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Una corte federal de apelaciones anuló este viernes el fallo por desacato que un juez había impuesto a la administración del presidente Donald Trump en un caso relacionado con deportaciones de migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
El panel de tres jueces, con dos votos a favor y uno en contra, concluyó que el juez de distrito James E. Boasberg excedió su autoridad e interfirió en las facultades del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.
Los magistrados Gregory Katsas y Neomi Rao —ambos nominados por Trump— respaldaron la opinión mayoritaria que calificó la orden de Boasberg como un intento de “controlar la conducción de los asuntos exteriores” por parte del Ejecutivo, un ámbito donde el poder judicial tiene “su punto más bajo de influencia”.
En disenso, la jueza Cornelia Pillard, nominada por Barack Obama, acusó a la mayoría de “hacerle un grave perjuicio a un juez ejemplar” y de socavar los esfuerzos por defender la autoridad judicial.
Boasberg había encontrado causa probable para declarar en desacato a la administración Trump después de que aviones con migrantes despegaran hacia El Salvador pese a que, según dijo en audiencia, debían regresar a EE.UU.
El juez acusó a funcionarios de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones antes de que los afectados pudieran impugnarlas en tribunales, y de ignorar su instrucción verbal.
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El gobierno defendió su actuación alegando que la orden de Boasberg nunca se plasmó en un documento escrito, y por lo tanto no estaban obligados a acatar un mandato oral.
Los 250 migrantes fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde permanecieron meses hasta ser liberados en un canje de prisioneros con EE.UU.
El caso generó fuertes tensiones entre las ramas judicial y ejecutiva, y derivó incluso en una inusual denuncia por mala conducta judicial contra Boasberg presentada por el Departamento de Justicia.
Tras conocerse el fallo de apelación, la fiscal general Pam Bondi celebró lo que calificó como una “gran victoria” en defensa del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump, prometiendo seguir “ganando en los tribunales”.
Por su parte, el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, que representa a los migrantes, sostuvo que la orden del juez era “inequívoca” y adelantó que están evaluando “todas las opciones” para responder a la decisión.
Expertos advierten que este fallo podría tener implicaciones de largo alcance sobre los límites del poder judicial para frenar acciones del Ejecutivo en materia migratoria y de política exterior.
Preguntas frecuentes sobre la anulación del fallo de desacato contra la administración Trump por deportaciones a El Salvador
¿Por qué la corte de apelaciones anuló el fallo de desacato contra la administración Trump?
La corte de apelaciones anuló el fallo de desacato porque consideró que el juez James E. Boasberg excedió su autoridad e interfirió en las facultades del Poder Ejecutivo en materia de política exterior. Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao respaldaron esta opinión, argumentando que el poder judicial tiene una influencia limitada en asuntos de política exterior.
¿Cuál fue el origen del desacato que se le imputó a la administración Trump?
El desacato se originó cuando la administración Trump deportó a migrantes a El Salvador a pesar de una orden del juez Boasberg que prohibía estas acciones. El juez acusó a la administración de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones sin permitir que los afectados impugnaran la decisión en tribunales.
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros y por qué se utilizó en este caso?
La Ley de Enemigos Extranjeros es una legislación del siglo XVIII que permite la detención y expulsión de ciudadanos de países enemigos durante conflictos armados. La administración Trump la invocó para deportar rápidamente a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a bandas criminales, lo que generó controversia por su aplicación en tiempos de paz.
¿Qué repercusiones podría tener este fallo de apelación para el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos?
Este fallo podría limitar la capacidad del poder judicial para frenar acciones del Ejecutivo en materia migratoria y de política exterior. Al anular el fallo de desacato, se refuerza la autoridad del Ejecutivo frente a decisiones judiciales, lo que podría sentar un precedente sobre los límites de cada rama del gobierno.
¿Cómo han reaccionado las partes involucradas ante el fallo de la corte de apelaciones?
La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo como una "gran victoria" para la administración Trump, mientras que el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, que representa a los migrantes, criticó la decisión y adelantó que están evaluando "todas las opciones" para responder al fallo de apelación.
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