El gobierno cubano avanza en la transformación de las bodegas y la eliminación progresiva de la libreta de abastecimiento, dos elementos que durante décadas fueron símbolos del modelo económico socialista.
Detrás de las medidas anunciadas en 2026 se esconde una estrategia que ha tardado años y comenzó a formularse públicamente durante el mandato de Raúl Castro.
La estrategia consiste en sustituir los subsidios universales por ayudas a determinados grupos vulnerables y transformar la red estatal de distribución en establecimientos comerciales. El problema es que, mientras desmonta ese sistema, el régimen no consiguió que los cubanos puedan comprar los alimentos que necesitan con sus salarios y pensiones.
El decomiso de las bodegas y el surgimiento de la libreta en Cuba
Las bodegas no fueron creadas por el socialismo. Eran negocios privados, muchos de carácter familiar, que formaban parte de la vida económica y social de los barrios cubanos desde el siglo XIX.
Había una bodega en cada esquina en las ciudades más importantes del país. No destacaban por tener productos gourmet, ni refinados. Simplemente vendían a precios baratos los alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad. Los comerciantes mantenían relaciones de confianza con sus clientes, incluso mediante ventas a crédito o simplemente "fiados".
En la década de 1960 el gobierno transformó radicalmente ese modelo de intercambio económico. Los bodegueros perdieron sus negocios, desaparecieron numerosos productos y los locales quedaron sometidos a las decisiones de la administración estatal.
El 12 de julio de 1963, comenzaron a funcionar formalmente las Oficinas de Control y Distribución de Alimentos (OFICODA) y se creó el Registro del Consumidor. El Estado cubano impuso la libreta de abastecimiento, cuya creación había sido anunciada el 12 de marzo de 1962 mediante un decreto por el dictador Fidel Castro.
Las bodegas pasaron a distribuir cantidades determinadas de alimentos a precios fijados oficialmente. El cambio fue mucho más profundo que una sustitución de propietarios. El régimen convirtió una red de comercios en puntos de distribución de mercancías racionadas.
Durante décadas presentó ese sistema como una conquista social, mientras las bodegas perdían su función comercial original y terminaban convertidas, en muchos casos, en establecimientos deteriorados, con escasas mercancías y dependientes de entregas irregulares.
Ahora, más de 60 años después, el mismo Estado que eliminó aquel modelo comercial intenta recuperar parte de su funcionamiento mediante mercados de barrio gestionados por actores privados, a precios que el pueblo trabajador no puede pagar.
Raúl Castro anunció el fin de la libreta hace más de 15 años
La estrategia para eliminar la libreta de abastecimiento no comenzó en 2024 ni en 2026. En diciembre de 2010, las reformas económicas defendidas por Raúl Castro incluían sustituir los subsidios generalizados a los productos por ayudas dirigidas a quienes realmente las necesitaran.
El entonces gobernante cuestionó la permanencia de la libreta como mecanismo de distribución y defendió la necesidad de eliminar gradualmente los subsidios universales. Sin embargo, las propias autoridades reconocían un obstáculo fundamental: los ingresos de la población no permitían retirar inmediatamente ese mecanismo para la venta normada de alimentos.
En abril de 2011, el informe central al VI Congreso del Partido Comunista confirmó que la eliminación de la libreta figuraba entre los Lineamientos de la política económica. El asunto provocó un intenso debate, precisamente porque numerosos cubanos dependían de aquellos productos subsidiados para completar su alimentación.
Desde entonces, la orientación política quedó definida: el Estado pretendía dejar de subsidiar productos para concentrar sus recursos en determinadas personas. Lo que no quedó resuelto fue cómo garantizar que los ciudadanos excluidos de las ayudas pudieran comprar los alimentos a precios de mercado.
Díaz-Canel y Marrero Cruz continuaron la misma estrategia
El relevo de Raúl Castro no modificó esa orientación. En octubre de 2020, Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba eliminaría gradualmente la libreta de abastecimiento, vinculando esa decisión con la reforma salarial, las pensiones y los precios.
La llamada Tarea Ordenamiento debía contribuir a crear las condiciones para retirar los subsidios. Sin embargo, sus resultados negativos no permitieron que los salarios recuperaran suficiente poder adquisitivo. La inflación, la devaluación del peso y la escasez agravaron las dificultades para comprar alimentos. La pobreza extrema comenzó a dispararse en Cuba.
En diciembre de 2024, el primer ministro Manuel Marrero Cruz confirmó que la decisión de eliminar los subsidios de la canasta básica avanzaría a pesar de su impacto social.
"Esto impacta en el presupuesto, estamos buscando los mecanismos y lo iremos implementando poco a poco, producto a producto, pero es un camino que no tiene marcha atrás", dijo Marrero Cruz.
Su intervención dejó al descubierto una contradicción decisiva: el Gobierno reconocía que muchos trabajadores no podían costear los alimentos a precios de mercado, pero mantenía su decisión de eliminar los subsidios.
Si bien en 2010 los ingresos de los cubanos eran insuficientes para acabar con la libreta, en 2024 el problema no solo persistía, sino que se había agudizado. La política seguía adelante sin que el Estado hubiera cumplido la condición económica más importante.
La reconversión de las bodegas toma forma en 2026
La transformación comercial anunciada este año confirma la continuidad de aquella estrategia. En septiembre, se informó la reconversión de bodegas y carnicerías en mercados de barrio, administrados por mipymes, cooperativas y otros actores económicos autorizados.
El Estado ofrece incentivos fiscales y exenciones temporales del arrendamiento, pero conserva la propiedad de los inmuebles que decomisó en 1960. Es una paradoja histórica: después de intervenir los negocios privados y arruinarlos, ahora busca otra vez actores privados para reactivar establecimientos que mantiene bajo su control.
El 8 de octubre, el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) anunció la selección de 1,913 bodegas para atender a personas vulnerables, dentro de una red nacional de más de 12,000 establecimientos. La cifra representa aproximadamente el 16 % del total.
Las autoridades no han anunciado el cierre de las demás bodegas ni explicado cuál será su destino, pero la selección confirma el avance hacia una distribución diferenciada según los criterios de vulnerabilidad establecidos por el Gobierno.
No estamos ante una decisión concebida por las actuales relaciones con Washington. La eliminación de subsidios universales estaba definida mucho antes. Lo que vemos en 2026 es una nueva etapa de su ejecución.
El régimen elimina subsidios, pero no la pobreza en Cuba
La crisis económica en Cuba expone la principal debilidad de esta política. El Gobierno pretende retirar progresivamente la distribución subsidiada sin garantizar que los ciudadanos puedan sustituirla mediante sus ingresos.
Subsidiar a las personas en lugar de los productos no es necesariamente una mala decisión económica. Puede permitir que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan, pero requiere salarios suficientes, mercados abastecidos, gestión económica transparente y una protección social capaz de alcanzar a todos los hogares necesitados.
En Cuba, la precariedad no afecta únicamente a quienes carecen de empleo o tienen problemas de salud que los incapacitan para trabajar. También alcanza a empleados estatales y pensionistas que reciben un ingreso básico de 3,210 CUP, una cantidad que no alcanza ni para comprar un cartón de 30 huevos (4,000 CUP).
Los mercados de barrio no resuelven esa contradicción. Ofrecen precios de un 10 % al 30 % más económicos que otros establecimientos privados. Los productos siguen siendo inaccesibles para la mayoría de los cubanos.
La muerte anunciada de la libreta de abastecimiento
La historia permite identificar una continuidad política. El régimen intervino las bodegas y las convirtió en locales de distribución racionada. Raúl Castro anunció la eliminación progresiva de los subsidios universales. El Partido Comunista incorporó ese objetivo a sus Lineamientos. Díaz-Canel lo ratificó y las medidas económicas de 2026 avanzan en su aplicación.
No existe evidencia de que todas las transformaciones actuales estuvieran diseñadas desde el principio, pero está documentada la decisión sostenida de eliminar la libreta y sustituir los subsidios generalizados, sin importar las consecuencias que esto cree en la sociedad cubana.
El régimen no puede presentar esta política como una respuesta a las actuales tensiones con Estados Unidos. Su origen es anterior y se debe a decisiones adoptadas por el gobierno cubano.
Ninguna sociedad debería considerar normal que sus ciudadanos dependan durante generaciones de una cartilla de racionamiento para adquirir comida y productos básicos, como si vivieran en posguerra.
El gobierno de Cuba debió eliminar la libreta de abastecimiento porque el desarrollo económico la volvió innecesaria, pero asumió la decisión de retirarla cuando la población depende de ella para sobrevivir.
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