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Cancelaciones de convenios médicos en América Latina y el Caribe ha dejado a cientos de profesionales de salud cubanos ante una encrucijada: obedecer la orden de retorno del régimen o quedarse en el país donde trabajan, asumiendo consecuencias que pueden incluir hasta ocho años de prohibición de regresar a Cuba y la separación forzada de sus familias.
Guatemala, Honduras, Jamaica, Guyana y Antigua y Barbuda han cancelado o no renovado sus acuerdos con La Habana en los primeros meses de 2026, acelerando el retiro de brigadas que en algunos casos llevaban décadas operando en esos territorios.
El régimen cubano califica a quienes no regresan como "desertores" o "traidores a la patria" y les aplica sanciones que los separan de sus hijos y familiares durante años. Las leyes están conformadas para ahogar y amedrentar a los médicos, que arriesgan perder a su familia.
Ante este escenario, organizaciones de defensa de los derechos humanos y representantes diplomáticos han comenzado a buscar salidas. Recientemente se celebró una reunión en Washington D.C. con representantes de la embajada guatemalteca para explorar vías que permitan a los profesionales cubanos permanecer en el país de forma legal y segura.
En el caso de Guatemala, activistas y grupos de apoyo impulsan el proyecto Equipos Verdes como alternativa concreta para integrar a los médicos cubanos al sistema de salud local sin que dependan del convenio bilateral con La Habana.
En Jamaica, el panorama fue diferente: 277 profesionales de salud cubanos en ese país regresaron a Cuba tras declinar la oferta de quedarse, en una decisión que refleja el peso de las presiones familiares y las amenazas del régimen.
Una de las denuncias más recurrentes entre los médicos que participan en estas misiones es la retención salarial. Según testimonios documentados, el régimen retiene aproximadamente el 85% del salario que los países anfitriones pagan por sus servicios, dejando a los profesionales con una fracción mínima de su remuneración real.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado el programa de exportación de médicos cubanos como un esquema de trabajo forzado, señalando las condiciones coercitivas bajo las que operan estos profesionales en el exterior.
Organizaciones como Prisoners Defenders han documentado que el 75% del personal sale en contra de su voluntad, presionado por incentivos económicos que en Cuba resultan inalcanzables de otra forma, o directamente coaccionado por las autoridades.
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