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El régimen cubano publicó el 9 de julio en la Gaceta Oficial No. 57 Ordinaria de 2026 un paquete normativo que reorganiza y endurece los mecanismos de control sobre la inversión extranjera en la isla, con nuevas exigencias documentales y una comisión evaluadora renovada bajo la presidencia del ministro del Comercio Exterior.
El paquete comprende el Decreto 153/2026 del Consejo de Ministros, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 3 de junio, y dos resoluciones del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX): la Resolución 78/2026, que establece las bases metodológicas para la elaboración del Plan de Negocios, y la Resolución 79/2026, que aprueba el nuevo reglamento de la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera.
El Decreto 153/2026 modifica el Decreto 325 «Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera» de 2014 —ya retocado en 2018 y 2019— con el argumento declarado de «dinamizar los procesos de evaluación, aprobación y operación de las modalidades de inversión extranjera, animados en el respeto a la soberanía e independencia nacionales».
Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad de evaluar negocios que no aparezcan en la Cartera de Oportunidades oficial, siempre que se ajusten a las políticas sectoriales aprobadas por el Estado.
La Resolución 78/2026 sustituye el antiguo estudio de factibilidad técnico-económica por un Plan de Negocios definido como un «documento estratégico y sintético que presenta de forma estructurada los aspectos fundamentales de una propuesta de inversión extranjera para evaluar su correspondencia con la legislación y las políticas vigentes en el país, así como la viabilidad económica del proyecto y su contribución al desarrollo económico y social del país».
Ese documento, obligatorio para toda propuesta con capital extranjero, debe estructurarse en 12 secciones que abarcan desde el resumen ejecutivo y la descripción del negocio hasta el análisis financiero, el estudio de mercado, la fuerza de trabajo y los indicadores de beneficios directos al país.
La Resolución 79/2026 renueva el funcionamiento de la Comisión de Evaluación, presidida por el ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga y, en su ausencia, por el director general de Inversión Extranjera.
La norma fija sesiones ordinarias cada siete días hábiles y permite convocar sesiones extraordinarias con al menos 48 horas de antelación cuando la importancia o urgencia de los asuntos así lo exija.
Si la Comisión requiere adecuaciones a una propuesta, el solicitante dispone de siete días naturales para incorporarlas; de no hacerlo, el proceso de aprobación queda interrumpido.
A estas normas se suma la Resolución 146/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que amplía la vigencia del Certificado de Avalúo de uno a dos años, con efecto retroactivo a los certificados emitidos desde el 1 de diciembre de 2025.
El paquete normativo se enmarca en las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen en junio de 2026, entre ellas la apertura de la inversión extranjera directa a empresas privadas y cooperativas cubanas, la extensión de derechos de superficie hasta 99 años y la autorización de cuentas bancarias en el exterior sin permiso previo.
Sin embargo, a pesar de la retórica aperturista, el andamiaje institucional mantiene intacto el control estatal: toda inversión extranjera sigue sometida a una comisión evaluadora de composición gubernamental y requiere la aprobación de la autoridad estatal competente, según las características y el alcance de cada proyecto.
Este escenario se produce mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una contracción acumulada del PIB del 23 % desde 2019, según [fuente], y previsiones de una caída adicional del 6,5 % y del 7,2 % para 2026, de acuerdo con la CEPAL y la Economist Intelligence Unit, respectivamente.
Preguntas frecuentes sobre el control de la inversión extranjera en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce el Decreto 153/2026 en la inversión extranjera en Cuba?
El Decreto 153/2026 modifica el reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera de 2014, permitiendo la evaluación de negocios que no aparezcan en la Cartera de Oportunidades oficial, siempre que se ajusten a las políticas sectoriales aprobadas por el Estado. Además, introduce nuevas exigencias documentales y un sistema de evaluación bajo el control del gobierno.
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¿Cómo afecta la nueva normativa a los inversionistas extranjeros en Cuba?
La nueva normativa impone exigencias documentales adicionales y un control más estricto sobre las inversiones extranjeras. Todas las inversiones deben incluir un plan de negocios detallado y pasar por una comisión evaluadora controlada por el gobierno, manteniendo intacto el control estatal sobre las inversiones.
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¿Qué papel juega la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera?
La Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera es el órgano encargado de evaluar las propuestas de inversión, dictaminar modificaciones y formular recomendaciones. Está presidida por el ministro del Comercio Exterior y tiene una fuerte presencia del aparato estatal, asegurando que las inversiones cumplan con los intereses del gobierno.
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¿La nueva normativa representa una apertura real para las inversiones extranjeras en Cuba?
A pesar de algunas flexibilizaciones, la normativa mantiene el control estatal sobre las inversiones extranjeras. La apertura se presenta más como una flexibilización controlada que como una liberalización plena, con el objetivo de atraer capital sin perder el control político y económico.
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¿Cuál es el contexto económico actual en Cuba que motiva estas reformas?
Cuba enfrenta una de sus peores crisis económicas en décadas, con una caída acumulada del PIB del 23% desde 2019 y proyecciones de caída adicional para 2026. La crisis se caracteriza por la escasez de alimentos, apagones prolongados y un entorno empresarial opaco, lo que impulsa al régimen a buscar desesperadamente inversión extranjera para sostener su economía.
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