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La promesa de transparencia petrolera en la "nueva Venezuela" de Delcy Rodríguez empieza a mostrar grietas cada vez más visibles.
Mientras Washington insiste en que supervisa los ingresos del crudo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro, investigaciones periodísticas y denuncias de ONG advierten que buena parte de la opacidad heredada del chavismo sigue intacta.
Un reportaje publicado por The New York Times reveló esta semana que la industria petrolera venezolana continúa funcionando como una “caja negra”, pese a las promesas de Donald Trump y del nuevo gobierno interino de transparentar PDVSA y acabar con décadas de corrupción.
La investigación sostiene que, durante años, redes vinculadas al madurismo desviaron miles de millones de dólares mediante empresas fantasma, contratos opacos y ventas de petróleo sin supervisión real.
El diario estadounidense señala especialmente a Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, como una figura clave en la administración paralela de la riqueza petrolera venezolana.
Según documentos internos citados por el diario estadounidense, empresas ligadas a Malpica exportaron crudo valorado en 11 mil millones de dólares entre 2021 y 2022 sin pagar a PDVSA.
Aunque la administración Trump afirma haber impuesto auditorías y mecanismos de control sobre las ventas petroleras venezolanas, las dudas aumentan. "Por primera vez en décadas, Venezuela está vendiendo su petróleo en el mercado global a precio de mercado completo, y el dinero regresa a Venezuela y se gasta en beneficio del pueblo venezolano", declaró a finales de marzo el secretario de Estado Marco Rubio.
Sin embargo, la ONG Transparencia Venezuela denunció esta semana que el portal oficial “Transparencia Soberana”, creado por Rodríguez para supuestamente informar el uso de los fondos públicos, apenas muestra un único movimiento de 300 millones de dólares y no explica quién compró el petróleo ni cómo se gastó realmente el dinero.
La crítica se vuelve más delicada porque, según Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Washington ya habría canalizado unos 3 mil millones de dólares hacia Caracas derivados de ventas petroleras. Sin embargo, esa cifra no aparece reflejada en el portal oficial venezolano.
“La página miente”, afirmó Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, quien cuestionó la ausencia de detalles sobre contratos, compradores y destino final de los recursos.
La situación resulta especialmente sensible porque el presidente Trump ha convertido el caso venezolano en una vitrina de su política hemisférica.
Desde enero, la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos mantendrá supervisión sobre las exportaciones petroleras venezolanas y promoverá inversiones millonarias para reconstruir la industria energética del país.
Pero el escenario empieza a dejar preguntas incómodas para Cuba.
Durante meses, Trump y Rubio han endurecido el discurso contra La Habana, insistiendo en que el régimen cubano es corrupto, ineficiente y responsable directo de la ruina económica de la isla.
El mensaje desde Washington apunta claramente hacia un eventual cambio político en Cuba. Sin embargo, lo que ocurre en Venezuela evidencia lo difícil que puede resultar desmontar estructuras financieras creadas durante décadas por regímenes autoritarios.
Porque si en Venezuela —con supervisión directa de Estados Unidos, auditorías anunciadas y presión internacional— persisten las dudas sobre el manejo de PDVSA, ¿qué podría ocurrir en Cuba con el entramado económico de GAESA, las empresas militares y las redes financieras controladas históricamente por el castrismo?
El caso venezolano demuestra que sacar del poder a una figura no implica necesariamente desmantelar los mecanismos de corrupción construidos alrededor del Estado.
En Caracas, muchos operadores económicos del chavismo siguen activos dentro del nuevo esquema petrolero. Y eso alimenta el temor de que, en un hipotético escenario de transición cubana, estructuras vinculadas al poder militar y empresarial del régimen puedan reciclarse, conservar privilegios y mantener zonas oscuras fuera del verdadero control ciudadano.
Para millones de cubanos, especialmente dentro y fuera de la isla, la gran interrogante no sería solo si habrá un cambio político, sino si realmente existiría transparencia sobre décadas de negocios opacos, cuentas en el extranjero y fortunas acumuladas bajo el paraguas del poder militar.
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