El Food Monitor Program (FMP), organización independiente dedicada a monitorear la (in)seguridad alimentaria en Cuba, publicó este jueves un análisis en el que sostiene que las 176 medidas económicas anunciadas por el régimen en junio no constituyen una reforma estructural, sino la formalización de una ruptura histórica: el Estado traslada a los ciudadanos la responsabilidad de sobrevivir, pero sin devolverles las libertades políticas que les ha restringido durante décadas.
El documento, titulado «Privatización de la supervivencia: de Estado de bienestar totalitario a Estado de gestión de la escasez», analiza la crisis alimentaria desde la perspectiva del llamado pacto social.
Según el FMP, desde 1959 el régimen asumió la provisión de bienes básicos a cambio de centralizar el poder político, limitar la autonomía ciudadana y controlar los medios de producción.
La legitimidad del sistema descansaba, por tanto, en su capacidad para garantizar condiciones mínimas de subsistencia. Sin embargo, la organización considera que ese acuerdo ya no existe.
Las nuevas medidas económicas, lejos de solucionar las causas de la crisis, transfieren el riesgo desde el Estado hacia el individuo, obligado a desenvolverse en un mercado fragmentado, inflacionario y sin garantías.
El análisis sostiene que no se trata de un pacto social simplemente debilitado, sino desintegrado desde el momento en que las autoridades dejaron de garantizar el acceso regular y suficiente a los nutrientes esenciales para la vida.
El FMP traza una genealogía de ese deterioro. Durante las décadas de 1970 y 1980, la aparente seguridad alimentaria cubana no descansaba en una producción interna eficiente, sino en las transferencias de recursos y los subsidios procedentes de la Unión Soviética y del Consejo de Ayuda Mutua Económica.
Ese respaldo permitía distribuir alimentos básicos a precios simbólicos y ocultaba la baja productividad agrícola del país.
Su desaparición durante el Período Especial de los años 90 marcó el primer gran quiebre visible en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
La escasez dejó entonces de ser una situación excepcional y pasó a convertirse en un componente estructural del sistema.
La posterior apertura al turismo y la creciente dependencia de las remesas profundizaron las desigualdades y dieron origen a una alimentación diferenciada.
Mientras una élite vinculada al Estado, el turismo o las divisas podía acceder a productos importados, gran parte de la población quedó limitada a una dieta basada principalmente en carbohidratos de baja densidad nutricional.
El acceso a proteínas y micronutrientes comenzó a depender del dinero enviado desde el extranjero y no de la condición de ciudadano.
El FMP también rechaza que la escasez pueda explicarse únicamente por el embargo estadounidense o por la crisis de los proveedores tradicionales.
A su juicio, el deterioro evidencia el fracaso gubernamental en la producción, distribución y gestión de los alimentos.
Aunque el discurso oficial insiste en presentar la soberanía alimentaria como una expresión de resistencia política, la agricultura cubana continúa dependiendo de la importación de combustibles, fertilizantes, maquinaria y otros insumos.
La centralización, la burocracia, la falta de incentivos para los productores y la incapacidad de responder a las necesidades del mercado han provocado una caída sostenida de la productividad.
Cuba proclama soberanía, pero depende de las importaciones y de la asistencia externa para evitar un deterioro nutricional todavía mayor.
El informe dedica especial atención a lo que denomina externalización del riesgo. Ante su incapacidad para mantener los subsidios y garantizar la distribución, el Estado fomenta que las mipymes, los negocios privados, las remesas y el esfuerzo individual cubran las necesidades que antes asumía oficialmente.
Cuando el sector privado no produce lo suficiente o vende a precios prohibitivos, el Gobierno deja de responder mediante la provisión de alimentos y presenta el problema como parte de una regularización del mercado.
La supervivencia deja así de ser una responsabilidad estatal y pasa a depender de la capacidad económica de cada familia.
Este proceso ha creado una economía de dos velocidades. Por un lado, permanece un sector estatal que paga salarios en pesos cubanos cada vez más devaluados; por otro, crece un mercado privado e informal cuyos precios están determinados directa o indirectamente por las divisas.
El resultado es que el valor del trabajo ya no depende de la preparación profesional, la productividad o las horas trabajadas, sino de la posibilidad de captar dólares u otras monedas extranjeras.
Esta distorsión perjudica especialmente a trabajadores estatales, jubilados y familias sin acceso a remesas.
El análisis también aborda el desmantelamiento de facto de la libreta de abastecimiento. Según el FMP, este proceso ocurre mediante la reducción de las cantidades y la frecuencia de los productos distribuidos, la degradación de su calidad y el desplazamiento obligatorio de los consumidores hacia mercados informales o mipymes con precios prohibitivos.
La inseguridad alimentaria deja entonces de ser solamente un problema de distribución y se convierte en uno de capacidad de pago.
Quienes no poseen divisas, ahorros o familiares en el extranjero quedan expuestos a la desnutrición y a un deterioro progresivo de su salud.
Como contexto de esta situación, la Encuesta de Inseguridad Alimentaria 2025 del propio FMP indicó que el 96,91% de las personas consultadas no tenía acceso adecuado a los alimentos.
El 33,9% de los hogares encuestados declaró que al menos uno de sus integrantes se había acostado con hambre durante los 30 días anteriores, frente al 24,6% registrado en 2024.
Además, el 79,4% de los participantes afirmó destinar el 80% o más de sus ingresos a la compra de comida. Otro informe de la organización identificó niveles críticos de inseguridad alimentaria en La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.
El FMP advierte igualmente que la escasez puede funcionar como un mecanismo de control social y político.
Cuando el Estado conserva la capacidad de decidir quién recibe determinados productos, en qué momento y a qué precio, el acceso a los alimentos se convierte en una forma de dependencia institucionalizada.
La búsqueda diaria de comida también consume el tiempo, la energía y la capacidad mental de la población.
Una persona concentrada en resolver su supervivencia inmediata dispone de menos recursos para organizarse, cuestionar al poder o participar en protestas.
En el plano económico, el informe describe la inflación como un impuesto regresivo que afecta con mayor severidad a quienes no poseen activos en moneda extranjera.
El salario estatal pierde continuamente poder adquisitivo, mientras alimentos básicos como las proteínas, las grasas y los carbohidratos complejos se comportan como bienes de lujo.
El ciudadano queda obligado a escoger entre alimentarse, comprar medicamentos, pagar los servicios básicos o atender otras necesidades de la vivienda. La subsistencia ya no puede alcanzarse mediante el salario estatal, lo que rompe el antiguo principio de trabajar a cambio de una seguridad mínima.
El FMP considera que las 176 medidas son respuestas reactivas destinadas a administrar la escasez, pero no solucionan la baja productividad, la dependencia de las importaciones, el déficit fiscal ni la pérdida de valor del peso cubano.
La organización plantea tres posibles escenarios: una profundización de la crisis si continúa la planificación centralizada; una transición hacia una economía mixta con mayor autonomía para los productores; o una transformación radical impulsada por la presión de una sociedad incapaz de continuar soportando el costo humano del sistema.
El documento concluye que el pacto social no podrá restablecerse únicamente mediante ajustes fiscales, controles monetarios o recortes de subsidios. Será necesario priorizar la producción, la autonomía económica y los derechos ciudadanos por encima de la ideología y el control centralizado.
La paradoja final, según el FMP, es la de «un sistema que busca el control total sobre la vida de sus ciudadanos, pero que ha perdido el control sobre la capacidad de mantenerlos con vida».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Alimentaria y Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se considera que el Estado cubano ha dejado de garantizar la supervivencia de sus ciudadanos?
El Estado cubano ha dejado de garantizar la supervivencia de sus ciudadanos al trasladar la responsabilidad de la seguridad alimentaria y económica a los individuos sin devolverles libertades políticas. Las 176 medidas aprobadas por el régimen en junio formalizan esta ruptura, según el análisis del Food Monitor Program (FMP).
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¿Cuáles son las consecuencias del desmantelamiento de la libreta de abastecimiento en Cuba?
El desmantelamiento de la libreta de abastecimiento ha resultado en una menor dotación calórica, la degradación de la calidad de los productos estatales y un desplazamiento hacia el mercado informal con precios prohibitivos. Esto ha llevado a que el 96,91% de la población carezca de acceso adecuado a alimentos.
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¿Cuál es el papel de GAESA en la crisis alimentaria de Cuba?
GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ha sido acusado de agravar la crisis alimentaria mediante el monopolio sobre divisas, importaciones y distribución de alimentos. Esto ha convertido el acceso a los alimentos en un mecanismo de extracción de divisas, afectando la capacidad de adquisición de alimentos de la población.
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¿Cómo afecta la crisis energética actual la seguridad alimentaria en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha impactado gravemente en la seguridad alimentaria al causar apagones prolongados que impiden la refrigeración y conservación de alimentos. La falta de combustible afecta la agricultura y la distribución, aumentando la inseguridad alimentaria y obligando a la población a recurrir a soluciones de supervivencia como las comidas comunitarias.
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¿Qué rol juega la inflación en la crisis alimentaria de Cuba?
La inflación en Cuba actúa como un "impuesto regresivo" que afecta más a quienes no poseen activos en moneda extranjera. La inflación oficial cerró en 14,73% en abril de 2026, lo que exacerba la dificultad para acceder a alimentos, ya que el salario medio no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, forzando a muchos a destinar el 80% o más de sus ingresos a la compra de comida.
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