El presidente Donald Trump ha perdido la paciencia con el régimen cubano y ha comenzado a presionar a sus asesores para que expliquen por qué meses de intensa presión estadounidense no han logrado provocar su colapso.
Así lo reveló este lunes NBC News, citando como fuentes a dos funcionarios del gobierno, un exfuncionario y tres personas familiarizadas con las conversaciones.
A pesar de que funcionarios de la Casa Blanca creen que el régimen podría caer antes de que termine 2026 sin necesidad de una intervención militar, Trump considera ese plazo demasiado largo y exige resultados más rápidos, según el citado medio.
Ante la creciente frustración del mandatario, el Pentágono ha comenzado a actualizar y acelerar planes de contingencia para una posible acción militar contra Cuba, aunque fuentes citadas por la AP indicaron el pasado jueves que no hay ninguna acción militar inminente.
La estrategia de presión máxima de la administración Trump acumula más de 240 sanciones desde enero de 2026, un embargo petrolero efectivo que ha reducido las importaciones de combustible cubanas entre un 80 y 90%, y la interceptación de al menos siete tanqueros en aguas internacionales.
El pasado miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio anunció un nuevo paquete de sanciones que apunta directamente al corazón económico del régimen: el conglomerado militar GAESA, que controla entre el 40 y 70% de la economía formal cubana, su presidenta Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa minera estatal Moa Nickel S.A., una empresa conjunta con la canadiense Sherritt International.
«Estas sanciones son parte de la campaña integral de la administración Trump para abordar las urgentes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba», declaró Rubio al anunciar las medidas.
Rubio describió a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba», con activos ilícitos estimados en entre 18,000 y 20,000 millones de dólares en cuentas en el exterior.
Las empresas extranjeras tienen hasta el 5 de junio para cerrar operaciones con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias. Sherritt International ya suspendió operaciones en Cuba, repatrió a sus empleados y vio caer sus acciones un 30%.
Washington también ofreció a La Habana decenas de millones en ayuda humanitaria, acceso gratuito a Starlink por dos años para todos los cubanos, y asistencia agrícola e infraestructura a cambio de reformas políticas y económicas. El régimen rechazó la oferta, según confirmó la Casa Blanca.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió con una advertencia directa en una entrevista con ABC News: «Parece que el gobierno de EE.UU. ha elegido un camino peligroso, un camino que podría llevar a consecuencias inimaginables, a una catástrofe humanitaria, a un genocidio, a la pérdida de vidas cubanas y de jóvenes estadounidenses, podría también llevar a un baño de sangre en Cuba».
Rodríguez afirmó que no ha habido «progreso» en las conversaciones entre ambos países y que los temas relacionados con el sistema político cubano «no están sobre la mesa».
El régimen enfrenta esta presión en medio de su peor crisis en tres décadas: apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una proyección de contracción del PIB del 7,2% para 2026.
El propio Trump resumió su postura el 30 de marzo: «Cuba está acabada. Tienen un mal liderazgo, muy malo y corrupto... Cuba va a ser la próxima. Es un desastre, un país fallido. Fracasará dentro de muy poco y estaremos ahí para ayudar».
Mientras tanto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha respondido a cada presión con la misma frase: «Rendirse no es parte de nuestro vocabulario».
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