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Piden activar al 100 % la ley para recuperar propiedades expropiadas en Cuba

Algunos líderes del exilio creen que la medida de Trump no es practicable, pues las empresas cubanas "no tienen activos en Estados Unidos para cobrar la demanda".

Trump en 2017, firmando el Memorando que fortalece la política hacia Cuba © Wikimedia Commons
Trump en 2017, firmando el Memorando que fortalece la política hacia Cuba Foto © Wikimedia Commons

Este artículo es de hace 5 años

Grupos del exilio cubano en Miami consideran que el Gobierno de Estados Unidos debe permitir a sus ciudadanos demandar ante tribunales norteamericanos a las empresas extranjeras que negocian con propiedades cubanas que fueron confiscadas tras el triunfo del comunismo en la Isla.

Así expresó a la agencia Efe el abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, quien denunció que las medidas tomadas hasta ahora por la administración de Donald Trump son meramente "simbólicas".

En su opinión, Trump debe activar por "completo" el Título III de la Ley Helms Burton, lo cual permitiría llevar ante la justicia a "empresas extranjeras con presencia económica" en Estados Unidos, y no solo a las cubanas.

"Eso sí va a desalentar la inversión extranjera en Cuba, porque pueden ser demandadas por la familia que era dueña de alguna propiedad", agregó Gutiérrez, cuya familia poseía en Cuba "dos centrales azucareros, quince fincas ganaderas, un banco y varias colonias de caña".

El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado abrió la puerta a demandar, a partir del próximo 19 de marzo, a 200 entidades gubernamentales cubanas, incluidas en una "lista negra" por adueñarse de bienes confiscados.

Pero la iniciativa no afecta legalmente a sus socios extranjeros.

Por ello, algunos como Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), consideran que es una medida "hasta cierto punto impracticable", pues la mayoría de las empresas cubanas "no tienen activos en Estados Unidos para cobrar la demanda".

En su opinión, aunque esa disposición ayuda porque "limita la capacidad del gobierno cubano", el "dilema está dentro de Cuba, entre el pueblo cubano", y lo que se debe es "incrementar la capacidad de la oposición".

Se conoce que cientos de miles de cubano-estadounidenses aspiran a una indemnización por "daños y perjuicios" por los bienes expropiados a su familia a partir de 1960.

Una comisión del Departamento de Justicia tiene "certificados" 5.913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como Texaco, Coca Cola, Palmolive, que pueden acogerse al Título III si se activa, por un total de 1.900 millones de dólares.

Ese grupo se suma, según el abogado Gutiérrez, a otras 200.000 a 300.000 quejas de cubano-estadounidenses, que perdieron bienes como los terrenos del aeropuerto internacional José Martí, de La Habana; cultivos azucareros, aseguradoras y muchos más.

Otro matiz del tema lo aportó la Asamblea de la Resistencia, al alegar que son recursos usados para aumentar la represión al pueblo cubano y extender su "ocupación" en Venezuela.

Esta coalición, junto a la Brigada 2506, emitirá este lunes un mensaje público a Trump, en el que pedirán implementar el Título III y utilizar más el Título IV de la misma ley, que "le niega visas a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas".

Por su parte, Gutiérrez aclaró que los procesos tienen restricciones, como que el carácter de la propiedad debe ser "comercial" y con un valor superior a los 50.000 dólares.

"No va a botar a gente de sus casas", aclaró.

Acerca de posibles perjuicios a otros países, el letrado expresó que aunque la relación comercial entre Estados Unidos y Europa es importante, eso a Trump no le importa.

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