La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó el miércoles el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador donde han sido detenidos cientos de migrantes venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump bajo polémicas circunstancias legales.
Frente a una celda repleta de reclusos tatuados y semidesnudos, Noem envió un mensaje intimidatorio a los inmigrantes.
"No vengan a nuestro país ilegalmente. Serán expulsados y procesados", dijo, advirtiendo que este centro penitenciario es una de las herramientas que EE.UU. utilizará contra quienes cometan delitos.
En marzo, la administración Trump recurrió a una legislación de tiempos de guerra para acelerar la deportación de 238 venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, designada como grupo terrorista por Washington.
El mandatario desatendió las órdenes de un juez federal que prohibió el traslado de los inmigrantes, y se ha defendido de las críticas a pesar de que familiares y abogados de algunos migrantes afirman que no tienen conexión con la organización delictiva.
Mientras tanto, un bufete contratado por el gobierno venezolano presentó un recurso de hábeas corpus exigiendo la justificación de las detenciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que sus ciudadanos fueron "secuestrados" y pidió su liberación.
Según la Casa Blanca, Washington pagó alrededor de $6 millones al gobierno de Nayib Bukele para la detención de los deportados.
Durante su visita, Noem firmó un acuerdo de intercambio de información con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. "Este acuerdo refuerza el compromiso de ambos países en la lucha contra el crimen transnacional", afirmó la embajada estadounidense en San Salvador.
Bukele, ampliamente respaldado en su país por su mano dura contra el crimen, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de abusos en las detenciones masivas.
Desde la implementación de su estrategia de seguridad, más de 86,000 presuntos pandilleros han sido arrestados, aunque varios miles han sido liberados tras ser declarados inocentes.
Amnistía Internacional calificó las deportaciones de EE.UU. como una "flagrante violación de los derechos humanos", y denunció que tanto la administración Trump como el gobierno de Bukele "criminalizan individuos sin el debido proceso".
Analistas advierten que, si bien la colaboración con Trump podría traer beneficios a Bukele, también podría generar tensiones con futuras administraciones estadounidenses que consideren estas prácticas una amenaza para los derechos humanos y la cooperación bilateral.
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