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El escritor cubano Joaquín Baquero, primer biógrafo de la bailarina Alicia Alonso y autor de varios libros, fue víctima de una aparente toma forzosa de su apartamento en el reparto Náutico, municipio Playa, La Habana, según la denuncia pública del director de arte del ICAIC Luis Lacosta.
Baquero, un hombre mayor de 70 años, ciego e inválido, llegó a su vivienda —donde reside desde hace décadas— y se encontró con que habían violado el inmueble, entrado y cambiado la cerradura. Lacosta explicó que la acción fue ejecutada por orden de un ciudadano que lleva más de 20 años viviendo en EE.UU. y que alega tener derechos sobre la propiedad.
«Hoy el escritor Joaquín Baquero, con varios libros editados en Alemania, hombre mayor de 70 años, ciego e inválido, llegó a su apartamento en el reparto Náutico donde vive hace muchos años y se encontró que habían violado el hábitat, entrando y cambiado la cerradura del apartamento, todo esto por un ciudadano que hace más de 20 años vive en Estados Unidos de Norteamérica, diciendo que él tenía derecho al mismo», escribió Lacosta en su perfil de Facebook.
El denunciante no ocultó su indignación y advirtió: «Tenemos que tener mucho cuidado y ahora más que nunca, tenemos que tener el apoyo de nuestras leyes».
El caso fue amplificado por el periodista y analista político José Manuel González Rubines, quien lo calificó de «tema gravísimo» y lo enmarcó como síntoma de una problemática estructural que afecta a cientos de familias en Cuba.
«Más allá de los detalles del caso y de las personas implicadas, la situación se repite por cientos en Cuba, donde el régimen despojó de sus propiedades a miles de personas que abandonaron el país a lo largo de décadas. Mi propia familia lo sufrió. Hasta las fotos, los cubiertos y los adornos se llevaban», escribió González Rubines en su publicación de Facebook.
El analista señaló, sin embargo, que la solución no es sencilla, porque la mayoría de quienes ocuparon aquellas viviendas redistribuidas por el régimen «no eran cuadros vinculados al poder, sino familias de bajos recursos», y que muchos actuales ocupantes ya no son los beneficiarios originales del reparto, sino personas que adquirieron los inmuebles por compraventa o permuta, «a menudo a costa de los ahorros de toda una vida».
La pregunta que González Rubines plantea es de difícil respuesta: «¿Cómo resarcir a quienes fueron despojados por un acto injusto del régimen sin convertir en víctimas a quienes hoy ocupan esas viviendas sin responsabilidad alguna por aquello? ¿Y cómo indemnizar a unos o a otros si el Estado cubano no tiene (ni tendrá, al menos a corto plazo) recursos para hacerlo?»
El origen legal de este enredo se remonta a los primeros años de la dictadura. La Ley de Reforma Urbana del 14 de octubre de 1960 reorganizó la propiedad urbana y abolió contratos de arrendamiento. Pero la norma que selló el despojo fue la Ley No. 989 del 5 de diciembre de 1961, que dispuso la nacionalización mediante confiscación —sin indemnización— de todos los bienes de quienes se ausentaran definitivamente de Cuba.
Decadas después, el problema acumulado es colosal. Existen al menos 5,913 reclamaciones certificadas por el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión de Reclamaciones Extranjeras, con un valor estimado superior a los 9,000 millones de dólares con intereses, más entre 200,000 y 300,000 reclamos adicionales de cubanoamericanos que eran nacionales cubanos cuando ocurrieron las expropiaciones.
La Ley Helms-Burton de 1996, cuyo Título III fue activado plenamente en 2019, permite demandar a empresas que operen con propiedades confiscadas en Cuba.
Expertos en recuperaciones patrimoniales han descartado, sin embargo, desalojos masivos en una eventual transición cubana, apuntando a compensaciones y soluciones negociadas como la vía más viable. Sin embargo, el caso de Baquero muestra que algunos reclamantes podrían estar actuando de forma unilateral y extrajudicial, al tomar posesión de viviendas ocupadas sin esperar ningún proceso legal.
González Rubines no eludió la gravedad del panorama: «Este es uno de los muchos asuntos que el régimen nos ha legado en forma de bomba de tiempo. Otra tarea más, complicada como las otras, para atender durante la transición».
Preguntas frecuentes sobre la expropiación forzosa en Cuba y su impacto en los derechos de propiedad
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió con el escritor cubano Joaquín Baquero?
El escritor cubano Joaquín Baquero fue víctima de una toma forzosa de su apartamento en La Habana, cuando un ciudadano que vive en Estados Unidos desde hace más de 20 años alegó tener derechos sobre la propiedad y cambió la cerradura de su vivienda.
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¿Cuál es el origen legal de las expropiaciones en Cuba?
El origen legal de las expropiaciones en Cuba se remonta a la Ley de Reforma Urbana de 1960 y la Ley No. 989 de 1961, que dispuso la nacionalización sin indemnización de bienes de personas que abandonaron definitivamente el país. Estas leyes permitieron la confiscación de propiedades sin compensación a sus dueños originales.
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¿Cómo afecta el régimen cubano a los derechos de propiedad y la libertad de expresión?
El régimen cubano ha implementado leyes que suprimen los derechos de propiedad y la libertad de expresión, como se evidencia en casos de expropiación forzosa y represión a periodistas y activistas. Estas acciones son parte de una política más amplia de control estatal y represión de voces críticas.
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¿Qué soluciones se proponen para abordar las reclamaciones de propiedades en Cuba?
Expertos en recuperaciones patrimoniales sugieren que compensaciones y soluciones negociadas son las vías más viables para resolver las reclamaciones de propiedades en Cuba, evitando desalojos masivos y considerando la situación actual de ocupantes que no son responsables de las expropiaciones originales.
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