En un anuncio oficial realizado el pasado miércoles 18 de diciembre, durante una de la sesiones del Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura, el gobierno cubano informó la eliminación de la Cadena Cubana del Pan como entidad nacional.
La medida fue confirmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien señaló que la decisión responde a la necesidad de corregir "distorsiones" en los procesos de descentralización y en la gestión de las competencias locales.
“Ya va a salir en los próximos meses, a inicios del año, la nueva norma que regulará eso y resolverá todas estas distorsiones”, afirmó el primer ministro.
En relación con la Cadena Cubana del Pan, Marrero Cruz expresó: “No tiene sentido que sea una entidad nacional; pasará en el próximo año a los municipios”.
Esta decisión está basada en que los gobiernos locales asuman la administración directa de las panaderías y puntos de distribución, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar una mayor proximidad a las necesidades de la población.
Sin embargo, crea más interrogantes que certidumbres debido a que, aunque en teoría podría descentralizar y agilizar la gestión, corre el riesgo de profundizar las desigualdades entre los territorios, ya que las capacidades administrativas y logísticas de los gobiernos municipales varían significativamente.
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Además, la descentralización puede agravar la ya crítica situación del suministro de alimentos básicos en la isla. El pan, considerado un producto esencial en la dieta cubana, y cuyas afectaciones han sido comunes en los últimos tiempos, es altamente dependiente de la estabilidad en las cadenas de producción y distribución, y cualquier interrupción en este proceso podría tener un impacto inmediato en la vida cotidiana de los ciudadanos.
En este sentido, el enfoque del gobierno parece más orientado a aliviar la presión económica sobre el Estado que a resolver las necesidades urgentes de la población.
Nada más en el año que está a punto de concluir (2024), la escasez de harina de trigo ha llevado a interrupciones en la producción y distribución del pan de la canasta básica en diversas provincias del país.
En abril, por ejemplo, se reportaron afectaciones significativas en Villa Clara y Matanzas, donde las autoridades informaron sobre la imposibilidad de producir el pan normado debido a la falta de materia prima.
En septiembre, la situación se agravó con la reducción del tamaño del pan de la canasta básica de 80 a 60 gramos, medida que las autoridades justificaron por la baja disponibilidad de harina de trigo. Esta reducción generó descontento entre la población, que ya enfrenta múltiples dificultades para acceder a alimentos básicos.
Aun así no han faltado las promesas gubernamentales de estabilizar la producción y distribución del pan, sin embargo, las afectaciones han persistido, evidenciando la fragilidad de las cadenas de suministro y la dependencia de importaciones en medio de una crisis económica que ha limitado la capacidad de adquisición de materias primas esenciales.
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