El restaurante de comida rápida La Masía 24H, ubicado en Pinar del Río, se sumó este domingo a las celebraciones del Día de la Rebeldía Nacional con una publicación en su cuenta de Instagram en la que exhibió la bandera cubana y la bandera del Movimiento 26 de Julio en la fachada de su local, declarando estar «orgulloso de su equipo y de su tierra».
«Junto a la bandera cubana y la bandera del 26 de Julio, reafirmamos nuestro respeto por nuestra historia y nuestro deseo de seguir brindando el mejor servicio a cada cliente que nos visita», escribió el negocio en su mensaje, que acumuló 91 reacciones.
El gesto de La Masía 24H —un local con servicio las 24 horas que ofrece hamburguesas y pizza— se inscribe en un patrón cada vez más visible: el de negocios privados cubanos que exhiben adhesión pública al régimen en fechas políticamente sensibles.
Este domingo se conmemoró el aniversario 73 del asalto al cuartel Moncada, el hecho que el régimen presenta como el inicio de la llamada "revolución cubana" y que celebra anualmente con actos políticos, ferias y movilizaciones en todo el país.
En ese marco, operadores privados en Cienfuegos reabrieron espacios gastronómicos emblemáticos como Covadonga, Coppelia y El Cairo antes de la fecha, mientras que en La Habana se organizaron ferias agropecuarias y comerciales con participación de mipymes y cooperativas. En Granma, una feria agrocomercial ofreció precios alineados al salario en el marco del 26 de julio.
El régimen ha sabido capitalizar estas iniciativas para proyectar una imagen de unidad entre el sector privado y el proyecto político oficial.
El antecedente más claro de esta instrumentalización data de 2023, cuando la mipyme Cubamodela pagó el primer publirreportaje comercial en Cubadebate, inaugurando la publicidad privada en la prensa oficialista.
Entre septiembre y octubre de ese año, el grupo Ideas Multimedio ingresó más de 712,000 pesos en concepto de publicidad pagada por mipymes.
Sin embargo, la relación entre el sector privado y el régimen dista de ser idílica.
El gobierno aprobó la Resolución 225/2024, que fijó precios máximos a productos básicos vendidos por mipymes, y comenzó a multar a quienes los incumplían, llegando a cerrar 12 negocios en Las Tunas por violación de los topes.
El propio régimen reconoció después que esa política había provocado desabastecimiento de pollo en las mipymes.
En junio de 2026, el régimen aprobó 176 medidas económicas que incluyen la obligación de actores privados de sostener elementos de la asistencia social estatal, como pensiones y servicios funerarios.
Semanas después, el primer ministro Manuel Marrero Cruz pidió públicamente a «empresarios audaces» que se sumaran al proyecto económico del régimen.
Analistas describen la adhesión pública de negocios privados al discurso oficial como una lógica de supervivencia en un entorno donde el Estado controla licencias, suministros y regulaciones, más que como respaldo ideológico genuino. Otros los vinculan a prácticas corruptas y proliferación de testaferros de figuras públicas del régimen.
Aun así, la exhibición de símbolos revolucionarios por parte de mipymes tiene un efecto propagandístico real que el régimen aprovecha para proyectar una imagen de respaldo popular a su proyecto político.
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