Una corte federal de apelaciones anuló este viernes el fallo por desacato que un juez había impuesto a la administración del presidente Donald Trump en un caso relacionado con deportaciones de migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
El panel de tres jueces, con dos votos a favor y uno en contra, concluyó que el juez de distrito James E. Boasberg excedió su autoridad e interfirió en las facultades del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.
Los magistrados Gregory Katsas y Neomi Rao —ambos nominados por Trump— respaldaron la opinión mayoritaria que calificó la orden de Boasberg como un intento de “controlar la conducción de los asuntos exteriores” por parte del Ejecutivo, un ámbito donde el poder judicial tiene “su punto más bajo de influencia”.
En disenso, la jueza Cornelia Pillard, nominada por Barack Obama, acusó a la mayoría de “hacerle un grave perjuicio a un juez ejemplar” y de socavar los esfuerzos por defender la autoridad judicial.
Boasberg había encontrado causa probable para declarar en desacato a la administración Trump después de que aviones con migrantes despegaran hacia El Salvador pese a que, según dijo en audiencia, debían regresar a EE.UU.
El juez acusó a funcionarios de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones antes de que los afectados pudieran impugnarlas en tribunales, y de ignorar su instrucción verbal.
El gobierno defendió su actuación alegando que la orden de Boasberg nunca se plasmó en un documento escrito, y por lo tanto no estaban obligados a acatar un mandato oral.
Los 250 migrantes fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde permanecieron meses hasta ser liberados en un canje de prisioneros con EE.UU.
El caso generó fuertes tensiones entre las ramas judicial y ejecutiva, y derivó incluso en una inusual denuncia por mala conducta judicial contra Boasberg presentada por el Departamento de Justicia.
Tras conocerse el fallo de apelación, la fiscal general Pam Bondi celebró lo que calificó como una “gran victoria” en defensa del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump, prometiendo seguir “ganando en los tribunales”.
Por su parte, el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, que representa a los migrantes, sostuvo que la orden del juez era “inequívoca” y adelantó que están evaluando “todas las opciones” para responder a la decisión.
Expertos advierten que este fallo podría tener implicaciones de largo alcance sobre los límites del poder judicial para frenar acciones del Ejecutivo en materia migratoria y de política exterior.
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