El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, volvió a denunciar las intervenciones militares y operaciones encubiertas de Estados Unidos, mientras reivindicó el carácter supuestamente pacífico de la política exterior del régimen castrista.
En una publicación de Facebook, el diplomático enumeró las guerras, golpes de Estado y actividades de espionaje atribuidas a Washington para concluir que Cuba «no amenaza ni agrede o interfiere en los asuntos internos de país alguno». Según su versión, el Gobierno estadounidense miente a sus ciudadanos para hacerles creer que la isla representa una amenaza.
El mensaje reproduce el habitual discurso de victimización de La Habana, pero omite más de seis décadas de intervenciones militares, apoyo a guerrillas, operaciones de inteligencia y participación en aparatos represivos extranjeros, documentadas por organismos internacionales, investigaciones periodísticas, archivos desclasificados y sentencias judiciales.
Venezuela: de las guerrillas a las denuncias de tortura
Uno de los antecedentes más contundentes procede de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en 1964 condenó oficialmente la intervención y agresión del gobierno de Fidel Castro contra Venezuela, tras investigar el suministro de armas cubanas a organizaciones insurgentes. En 1967, combatientes cubanos participaron en el desembarco guerrillero de Machurucuto, destinado a combatir al Gobierno de Raúl Leoni.
Décadas después, la influencia cubana alcanzó las estructuras de seguridad del chavismo. Una investigación de Reuters de 2019 reveló acuerdos militares de 2008 que permitieron a La Habana asesorar y reorganizar organismos de inteligencia venezolanos, entrenar agentes y desarrollar mecanismos de vigilancia interna.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó en 2022 la participación de asesores cubanos en la formación de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluidas técnicas de interrogatorio y vigilancia.
Por su parte, los informes del Instituto CASLA, dirigido por Tamara Suju, recogen testimonios de víctimas que denunciaron la participación directa de oficiales cubanos en interrogatorios y torturas. En 2024, la organización presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una denuncia contra el Estado cubano por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La Habana terminó reconociendo oficialmente otra dimensión de esa presencia en enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro: 32 integrantes de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior cubanos murieron durante la operación estadounidense, mientras cumplían misiones de seguridad y defensa en territorio venezolano, según el propio Gobierno cubano.
América Latina y África: exportar la revolución
En 1959, expediciones armadas organizadas desde Cuba intentaron intervenir en Panamá y República Dominicana.
Durante los años sesenta, La Habana promovió, entrenó o suministró recursos a movimientos guerrilleros en Venezuela, Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y otros países latinoamericanos. La expedición encabezada por Ernesto Che Guevara en Bolivia constituye uno de los ejemplos más conocidos.
Investigaciones históricas y documentos de inteligencia desclasificados también registran actividades de apoyo a organizaciones insurgentes en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, así como asistencia militar al sandinismo nicaragüense y a la guerrilla salvadoreña durante las décadas siguientes.
La proyección militar se extendió a África, con expediciones al Congo, asistencia a movimientos anticoloniales en Guinea-Bissau y operaciones militares en Argelia, Angola y Etiopía.
Angola llegó a concentrar más de 50.000 militares cubanos simultáneamente, mientras miles participaron en la guerra del Ogadén en apoyo del Gobierno etíope.
Varias de estas operaciones respondieron a supuestas solicitudes de gobiernos aliados o al respaldo de movimientos anticoloniales, circunstancias distintas de las infiltraciones clandestinas, pero que muestran el alcance militar de la política exterior cubana.
Espionaje en Estados Unidos y nuevas denuncias internacionales
El historial de inteligencia cubano también incluye casos acreditados judicialmente en Estados Unidos.
Ana Belén Montes, analista de la inteligencia militar estadounidense, fue condenada a 25 años de prisión por espionaje para Cuba; Walter Kendall Myers, funcionario del Departamento de Estado, recibió cadena perpetua por una conspiración desarrollada durante décadas; y Víctor Manuel Rocha, exembajador estadounidense, fue condenado en 2024 a 15 años tras admitir que trabajó clandestinamente para la inteligencia cubana desde 1973.
A estos casos se suma la Red Avispa, cuyos integrantes infiltraron organizaciones del exilio y recopilaron información sobre objetivos estadounidenses en Florida, llegando a facilitar la inteligencia necesaria para el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que costó la vida a cuatro cubanoamericanos.
En julio de 2026, el Departamento de Estado publicó el informe Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, dedicado a reconstruir las operaciones de espionaje, influencia política y apoyo a movimientos revolucionarios promovidas desde La Habana. El documento incluye numerosos antecedentes históricos y judiciales comprobados.
Fernández de Cossío respondió entonces calificando el informe de mendaz, sin refutar específicamente los principales casos de espionaje que recogía.
Su nueva publicación insiste en presentar a Cuba como víctima de una campaña estadounidense de intimidación. Sin embargo, las intervenciones de Washington que denuncia el diplomático no borran las operaciones cubanas documentadas por la OEA, Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y tribunales estadounidenses.
La afirmación de que Cuba jamás interfiere en otros países no distingue entre actividades clandestinas, apoyo a insurgencias o intervenciones militares solicitadas por gobiernos aliados. Una de las pruebas más antiguas de esa contradicción sigue siendo la resolución de la OEA de 1964, que condenó expresamente al régimen cubano por intervenir en Venezuela.
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