El Consejo de Estado de Cuba aprobó el miércoles tres nuevos decretos-leyes en sesión extraordinaria presidida por Esteban Lazo Hernández: «Del Fortalecimiento del Trabajo Social», «De la Contratación de Trabajadores para Realizar Labores Administrativas, Técnicas o de Servicios a Representaciones Extranjeras» y «De Petróleo y Gas», según informó el medio estatal Cubadebate.
Las tres normativas forman parte del desarrollo legislativo derivado de las 176 transformaciones económicas y sociales ratificadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular los días 18 y 19 de junio de 2026, el mayor paquete de reformas estructurales del modelo económico cubano en décadas, agrupado en 23 ejes temáticos.
Implementar ese paquete exige una reforma normativa de gran escala: el régimen reconoció que deben modificarse o derogarse más de 148 disposiciones jurídicas y aprobarse 32 nuevas normas superiores, entre ellas 10 leyes, 14 decretos-leyes y ocho decretos.
Los tres decretos-leyes aprobados el miércoles no son los primeros de este proceso. El 16 de julio, el Consejo de Estado ya había aprobado dos normas de este tipo —sobre el Sistema Empresarial Estatal y sobre Cooperativas Agropecuarias— y, a finales de julio, la Asamblea Nacional sancionó cinco leyes estructurales, entre ellas el nuevo Código del Trabajo, publicado como Ley 189 el 14 de agosto, que reemplaza a la Ley 116 de 2013.
Nuevo marco legal para el trabajo social
El decreto-ley sobre trabajo social, presentado por el ministro Jesús Otamendiz Campos, busca dotar a esa profesión de un marco legal propio que hasta ahora no existía: su regulación descansaba en disposiciones administrativas y programas políticos, sin una norma de alcance general.
La nueva disposición establece principios, estructuras organizativas, funciones y procedimientos para jerarquizar la labor de los trabajadores sociales y su incidencia en el diseño y la evaluación de políticas públicas, con énfasis en el municipio, el consejo popular y la circunscripción.
Contratación directa para representaciones extranjeras
En cuanto a la contratación de trabajadores cubanos para representaciones extranjeras, uno de los cambios más significativos anunciados es la posibilidad de prescindir de la intermediación obligatoria de una entidad empleadora estatal.
El Decreto-Ley n.º 384, que regula actualmente esta materia, establece que los trabajadores cubanos deben ser contratados para prestar servicios en representaciones extranjeras mediante entidades empleadoras autorizadas por el Estado.
Según la información divulgada sobre la nueva normativa, el decreto-ley aprobado abre la posibilidad de contratación directa, aunque mantiene también la opción de recurrir a entidades intermediarias.
El cambio da respaldo normativo a una apertura que el régimen había anunciado desde finales de 2025, pero que entonces carecía de un instrumento jurídico que permitiera llevarla a la práctica.
En diciembre de ese año, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, aseguró que los inversionistas extranjeros podrían elegir entre contratar directamente a trabajadores cubanos o recurrir a una entidad empleadora estatal.
CiberCuba señaló entonces que el anuncio no estaba acompañado de ningún decreto, resolución ni mecanismo operativo que permitiera aplicar esa contratación directa, mientras continuaban vigentes las normas que imponían la intermediación estatal.
La aprobación del nuevo decreto-ley supone, por tanto, un paso del anuncio político hacia su formalización jurídica. No obstante, el alcance exacto del cambio, sus condiciones y el momento en que podrá aplicarse dependerán del texto que sea publicado en la Gaceta Oficial y de su entrada en vigor.
Nuevas reglas para el petróleo y el gas
El tercer decreto-ley, «De Petróleo y Gas», establece un régimen jurídico integral para todo el ciclo de las actividades del sector —exploración, explotación, refinación, transportación, almacenamiento y comercialización— tanto en el territorio nacional como en la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva.
Este marco actualiza una legislación que se apoyaba en la Ley de Minas de 1995 y complementa el Decreto 160/2026, aprobado en julio, que ya había abierto la extracción de crudo y gas natural a actores privados y extranjeros bajo un régimen de concesión.
El régimen también informó durante la sesión sobre la marcha general del proceso legislativo vinculado a las 176 medidas, que incluye además la derogación del Decreto-Ley 155 sobre decomiso, aprobada a finales de agosto.
Las tres normativas aprobadas serán publicadas en la Gaceta Oficial de la República, paso necesario para conocer su contenido íntegro, su alcance y las fechas establecidas para su entrada en vigor.
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