Un grupo bipartidista de siete senadores estadounidenses presentó este miércoles una resolución que exige una transición democrática pacífica en Venezuela mediante elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, y llama a la liberación inmediata de todos los presos políticos del país.
La iniciativa fue encabezada por Ted Cruz (republicano por Texas) y Jeanne Shaheen (demócrata por New Hampshire), con el respaldo de los senadores Tim Kaine, Rick Scott, Dick Durbin, Adam Schiff y Jacky Rosen, y fue remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El texto señala que Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 durante la Operación Absolute Resolve, «no tiene mandato electoral del pueblo venezolano, no ha tomado pasos significativos hacia la convocatoria de elecciones libres y justas, y se considera ampliamente incapaz de ganar cualquier elección de ese tipo».
La resolución advierte además que cualquier detención arbitraria, desaparición forzada, muerte u otro daño grave sufrido por candidatos o actores políticos —mencionando explícitamente a María Corina Machado— sería presumido como cometido con el conocimiento o aprobación de funcionarios superiores del gobierno venezolano, y obligaría a Washington a tomar medidas para responsabilizar a los culpables.
El documento también recuerda que «las estructuras que han sostenido la persecución en Venezuela durante años no han sido desmanteladas», y reafirma la política de EE.UU. de respaldar una transición democrática pacífica.
La resolución llega en un momento de tensión entre el Congreso y la Casa Blanca sobre el ritmo y las condiciones de esa transición.
En fechas recientes, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que el proceso debería tomar «meses, no años», y en enero había testificado ante el Senado que el objetivo de la administración Trump es una Venezuela «amiga, estable, próspera y democrática» con «todos los elementos de la sociedad representados en elecciones libres y justas».
Sin embargo, el 24 de julio el propio Donald Trump generó controversia al afirmar que Venezuela «todavía no está preparada» para celebrar elecciones, aunque elogió a Rodríguez asegurando que estaba haciendo «un trabajo fantástico».
En paralelo, el 1 de agosto arrancaron negociaciones formales entre representantes del chavismo, encabezados por Jorge Rodríguez, y una delegación opositora liderada por Dinorah Figuera, con el objetivo declarado de avanzar hacia una transición electoral. EE.UU. expresó satisfacción con esas negociaciones el martes.
Machado y el candidato opositor Edmundo González Urrutia condicionaron su respaldo al proceso a resultados concretos y verificables: liberación de presos políticos, restitución de instituciones democráticas, garantías para todos los actores y un cronograma electoral presidencial claro.
El antecedente inmediato de toda esta presión es la elección presidencial venezolana del 28 de julio de 2024, en la que el Departamento de Estado concluyó que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos y que Maduro no ganó los comicios.
La resolución del Senado recuerda también que Machado ganó las primarias opositoras el 22 de octubre de 2023 con más del 90% de los votos, pero fue inhabilitada por 15 años por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
Rubio había anunciado en julio el inicio formal del proceso de transición y describió un plan de tres fases —estabilización, recuperación económica y transición hacia elecciones democráticas— que el Congreso busca ahora blindar con esta resolución bipartidista para que la administración no ceda en las exigencias democráticas ante el gobierno venezolano.
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