Una investigación de CiberCuba | Tercera de cuatro entregas
Las dos primeras entregas de esta investigación han mostrado dos cosas. La sociedad civil independiente cubana lleva décadas pensando cómo podría producirse una transición y qué habría que hacer para gobernarla y reconstruir el país.
Existen propuestas sobre plebiscitos, negociación, ruptura, gobiernos provisionales, Constitución, justicia transicional, economía, infraestructura, salud, educación, seguridad y participación de la diáspora.
Pero ese corpus, por amplio que sea, no constituye todavía un Gobierno.
La pregunta que surge ahora es más incómoda: ¿qué falta para convertir ese conocimiento disperso en una alternativa política reconocible, legitimada y capaz de ejercer el poder si Cuba entra en una crisis de gobernabilidad o en un proceso de transición?
Y hay una segunda pregunta que hasta ahora ha quedado en otro plano del debate. Si empresarios cubanoamericanos han hablado públicamente de decenas de miles de millones de dólares dispuestos para una Cuba en transición, ¿podría una parte de esos recursos —junto con financiación filantrópica, académica e internacional— contribuir a construir las capacidades políticas, técnicas y administrativas que todavía faltan?
No se trata de financiar un partido ni de designar desde Miami un Gobierno para Cuba. La cuestión es si existe un espacio intermedio entre tener cientos de documentos y tener una verdadera infraestructura de transición.
La última milla
El problema que aparece al ordenar el corpus es bastante concreto.
Hay abogados que han trabajado leyes transitorias. Hay economistas que han diseñado mecanismos de estabilización. Hay expertos en energía, agua, infraestructura, agricultura, salud y educación. Hay propuestas de justicia transicional y modelos constitucionales. Hay organizaciones que han estudiado distintos caminos de cambio.
Lo que no existe, al menos de forma visible y consolidada, es una estructura que reúna personas, programa, autoridad, procedimientos y capacidad ejecutiva.
La diferencia puede parecer semántica, pero no lo es.
Un documento puede establecer cómo debería funcionar un Gobierno provisional. Eso no significa que exista un equipo listo para asumir cada una de sus funciones.
Una hoja de ruta puede identificar las prioridades de la reconstrucción eléctrica. Eso no significa que haya una estructura encargada de contratar, financiar, supervisar y ejecutar esas obras.
Un proyecto de Constitución puede prever una futura separación de poderes. Eso no resuelve quién mantiene funcionando los hospitales, las aduanas, los puertos o las redes eléctricas durante los primeros meses.
La última milla de una transición es el paso entre saber qué habría que hacer y estar en condiciones de hacerlo.
El problema del liderazgo
La fragmentación de la oposición cubana suele presentarse como si fuera fundamentalmente un problema de desacuerdos ideológicos.
Nuestro recorrido muestra algo más complejo.
Existen diferencias reales sobre negociación o ruptura, plebiscito o constituyente, ritmo de las reformas, alcance de la justicia transicional, modelo económico y papel de Estados Unidos.
Pero también hay un volumen importante de coincidencias sobre democracia pluralista, libertades políticas, Estado de derecho, elecciones competitivas, independencia judicial y apertura económica.
El problema es que esas coincidencias no se han traducido en una autoridad política común.
El Acuerdo de Liberación es probablemente el mayor esfuerzo reciente de concertación, al reunir a más de 50 organizaciones en torno a una secuencia de liberación, estabilización y democratización. El CTDC, Cuba Próxima, Pasos de Cambio y otras plataformas han desarrollado distintos mecanismos de coordinación.
Pero ninguna de ellas puede presentarse hoy, sin más, como la representación política de todos los cubanos partidarios del cambio.
La pregunta de fondo no es solo quién tiene razón sobre el modelo de transición. Es quién tendría autoridad para decidir cuando las diferentes corrientes discrepen durante la transición.
Gobierno provisional: el agujero entre el papel y la realidad
Este es quizás el ejemplo más claro.
La Cuban American Bar Association (CABA) ha trabajado un proyecto de Ley Fundamental de Transición; el Acuerdo de Liberación plantea un Gobierno provisional; Cuba Próxima diseña estructuras jurídicas transitorias; el CTDC propone una agenda mínima y mecanismos de legitimación.
Pero queda una diferencia esencial entre el diseño institucional y la capacidad política.
¿Quién nombra a ese Gobierno? ¿Quién determina sus competencias? ¿Quién puede reconocerlo? ¿Quién resuelve las disputas internas? ¿De cuánto tiempo dispone? ¿Quién controla sus decisiones? ¿Quién puede destituir a quienes incumplan el mandato provisional?
Son preguntas que no se resuelven acumulando más documentos. Requieren legitimidad política, mecanismos de selección y una estructura capaz de imponer reglas aceptadas por los participantes.
La cuestión de las fuerzas de seguridad
La misma brecha aparece, de manera todavía más sensible, en el ámbito de la seguridad.
Varias propuestas establecen la subordinación de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad a autoridades civiles, y el Acuerdo de Liberación incorpora una comisión específica sobre seguridad, defensa y orden público.
Pero la pregunta operativa es mucho más difícil.
En una transición real, alguien tendrá que controlar temporalmente:
- las fuerzas armadas;
- la policía;
- las fronteras;
- los centros penitenciarios;
- las infraestructuras estratégicas;
- los servicios de inteligencia;
- y los depósitos de armas.
No basta con declarar su subordinación al poder civil. Hay que saber quién ejerce ese poder civil y con qué autoridad.
En este punto, el corpus de propuestas es menos desarrollado que en materia constitucional o económica. Y es una de las áreas donde un cambio rápido podría generar los mayores riesgos.
Propiedad: el otro gran problema político
Algo parecido ocurre con la propiedad.
Las principales propuestas defienden derechos de propiedad y economía privada. Pero en Cuba la transición tendría que resolver una situación patrimonial excepcionalmente compleja: activos estatales, empresas de GAESA, propiedades confiscadas, reclamaciones de antiguos propietarios y nuevos negocios creados bajo el marco actual.
La hoja de ruta de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) intenta fomentar una economía de propietarios cubanos y proteger a los accionistas. Cuba Próxima plantea normas sobre empresa y comercio. CEC y otros centros han trabajado durante años sobre propiedad, expropiaciones y reconstrucción económica.
Pero no existe todavía un consenso político sobre cómo convertir esos principios en un mecanismo general de restitución, compensación, reconocimiento o resolución de conflictos patrimoniales.
El asunto puede afectar directamente a la legitimidad del proceso.
El dinero existe como expectativa. ¿Y la arquitectura para utilizarlo?
Aquí entra una de las cuestiones que han aparecido con fuerza en 2026.
Jorge Mas Santos ha hablado de entre 35.000 y 45.000 millones de dólares que podrían entrar en forma de capital durante los primeros años de una transformación. En mayo, al referirse al coste de la reconstrucción, elevó el rango a 40.000 - 80.000 millones y afirmó que el acceso a esas cantidades no sería el principal obstáculo si existieran las condiciones jurídicas adecuadas.
A finales de mayo, Roberto Fernández-Rizo dijo a CiberCuba que empresarios del exilio habían comprometido 35.000 millones de dólares para invertir en el primer año posterior a una transición democrática y que esa disposición estaría condicionada a seguridad jurídica, democracia y elecciones.
Son cifras relacionadas, pero no equivalentes. Una cosa es una estimación sobre capital potencial, otra una previsión sobre necesidades de reconstrucción y otra un supuesto compromiso de inversión atribuido a empresarios. No existe, al menos públicamente, evidencia suficiente para tratarlas como dinero ya depositado y disponible.
La cuestión más interesante es otra.
Incluso si el capital está disponible, necesita una arquitectura capaz de absorberlo.
¿Quién administra los fondos de una transición?
Imaginemos por un momento que Cuba entra en una fase de estabilización y que llegan miles de millones de dólares para electricidad, alimentos, medicinas, agua, viviendas y transporte.
¿Quién recibe esos fondos? ¿Quién establece las prioridades? ¿Quién firma los contratos? ¿Quién audita las compras? ¿Quién decide qué proyectos son urgentes? ¿Quién responde ante los donantes, los inversores y los ciudadanos? ¿Quién combate la corrupción?
La reconstrucción de un país no depende únicamente de disponer de capital. Requiere también capacidad estatal: instituciones, profesionales y mecanismos de gestión capaces de convertir esos recursos en electricidad, agua, alimentos, hospitales, viviendas e infraestructura, con controles que reduzcan la corrupción y hagan responsables a quienes toman las decisiones.
Por eso, la preparación para la transición puede requerir algo que hasta ahora ha recibido mucha menos atención que las grandes cifras de inversión: preparar de antemano a las personas y estructuras que administrarían esos recursos.
El capital como posible motor de una arquitectura de transición
Aquí aparece una hipótesis que surge de forma natural del corpus analizado.
Si empresarios cubanoamericanos están planteando movilizar grandes cantidades de capital para una Cuba futura, ¿tendría sentido que una parte de ese esfuerzo se dirigiera antes a construir capacidad de transición?
No necesariamente financiando organizaciones políticas concretas.
Podría tratarse de financiar:
- equipos jurídicos y constitucionales;
- grupos de política económica;
- formación de administradores públicos;
- expertos sectoriales;
- mecanismos de coordinación entre organizaciones;
- preparación de planes para los primeros 100 o 180 días;
- sistemas de auditoría y transparencia;
- bases de datos de profesionales cubanos dentro y fuera de la isla;
- formación de equipos de energía, agua, salud, educación y agricultura;
- preparación de negociadores para tratar con gobiernos y organismos multilaterales.
La idea sería convertir el conocimiento acumulado en capacidad institucional. En otras palabras, crear una especie de infraestructura de transición antes de que exista la transición.
¿Un «Gobierno en la sombra» cubano?
La expresión puede resultar problemática en el caso cubano si se interpreta como un Gobierno autoproclamado desde el exterior.
Pero existe una alternativa más plausible: una plataforma nacional de transición, plural y transparente, que no pretenda sustituir la legitimidad de unas futuras elecciones, pero sí sea capaz de presentar un programa, identificar equipos y preparar decisiones.
Podría reunir a organizaciones opositoras, sociedad civil, juristas, economistas, empresarios, académicos y representantes de la diáspora.
Su función no tendría que ser gobernar de antemano, sino estar preparada para gobernar si una autoridad provisional llegara a ser necesaria.
El modelo podría parecerse más a un «gabinete de preparación» que a un Gobierno paralelo. La diferencia es importante: una estructura así no tendría que adjudicarse la soberanía. Tendría que prepararse para recibir legitimidad cuando llegara el momento adecuado.
La legitimidad es el problema central
Aquí aparece el principal riesgo de cualquier proyecto de esta naturaleza.
Si la plataforma fuera creada, financiada o dirigida principalmente por empresarios del exilio, podría ser percibida dentro de Cuba como una élite económica externa decidiendo por los ciudadanos.
Si fuera controlada exclusivamente por las organizaciones opositoras existentes, podría reproducir la fragmentación que pretende superar. Si dependiera demasiado de Estados Unidos, podría ser cuestionada por razones de soberanía nacional. Si no tuviera recursos, podría quedarse en otro archivo de documentos.
Por eso cualquier arquitectura de transición tendría que resolver simultáneamente representatividad, transparencia, autonomía y capacidad técnica.
No existe una fórmula evidente para hacerlo. Pero tampoco parece razonable suponer que el problema se resolverá espontáneamente cuando llegue la crisis.
Una pregunta que empieza a emerger
Las dos primeras entregas de esta investigación muestran que existe un corpus amplio sobre los escenarios del cambio y sobre la administración de una transición.
Esta tercera permite formular una conclusión distinta.
Cuba no parece necesitar otra gran colección de documentos para demostrar que existen ideas. Necesita mecanismos para convertir esas ideas en una capacidad política y administrativa reconocible.
Eso implica personas, organización, recursos, coordinación y legitimidad.
Y el capital es una de esas variables.
No sabemos si las cifras mencionadas por Jorge Mas y otros representantes del empresariado cubanoamericano terminarán convirtiéndose en compromisos formales, ni mucho menos si serían suficientes para financiar una transformación de la escala que enfrenta Cuba.
Pero sí existe una pregunta legítima que hasta ahora ha recibido mucha menos atención:
Si existe un sector empresarial dispuesto a poner grandes cantidades de dinero en la Cuba del futuro, ¿por qué no pensar también en invertir una parte de esos recursos en preparar la capacidad política, administrativa y técnica que tendría que gobernar esa futura Cuba?
La respuesta no puede ser simplemente crear otro grupo opositor.
Tendría que ser algo más ambicioso: convertir el corpus de propuestas acumulado durante décadas en una plataforma plural, con rostros, responsabilidades, equipos y un programa mínimo de transición que los cubanos puedan reconocer como una alternativa posible de gobierno.
El capital por sí solo no puede otorgarle legitimidad. Pero sin recursos, la legitimidad tampoco basta para construir capacidad de gobierno.
La cuarta y última entrega examinará la otra pieza del problema: qué papel ya desempeñan Estados, organismos internacionales, universidades, fundaciones y organizaciones de derechos humanos en esta preparación, qué experiencias extranjeras pueden ser útiles y qué tipo de apoyo externo necesitaría una transición cubana sin sustituir la agencia política de los propios cubanos.
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