Una bodeguera de La Habana con diez años despachando en el mismo establecimiento resumió en pocas palabras el colapso del abastecimiento estatal cubano: en agosto solo llegaron cigarros, en septiembre frijoles de donación, y en las primeras jornadas de octubre no había llegado absolutamente nada.
«En el mes de agosto lo que llegó fueron los cigarros. Y en el mes de septiembre lo que llegó fue frijol de donación. En este mes de octubre, que bueno acaba de empezar, hasta ahora no hemos tenido ninguna mercancía que haya llegado», declaró Ángela de la Caridad en un reportaje del Canal Caribe difundido por el Noticiero de la Televisión Cubana.
El testimonio, recogido por la periodista Talía González, ilustra el estado terminal de la libreta de abastecimiento, un sistema que el régimen recortó formalmente en julio de 2026 tras décadas de deterioro progresivo.
El reportaje presenta los llamados «mercados de barrio» como la respuesta oficial al desabastecimiento.
El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) anunció la apertura de 24 de estos establecimientos en todo el país, con precios entre 10% y 15% por debajo de otros puntos de venta, e incentivos fiscales para los gestores no estatales —mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia— que los administren mediante licitación.
Pero los propios ciudadanos entrevistados en el reportaje oficial rechazan que la medida resuelva algo. «Es una alternativa, solución no es, porque los precios todavía están altos», dijo una vecina consultada frente a uno de esos mercados en Plaza de la Revolución. Otro habanero fue más directo al preguntarle si podría ser una solución: «No para los jubilados ni trabajadores».
Las cifras explican el escepticismo. El salario mínimo en Cuba equivale a menos de cinco dólares al cambio informal —el peso cotizaba a 700 por dólar en septiembre de 2026—, frente a una canasta básica familiar estimada en unos 96,000 pesos.
En uno de los nuevos mercados, un kilo de azúcar importada cuesta 1,330 pesos, y un ciudadano entrevistado pagó 4,390 pesos solo por huevos, admitiendo que los precios estaban «igual» que en otros establecimientos.
«No es justo que una persona que hoy el salario de Cuba es 5,000, 6,000 pesos y hasta mucho menos, los productos alcancen casi el 50% del salario», señaló otro entrevistado, quien también cuestionó la opacidad de los márgenes de los importadores.
La crisis alimentaria tiene raíces estructurales que ningún mercado de barrio puede corregir.
Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume, la producción agropecuaria ha caído a mínimos históricos y la falta de divisas limita las importaciones.
Una encuesta divulgada en mayo de 2026 reveló que 1 de cada 3 familias pasó hambre en Cuba, que el 33,9% de los cubanos se acostó sin cenar en 2025 y que el 94,9% perdió algún grado de acceso a la compra de alimentos. El Food Monitor Program situó en 96,91% la proporción de cubanos sin acceso adecuado a alimentos en 2026.
Mientras tanto, la dolarización creciente profundiza la desigualdad entre quienes reciben remesas y quienes dependen de salarios en pesos. El propio Miguel Díaz-Canel reconoció en julio de 2025 que ese proceso ha provocado un «ensanchamiento» de las brechas sociales, aunque el discurso oficial sigue prometiendo que no se dejará a nadie atrás y que las reformas apuntan a «avanzar en la construcción del socialismo».
La propia periodista del canal estatal que firmó el reportaje admitió lo que el discurso oficial evita: «Más allá de incentivos fiscales para quienes administran estos establecimientos, urge una producción nacional que pueda mantenerlos abastecidos o una importación de mercancías donde no medien tantos revendedores».
Y añadió que «no todos los territorios están en condiciones de abrir este tipo de mercados» y que la oferta fuera de Plaza de la Revolución es «mucho menor».
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