Un juez federal en New Hampshire bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La decisión judicial, tomada este jueves por el juez Joseph LaPlante, supone un importante revés para la política migratoria de línea dura impulsada por la Casa Blanca.
De acuerdo con el sitio Local 10 News, el fallo se produce en respuesta a una demanda colectiva que representa a todos los niños que podrían ser afectados por la controvertida orden firmada en enero, la cual negaba la ciudadanía a los bebés nacidos en territorio estadounidense de padres que se encuentren en el país de manera ilegal o con estatus migratorio temporal.
El juez calificó su decisión de emitir la orden judicial preliminar como “una decisión nada difícil”, y subrayó que privar de la ciudadanía estadounidense a recién nacidos constituye un daño irreparable.
Un nuevo capítulo legal rumbo a la Corte Suprema
El juez LaPlante también autorizó una pausa de siete días para que la administración Trump pueda apelar la decisión, lo que coloca el caso nuevamente en un camino acelerado hacia la Corte Suprema.
Y es que la emisión de esta orden ocurrió a pesar del fallo a favor de Trump -el 27 de junio- de la Corte Suprema que limitó otras órdenes judiciales que buscaban impedir la entrada en vigor del decreto presidencial. No obstante, daba a los tribunales inferiores un lapso de 30 días para actuar. Y sucedió.
La orden del mandatario estadounidense enfrenta varios desafíos legales en distintos estados del país. Entre ellos, una demanda presentada por la organización CASA en Maryland y otra en el estado de Washington. En ambos casos, también se estudia la posibilidad de emitir injunciones a nivel nacional.
El argumento constitucional y la respuesta judicial
En el centro del debate está la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos".
La administración Trump sostiene que esta cláusula no debe aplicarse a los hijos de inmigrantes en situación irregular, interpretando de forma restrictiva la frase "sujetas a su jurisdicción".
Sin embargo, el juez LaPlante consideró que esta visión era poco convincente y recordó que la ciudadanía por nacimiento ha sido un pilar del derecho estadounidense por más de un siglo.
Testimonios humanos: miedo, esperanza y dignidad
El caso presentado en New Hampshire incluye a varios demandantes anónimos, entre ellos una mujer hondureña con solicitud de asilo pendiente y embarazada de su cuarto hijo, quien declaró: “No quiero que mi hijo viva con miedo ni tenga que esconderse. No quiero que sea objetivo de las autoridades migratorias. Temo que nuestra familia pueda ser separada”.
Una política de mano dura que continúa
La orden ejecutiva forma parte de una serie de medidas impulsadas por Trump en su segundo mandato para restringir drásticamente los derechos de los inmigrantes, incluso aquellos nacidos en territorio estadounidense.
Esta estrategia incluye deportaciones masivas, cancelaciones de programas humanitarios como el TPS, y un enfoque cada vez más agresivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La batalla legal apenas comienza. Pero por ahora, el derecho de nacer como ciudadano en suelo estadounidense sigue vigente, mientras miles de familias respiran con alivio —y se preparan para una nueva ronda de litigios en los tribunales del país.
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