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La Casa Blanca convocó este jueves a las principales compañías petroleras internacionales, entre ellas la española Repsol, para abordar el futuro del sector energético venezolano tras la intervención de Estados Unidos en el país sudamericano y la captura del presidente Nicolás Maduro.
Según adelantó la agencia Bloomberg, la reunión se celebrará en Washington con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, apenas una semana después de la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump que derivó en el cambio de poder en Caracas.
El encuentro busca definir el nuevo marco energético y comercial de Venezuela, país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, en un contexto de reconfiguración política y de revisión de las sanciones y licencias que habían permitido operaciones limitadas de empresas extranjeras en territorio venezolano.
En mayo pasado, el Gobierno estadounidense revocó los permisos que autorizaban a Repsol a exportar crudo y derivados de Venezuela, una decisión que también afectó a la italiana Eni y a la estadounidense Global Oil Terminals.
Estas compañías operaban en el país junto a Chevron, la única petrolera estadounidense con presencia activa bajo licencias específicas.
Repsol es la empresa española con mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de tres décadas.
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La compañía mantiene derechos mineros en amplias zonas del país, aunque gran parte de esas áreas permanece sin desarrollar.
Actualmente, Repsol tiene desarrollados unos 280 kilómetros cuadrados brutos de superficie petrolera en asociación con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), mientras que otros 1.907 kilómetros cuadrados continúan pendientes de desarrollo.
En 2024, la producción neta de la empresa en Venezuela alcanzó los 24 millones de barriles equivalentes de petróleo, en su mayoría gas natural destinado exclusivamente al consumo interno venezolano y a la generación eléctrica.
La producción diaria de Repsol en el país se sitúa en torno a los 39.000 barriles, principalmente en el proyecto Petroquiriquire, cuya propiedad corresponde en un 60 % a PDVSA y en un 40 % a la compañía española.
La convocatoria de la Casa Blanca refuerza la intención del presidente Trump de redefinir el control y la comercialización del petróleo venezolano, así como de facilitar el eventual regreso de empresas estadounidenses e internacionales bajo nuevas condiciones políticas y económicas.
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