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El Gobierno de México dio un nuevo golpe al bolsillo de los migrantes, al aprobar una reforma que duplica los costos de los trámites migratorios, medida que afectará de forma directa a los cubanos que viven en el país o buscan regularizar su estatus.
De acuerdo con Aristegui Noticias y El Economista, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), incluida en el Paquete Económico 2026, con 352 votos a favor y 133 en contra.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue turnado al Senado para su revisión final.
La reforma actualiza y eleva las cuotas que cobra el Estado mexicano por servicios públicos en materia migratoria, aeroportuaria, financiera, sanitaria y cultural, con una recaudación proyectada superior a los 157 mil millones de pesos.
En el ámbito migratorio, los aumentos son drásticos:
- El costo para visitantes extranjeros sin permiso para trabajar subirá de 860 a 983 pesos.
- Para residentes temporales, las tarifas se duplican prácticamente, pasando de 5,328 a 11,740 pesos por un año; de 7,984 a 16,693 pesos por dos años; de 10,112 a 21,142 pesos por tres años; y de 11,984 a 25,907 pesos por cuatro años.
- En el caso de los residentes permanentes, el pago pasará de 6,494 a 13,578 pesos.
- Además, se crean nuevos cobros, como el derecho por autorización para visitar embarcaciones en navegación de altura, que tendrá un costo de 297.89 pesos, y el formato de autorización de salida del país para niñas, niños o personas bajo tutela jurídica, que costará 294 pesos.
Aunque se establecen descuentos del 50% en algunos casos humanitarios —como reunificación familiar o invitaciones culturales—, organizaciones y legisladores de oposición consideran que la reforma golpea especialmente a los migrantes en situación vulnerable, incluidos miles de cubanos que viven en México sin un estatus estable o que deben renovar su residencia cada año.
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El texto ahora pasa al Senado mexicano, que deberá decidir si ratifica o modifica los incrementos.
De acuerdo con el diario La Razón de México, el Senado de la República recibió el pasado jueves las minutas con proyecto de decreto que reforman el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos, aprobadas previamente por la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico 2026.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que estos dictámenes serán turnados a comisiones para su análisis y discusión en las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Hacienda, donde deberán revisarse antes de su eventual votación en el pleno.
“La ruta para aprobarlas es que van a comisiones. Será para la próxima semana, cuanto antes lo haríamos. Desde luego tendrán que discutirlo en comisiones unidas de Estudios Legislativos y Hacienda”, explicó la senadora en declaraciones a medios, citada por La Razón.
En ciudades como Tapachula, Ciudad de México, Mérida y Cancún, donde reside una numerosa comunidad cubana, estos aumentos representarían un gasto inasumible para quienes trabajan en la economía informal o dependen de remesas familiares.
La medida también afecta a quienes planean emigrar a México o esperan respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al elevar el costo de trámites y prolongar los procesos de regularización.
Desde hace meses, México ha endurecido su política migratoria, presionado por Estados Unidos, incrementando las deportaciones, reduciendo permisos de estancia y restringiendo la movilidad interna de los migrantes.
Este aumento de tarifas refuerza esa tendencia, añadiendo una carga económica a quienes ya enfrentan precariedad y desprotección legal.
Mientras el oficialismo sostiene que la medida busca “ajustar las cuotas al costo real de los servicios públicos”, la oposición calificó la reforma como una ley recaudatoria y regresiva.
La diputada panista Noemí Luna denunció que los incrementos “afectan de manera directa a los migrantes y sectores más pobres”, mientras que El diputado del partido Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, advirtió que la ley “viola derechos humanos y encarece el acceso a la cultura y la movilidad”.
La reforma también incluye alzas en los precios de acceso a museos, zonas arqueológicas y servicios aeronáuticos, algunos con aumentos de más del 100%, lo que ha sido interpretado como una estrategia recaudatoria generalizada.
El texto ahora pasa al Senado mexicano, que deberá decidir si ratifica o modifica los incrementos.
Mientras tanto, los cubanos en México temen que el costo de mantenerse legalmente en el país se vuelva inalcanzable, en un contexto de inflación, salarios bajos y trabas burocráticas que ya hacen muy difícil su vida en el exilio.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de tarifas migratorias en México y su impacto en cubanos
¿Cómo afecta el aumento de tarifas migratorias a los cubanos en México?
El aumento de tarifas migratorias en México afecta significativamente a los cubanos que viven en el país o buscan regularizar su estatus, ya que duplica los costos de trámites como la residencia temporal y permanente. Esto representa un fuerte golpe económico, especialmente para aquellos que trabajan en la economía informal o dependen de remesas familiares.
¿Qué cambios ha aprobado México en los costos de trámites migratorios?
México ha aprobado una reforma que duplica los costos de varios trámites migratorios, como el permiso de residencia temporal y permanente, en el marco del Paquete Económico 2026. Por ejemplo, la tarifa para residentes temporales por un año pasó de 5,328 a 11,740 pesos. Estas medidas forman parte de un esfuerzo recaudatorio del gobierno.
¿Existen descuentos para ciertos casos en los nuevos trámites migratorios en México?
Sí, la reforma establece descuentos del 50% en algunos casos humanitarios, como la reunificación familiar o invitaciones culturales. Sin embargo, a pesar de estos descuentos, la medida sigue siendo considerada como un fuerte golpe para los migrantes en situación vulnerable.
¿Por qué el gobierno mexicano ha aumentado las tarifas migratorias?
El gobierno mexicano justifica el aumento de tarifas como un ajuste necesario para reflejar el costo real de los servicios públicos. Sin embargo, la oposición y varias organizaciones lo critican como una medida recaudatoria que perjudica especialmente a los migrantes más vulnerables.
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