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Las reacciones a la nueva resolución (56) del Ministerio de Comercio Interior que cancela de oficio la licencia para el comercio minorista a aquellas mipymes que la llevaban a cabo como actividad secundaria y que obliga a las que se dedican a ello como actividad principal a aliarse con entidades estatales para continuar desarrollando su negocio es "una estocada a las relaciones de mercado" y "discrimina la actividad privada", asegura el prestigioso economista Pedro Monreal.
Además, según el azote de las decisiones económicas del régimen de Miguel Díaz-Canel, no se trata de una decisión nueva porque esto ya se había aprobado en agosto. "Llueve sobre mojado", señaló en la red social X (antes Twitter), donde suele compartir sus análisis.
En este sentido, Monreal explica que con la excusa de llevar a cabo "el ordenamiento" del comercio mayorista, las autoridades cubanas aprueban una resolución que descifra cómo va a ser la implementación de una medida que el Gobierno cree que permitirá a las mipymes beneficiarse de la experiencia, el transporte y las infraestructuras del Estado. Sin embargo, obvian el lastre de la burocracia, la ineficiencia y la corrupción, los talones de Aquiles de una economía centralizada con trabajadores mal pagados.
Con esta decisión de sacar a las mipymes del comercio mayorista, el régimen cubano mata varios pájaros de un tiro, insiste Monreal. En su opinión, esta resolución busca divisas privadas para "re-monopolizar la oferta mayorista y reducir competidores". La idea, añade, es que las empresas estatales mayoristas aumenten poder de mercado y rentabilidad.
"La resolución 56 convierte los actores no estatales, que tienen liquidez y flexibilidad y que hoy realizan la mayor parte del comercio minorista, en una gran masa de clientes cautivos de las empresas mayoristas estatales, estas sin divisas y no pocas de ellas ineficientes", recalca el economista.
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Básicamente, esta jugada del Gobierno busca "oxigenar" el comercio mayorista estatal "asfixiando al privado". De esta forma, a su juicio, "queda al desnudo la falacia de la igualdad" entre actores económicos.
El hecho de que el comercio mayorista quede definitivamente en manos de empresas estatales obvia dos puntos importantes: cómo va a funcionar con efectividad una cadena de liquidez entre empresas privadas y estatales que trabajan con divisas y moneda nacional. Y el otro gran obstáculo que ve Monreal es que el Gobierno cree que con esta medida va a controlar la inflación en un mercado con mucha demanda y poca oferta debido a la escasez crónica que padece la Isla.
El economista ve arriesgado que el Gobierno crea que al tener cautivas a las empresas privadas, éstas no van a optar por mover su dinero a otras partes.
Y destaca un tema no menos importante: el momento elegido para aplicar la medida. "Existe también un problema con el momento de aplicación: un mes en el que usualmente aumenta la demanda de bienes de consumo y donde cualquier escasez adicional asociada a “experimentos” pudiera “eslabonarse” con una mayor inestabilidad social".
Y ahí queda el aviso. Se puede decir más alto, pero no más claro. Este experimento puede desembocar en manifestaciones en un país que hoy por hoy es una olla a presión.
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