Las tendederas eléctricas ilegales aumentaron hasta 1,445 en la provincia de Ciego de Ávila durante 2021, según datos oficiales del territorio.
Del total de tendederas registradas, el 10% no cuenta con sistema de metrado o contador, pues se ubican en asentamientos precarios sin servicios de electricidad, agua potable o alcantarillado.
En general, a inicios de este año se reportaron como electrificadas 16 zonas de tendederas de las 28 que existían en 2020, por lo que aún existen 12 sin solución, cinco en el municipio Morón y siete en la cabecera provincial, según un reporte del periódico local Invasor.
Uno de los barrios marginales del territorio lleva por nombre “Las Yaguas”, donde la mayoría de las viviendas tienen pésimas condiciones constructivas y presentan problemas de bajo voltaje, al no contar con instalaciones seguras y legales. En total, existen en Ciego de Ávila, 38 asentamientos o focos precarios.
Jaime Quirós Crespo, director de la Unidad Empresarial de Base Inversiones de la Empresa Eléctrica en Ciego deÁvila, dijo que para eliminar las llamadas tendederas se debe electrificar la zona de forma tal que cada vivienda tenga un servicio individual. Para ello es necesario contar con postes, cables, transformadores, aisladores, breakers, acometidas y contadores, recursos que escasean en la localidad.
El funcionario admitió que en 2018 intentaron legalizar el acceso a la electricidad pero que solo pudieron mejorar el cableado y la instalación. Sin embargo, para cobrar la corriente dejaron un solo metrocontador y designaron a un representante, encargado de establecer un consumo promedio para todas las casas.
Por su parte, Maidoly García, madre de tres hijos y residente de Las Yaguas, afirmó que los breakers (interruptores) que puso el gobierno salieron malísimos y que ellos tuvieron que reponer el equipo con dinero de su bolsillo. En el caso de los contadores, la provincia ha identificado más de 6,000 aparatos defectuosos, lo cual se traduce en una lectura estimada y no real del consumo de energía.
Quirós Crespo reconoció que además de la falta de recursos no cuentan con el financiamiento necesario. En diciembre del año anterior la empresa estatal no había aprobado presupuesto para este programa en 2022, por lo que junto al problema de Las Yaguas se habían intensificado las dificultades en otros asentamientos similares que siguen creciendo más allá de las áreas electrificadas hasta el momento.
Otra causa que repercute en el incremento de los tendidos eléctricos es la ilegalidad de la propia vivienda, pues la mayoría no cuentan con documentos ni propiedad. Así es el caso de Yusleydi Benítez quien reside en ese barrio desde hace cinco años y es también madre de tres, pues muy pocas de estas zonas precarias cumplen los requerimientos del Ordenamiento Territorial y Urbanístico: dígase redes hidrosanitarias, de comunicaciones, eléctricas, servicios básicos.
Luis Alberto Hernández San Blas, director Comercial de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila, explicó que para el año en curso no se espera una disminución de las tendederas, pues a las de estos caseríos se sumarán otras asociadas a entidades estatales que, hasta ahora, estaban fuera del radar.
“Aunque la indicación data de hace más de una década, sólo organismos como la Agricultura y AZCUBA habían inventariado las tendederas dentro de su jurisdicción. Ahora se trabajará con todos los sectores, de manera que no se siga cargando al presupuesto de las entidades el consumo residencial”, dijo el directivo.
Estos asentamientos precarios, sin acceso a los servicios más elementales, no existen solo en Ciego de Ávila, sino que pululan en casi todo el país y de manera más significativa en La Habana y el resto de las provincias occidentales.
En 2021, las autoridades de la capital recorrieron el Consejo Popular Alamar Este, donde se ubica la Comunidad 8 de enero, que cuenta con 54 núcleos y 256 habitantes, de ellos 72 eran menores de edad. Asimismo viven en la zona cinco familias protegidas por la asistencia social, y dos madres solas a cargo de niños.
Hasta el momento de la vista del gobierno, se habían legalizado 30 hogares y se laboraba en la construcción de otros 43 por esfuerzo propio. Además fueron entregadas 12 libretas de abastecimiento, se eliminaron las llamadas tendederas y se trabajaba en la normalización eléctrica de 44 viviendas, la activación de alumbrado público, la ubicación de seis contenedores para recogida de desechos sólidos y la eliminación de un tanque elevado con peligro de derrumbe.
En abril del año anterior el gobierno de Mayabeque ordenó el desalojo y la demolición de un asentamiento ilegal de más de 50 casas levantadas en el poblado Jamaica, ubicado en el municipio San José, donde vivían más de 200 personas en condiciones precarias, entre ellos 27 niños, ancianos, mujeres embarazadas, a quienes les cortaron además el acceso al agua y la electricidad.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (1)Archivado en: