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El estado de Florida ejecutará el próximo 19 de agosto a un hombre condenado por el secuestro, intento de violación y asesinato de una mujer en 1982.
Según destacaron los medios locales, la de Kayle Bates será la décima ejecución programada en el estado en lo que va del año.
El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución el pasado viernes, apenas tres días después de que el estado aplicara la pena de muerte a Michael Bell, condenado por un doble homicidio en 1993.
Bates, de 67 años, fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada e intento de agresión sexual.
Según documentos judiciales, el 14 de junio de 1982 secuestró a Janet White en su lugar de trabajo, una oficina de seguros de State Farm en el condado de Bay.
La llevó a una zona boscosa cercana, donde intentó violarla, la apuñaló hasta matarla y le arrancó un anillo de diamantes del dedo.
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El fiscal general del estado, James Uthmeier, detalló en una carta que resume el caso que se trató de un crimen brutal y premeditado.
El delito ha sido ampliamente considerado como un caso de feminicidio por la violencia sexual y la saña con la que fue cometido.
Por su parte, el abogado defensor de Bates, James Driscoll Jr., anunció que presentará nuevas apelaciones. “Creemos que su ejecución violaría la Constitución de Estados Unidos”, expresó en declaraciones telefónicas el sábado.
La pasada semana, Michael Bell se convirtió en la 26.ª persona ejecutada en Estados Unidos en 2025, cifra que ya supera las 25 ejecuciones registradas el año anterior y marca el número más alto desde 2015.
La reactivación de ejecuciones en Florida ha sido una política reforzada por el gobernador DeSantis, quien ha hecho de la aplicación de la pena capital una herramienta de su agenda “law and order”.
La ejecución de Bates marcaría la continuidad de esta línea, en medio de una tendencia nacional al alza en la aplicación de la pena de muerte.
Las ejecuciones en Estados Unidos han alcanzado su punto más alto en una década. Este aumento se debe a políticas más agresivas en algunos estados, como Florida, Texas y Carolina del Sur, que han incrementado su uso de la pena capital, desoyendo las tendencias abolicionistas presentes en otras regiones del país.
En 2025, la mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos han sido por inyección letal, pero también se han utilizado métodos alternativos, como la inhalación de nitrógeno y el fusilamiento. Este último método se ha empleado en Carolina del Sur por primera vez en 15 años, debido a la escasez de fármacos para la inyección letal.
Preguntas frecuentes sobre la pena de muerte en Florida
¿Por qué Florida ha incrementado las ejecuciones en 2025?
Florida ha incrementado las ejecuciones en 2025 debido a políticas más agresivas en la aplicación de la pena de muerte, impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Estas políticas han sido parte de su agenda de "ley y orden", que busca endurecer las penas para delitos graves. Este aumento contrasta con la tendencia abolicionista que se observa en otras partes de Estados Unidos.
¿Cuáles son los métodos de ejecución utilizados en Florida?
En Florida, la inyección letal es el método principal de ejecución, aunque la silla eléctrica sigue siendo una opción si el condenado la elige expresamente. En 2025, la mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos han sido por inyección letal, pero también se han utilizado métodos alternativos en otros estados, como la inhalación de nitrógeno y el fusilamiento.
¿Qué impacto ha tenido el aumento de ejecuciones en Florida a nivel nacional?
El aumento de ejecuciones en Florida ha contribuido a que las ejecuciones en Estados Unidos alcancen su nivel más alto en una década. Este repunte ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en el país. Florida, junto con Texas y Carolina del Sur, concentra la mayoría de las ejecuciones, desoyendo las tendencias hacia la abolición de la pena capital en otras regiones.
¿Qué argumentos utilizan los defensores de los condenados para evitar las ejecuciones?
Los defensores de los condenados suelen argumentar que la pena de muerte perpetúa una justicia desigual y no reduce el crimen. También presentan apelaciones basadas en problemas de salud, deficiencias cognitivas, traumas heredados o mala praxis judicial. En algunos casos, alegan que las condiciones médicas de los condenados podrían causarles un sufrimiento innecesario durante la ejecución.
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