la presidencia del Tribunal Supremo Popular y la transferencia de Silvera Martínez a ese puesto.
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El relevo se suma a una oleada de renuncias y reacomodos dentro del aparato estatal, en medio de una profunda crisis económica, apagones generalizados y un descontento social en aumento.
Analistas señalan que estas sustituciones no responden a un proceso de renovación real, sino a la necesidad del régimen de recomponer su estructura de control.
Entre las recientes salidas se encuentran las de Ulises Guilarte de Nacimiento, exsecretario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y Ricardo Rodríguez González, expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), cuya dimisión fue interpretada como una señal de fractura generacional dentro de las organizaciones del régimen.
La designación de Rosabel Gamón Verde —quien se desempeñaba como viceministra primera del ramo— refuerza el discurso de “continuidad” promovido por Díaz-Canel, pero llega en un momento en que la credibilidad institucional del sistema judicial cubano está profundamente erosionada.
En los últimos años, el Ministerio de Justicia y los tribunales han sido señalados por su papel en la represión judicial contra manifestantes, activistas y opositores, especialmente tras las protestas del 11 de julio de 2021.
Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han denunciado la falta de independencia del poder judicial en Cuba, subordinado directamente al Partido Comunista.
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