El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó este sábado el Informe sobre Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado estadounidense, calificándolo de «unilateral y mendaz» y acusando a Washington de usarlo para «justificar la política agresiva» contra Cuba y ejercer «persecución enfermiza» a la cooperación médica cubana.
El informe, publicado el jueves por el Departamento de Estado, mantuvo a Cuba en el Nivel 3 —la categoría más severa— por séptimo año consecutivo desde 2019, concluyendo que el régimen aplica una «política o patrón gubernamental» de trabajo forzoso en su programa de exportación laboral.
Rodríguez Parrilla calificó de «cínico» que el informe reconozca abiertamente las presiones que EE.UU. ejerce sobre los gobiernos que reciben cooperación cubana: «Resulta cínico el reconocimiento explícito a las duras presiones y el chantaje que ejercen contra los gobiernos que reciben cooperación de nuestro país, sin importar las consecuencias en las poblaciones que han sido beneficiadas por la presencia médica cubana».
El canciller cerró su mensaje con una acusación directa: «Nuevamente el gobierno estadounidense insiste en la mentira para intentar manipular la opinión pública internacional».
Lo que el régimen cubano llama cooperación, el informe del Departamento de Estado lo describe como un esquema en el que el Estado retiene entre el 50% y el 95% de los salarios que los países receptores pagan por esos servicios, mientras somete a los trabajadores a vigilancia, toques de queda y restricciones de movimiento, y amenaza a sus familias en Cuba para impedir que abandonen las misiones.
A comienzos de 2026, unos 18.000 trabajadores cubanos permanecían desplegados en 52 países, frente a los 24.000 registrados a inicios de 2025. La reducción se atribuye a la presión diplomática de Washington y al retiro de cuatro países de sus acuerdos bilaterales con Cuba durante el año anterior. Los profesionales de la salud representan el 75% del personal civil exportado.
El informe también incluye, por segunda vez consecutiva, el reclutamiento de cubanos como mercenarios para combatir en Ucrania al servicio de Rusia, calificándolo como una modalidad de trata de personas.
Según el documento, ciudadanos cubanos fueron captados mediante ofertas falsas de empleo en construcción u otros oficios en Rusia y, al llegar a Moscú, fueron coaccionados para servir en el frente ucraniano. La organización Ciudadanía y Libertad cifró en hasta 25.000 los cubanos reclutados para el ejército ruso, según datos de la inteligencia ucraniana.
En septiembre de 2026, Amnistía Internacional documentó ese reclutamiento mediante engaños y pidió a Ucrania evaluar si algunos prisioneros de guerra cubanos son víctimas de trata, no combatientes voluntarios. El MINREX cubano había negado toda responsabilidad estatal ante la primera mención del asunto en el informe de 2025, sosteniendo que los cubanos que participaron en el conflicto lo hicieron «por su cuenta».
La presión internacional sobre las misiones médicas se intensificó notablemente este año. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe de 199 páginas basado en 71 testimonios que concluye que existen indicios graves de trabajo forzoso, trata de personas y «formas contemporáneas de esclavitud» en las misiones cubanas, y recomendó a los países americanos retirarse del programa.
En México, por ejemplo, el gobierno pagaba cerca de 3,750 dólares mensuales por médico, mientras el profesional recibía apenas unos 200 dólares.
En julio, EE.UU. sancionó a las entidades gestoras del programa —la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y la Unidad Central de Cooperación Médica— así como al ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, y a la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón.
El Departamento de Estado estima que el conglomerado militar GAESA, que controla aproximadamente el 40% de la economía cubana, podría manejar hasta 20,000 millones de dólares en activos, parte de los cuales provendrían de la exportación laboral.
Cuba figura entre los 12 países del mundo con una «política o patrón» documentada de trata de personas patrocinada por el Estado, junto a Corea del Norte, Rusia, China e Irán, entre otros.
Las restricciones de asistencia asociadas al Nivel 3 entraron en vigor el 1 de octubre, al inicio del año fiscal estadounidense.
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