El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a 10 años de privación de libertad al chofer Yuni Valdés Pérez, declarado culpable del delito de sabotaje, tras protagonizar un incidente vial con una guagua estatal en la ciudad de Cárdenas, Matanzas.
Según una nota oficial publicada por el Tribunal Supremo Popular, los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo de 2025, cuando Valdés Pérez, chofer de un camión grúa (escatolina) perteneciente a la Empresa Cubacar Varadero, dejó estacionado su vehículo en medio de una vía pública, obstaculizando el tránsito. Posteriormente, se dirigió a consumir bebidas alcohólicas en un lugar cercano, hasta encontrarse visiblemente ebrio.
La situación provocó una confrontación con el conductor de un ómnibus Yutong perteneciente a la Empresa Transmetro de Cárdenas, quien lo requirió para despejar la vía. Ambos se enfrascaron en una fuerte discusión, intercambiando frases ofensivas y amenazas con objetos contundentes, según detalla la sentencia.
Acto seguido, y en estado de alteración, el acusado abordó nuevamente su vehículo y lo puso en reversa para impactar violentamente la guagua estatal. Repitió la maniobra a mayor velocidad, provocando daños significativos al autobús, que hasta la fecha no han podido ser reparados.
En los primeros días tras el incidente, la prensa oficialista informó que el chofer enfrentaba cargos por desórdenes públicos y daños materiales. Sin embargo, la acusación evolucionó a un delito más grave vinculado a la seguridad del Estado, lo que derivó en una condena por sabotaje.
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El tribunal consideró como agravantes la lesividad del hecho, el impacto contra bienes estatales y la conducta previa del acusado. Para imponer la condena, se apoyó en lo dispuesto en el Dictamen No. 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
La sentencia fue dictada el pasado jueves 18 de septiembre por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, que tiene competencia sobre casos que afectan la seguridad estatal en el occidente del país.
Tanto el acusado como la Fiscalía tienen derecho a presentar recurso de casación, que será resuelto por la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular.
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