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La Aduana General de la República de Cuba anunció este martes la entrada en vigor a partir de abril de 2026 de un nuevo marco legal que redefine su estructura, funcionamiento y atribuciones.
El Decreto-Ley 108 “De Aduanas”, su Reglamento (Decreto 134) y nueve resoluciones complementarias fueron publicados en la Gaceta Oficial No. 7 de 2026, conformando un paquete normativo que, según las autoridades, busca “modernizar” los procedimientos aduaneros y “garantizar un comercio exterior más ágil, transparente y profesional”.
En su nota oficial, la institución aseguró que las medidas forman parte de un “proceso continuo de perfeccionamiento institucional”, y que el nuevo compendio normativo “está en armonía con los postulados constitucionales y los estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial de Aduanas”.
La Aduana promete “una mayor facilitación del comercio internacional y nuevas exigencias de seguridad en frontera”, en un contexto de crisis económica, caída de la producción y dependencia del país respecto a las importaciones personales y los envíos familiares.
Centralización absoluta del control aduanero
El nuevo Decreto-Ley deroga las normativas anteriores (Decreto-Ley 162 de 1996 y sus reformas de 2019) y centraliza todas las competencias en la cúspide de la administración estatal.
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El jefe de la Aduana General tendrá potestad para crear o eliminar unidades aduaneras, autorizar regímenes especiales, retener o confiscar mercancías, y disponer del abandono legal o voluntario de bienes a favor del Estado.
El artículo 14 le otorga facultades amplísimas, entre ellas:
“Disponer el control aduanero sobre locales, oficinas, almacenes, vehículos y otros medios de transporte, medios de embalaje, personas, y demás bienes y lugares, lo que incluye el registro.”
Además, el funcionario podrá autorizar “la medida cautelar de retención u ocupación de las mercancías, bienes, valores, documentos en soporte de cualquier tipo y medios en que se transportan” hasta que concluya la investigación o se aplique la sanción correspondiente.
Esta disposición otorga a la Aduana poderes casi policiales, en un ámbito donde antes primaba la fiscalización económica y no la intervención directa.
Incluso se establece que las actuaciones de la autoridad aduanera tendrán “la validez que le corresponde a las ejecutadas por cualquier órgano de instrucción primaria” cuando se detecten hechos presuntamente delictivos.
Entre la “modernización” y la vigilancia
El texto legal crea también un sistema de control tecnológico permanente, que incluye “la radiológica a personas, sus equipajes, cargas y medios de transporte”, “la canina en mercancías, medios de transporte y personas”, y “el sistema de circuito cerrado de televisión en los recintos aduaneros”.
Estas disposiciones se justifican en nombre de la seguridad, pero en la práctica institucionalizan la inspección masiva de personas y bienes en frontera.
Además, el Decreto-Ley autoriza expresamente a la Aduana a impedir el abordaje de un pasajero si este se niega a someterse al control:
“La Aduana está facultada para impedir que una persona acceda a un salón estéril o aborde un medio de transporte internacional, si se negara a someterse al control de seguridad.”
La medida refuerza la discrecionalidad del poder aduanero y abre la puerta a arbitrariedades en la práctica cotidiana, especialmente contra viajeros que transportan mercancías no comerciales o ayuda humanitaria.
El paquete legal forma parte de una estrategia más amplia de recentralización del control económico en un momento de deterioro del sistema estatal.
En un país donde la población depende de los envíos familiares, la paquetería internacional y las importaciones personales, la nueva legislación puede agravar la burocracia y los costos para quienes intentan traer productos de primera necesidad o insumos para pequeños negocios.
El Gobierno, por su parte, asegura que durante los 90 días previos a la entrada en vigor del Decreto-Ley se realizarán acciones de capacitación y divulgación para “esclarecer dudas, criterios o planteamientos que surjan a través de las personas por las vías de comunicación establecidas”.
Un poder reforzado en nombre del “socialismo”
Aunque el discurso oficial se centra en la modernización y la eficiencia, el texto del Decreto-Ley 108, de más de 250 páginas, refuerza el control político y fiscal del Estado sobre el comercio exterior, los viajeros y la paquetería internacional.
El artículo 12 del nuevo texto lo deja explícito:
“La Aduana General de la República es la encargada de dirigir, controlar y aplicar la política estatal en materia de aduanas y garantiza, dentro de su jurisdicción y competencia, la facilitación del comercio y la seguridad de la sociedad socialista.”
El concepto de “seguridad de la sociedad socialista” aparece reiteradamente a lo largo del documento, subordinando la función comercial y logística a una lógica de vigilancia e ideología.
El artículo 13 también define que la institución tiene el deber de:
“Dirigir, controlar y enfrentar, dentro de su jurisdicción y competencia, los hechos que ponen en riesgo la seguridad de la sociedad socialista, la economía y la salida internacional.”
En la práctica, este enfoque convierte a la Aduana en un instrumento político del control estatal, más que en un servicio público orientado a la facilitación del comercio o al apoyo a los actores económicos.
Nueve resoluciones para consolidar el control
El Decreto-Ley 108 viene acompañado por un paquete de nueve resoluciones, todas publicadas en la misma edición de la Gaceta Oficial, que refuerzan su estructura operativa:
Resolución 529/2025: fija las normas para el control aduanero a las mercancías.
Resolución 530/2025: regula el aprovisionamiento de buques, embarcaciones y aeronaves.
Resolución 531/2025: establece el régimen de depósito temporal de mercancías.
Resolución 532/2025: norma la aplicación de los distintos regímenes aduaneros.
Resolución 533/2025: regula el desaduanamiento de las mercancías.
Resolución 534/2025: define los procedimientos para declarar o aceptar el abandono de bienes a favor del Estado.
Resolución 535/2025: crea el sistema de Operador Económico Autorizado (OEA), con el cual la Aduana certificará a las empresas que considere “seguras y confiables”.
Resoluciones 536 y 537/2025: amplían el control a los medios navales y aeronaves, y las operaciones de carga y abastecimiento.
En el caso del Operador Económico Autorizado, la figura se presenta como un paso hacia la profesionalización, pero el propio decreto señala que solo se otorgará a entidades que demuestren “historial satisfactorio de obligaciones tributarias y aduaneras”, un requisito que deja fuera a la mayoría de los emprendedores y cooperativas privadas.
Una “Aduana moderna” con mentalidad de 1970
A pesar de su retórica de actualización, el Decreto-Ley 108 reproduce los mecanismos clásicos de control total del Estado cubano: vigilancia, sanción y subordinación de la actividad económica al poder político.
La “modernización” anunciada parece más una reforma administrativa del control que una apertura real hacia la eficiencia o la transparencia.
Mientras el país continúa inmerso en una crisis económica profunda, la creación de un aparato aduanero más poderoso y burocrático podría entorpecer aún más el flujo de recursos que sostiene a miles de familias cubanas.
Cambios en la Aduana de Cuba y su Impacto
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¿Qué cambios introduce el nuevo Decreto-Ley 108 en la Aduana de Cuba?
El Decreto-Ley 108 centraliza el control aduanero en Cuba, otorgando amplios poderes a la Aduana General de la República para crear o eliminar unidades aduaneras y autorizar regímenes especiales. Además, refuerza la vigilancia mediante la instalación de sistemas de control tecnológico permanente, como cámaras de circuito cerrado y medidas radiológicas.
¿Cuáles son las implicaciones de la centralización del control aduanero en Cuba?
La centralización del control aduanero refuerza el poder del Estado cubano sobre el comercio exterior, los viajeros y la paquetería internacional, transformando a la Aduana en un instrumento político más allá de un servicio público. Esta medida podría aumentar la burocracia y los costos para quienes dependen de las importaciones personales para obtener productos de primera necesidad.
¿Cómo afecta el nuevo marco legal de la Aduana a los envíos familiares y las importaciones personales?
El nuevo marco legal podría complicar el acceso a productos básicos debido a la mayor burocracia y control estatal sobre las importaciones personales. Esto es especialmente preocupante en un contexto de crisis económica donde muchas familias dependen de envíos del exterior para obtener bienes esenciales.
¿Qué medidas de modernización ha implementado la Aduana de Cuba?
A pesar de la promesa de modernización, las medidas de la Aduana refuerzan más el control que la eficiencia. Incluyen un sistema de control tecnológico permanente y medidas de seguridad que pueden interpretarse como una institucionalización de la inspección masiva en fronteras.
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