Reiterados sabotajes contra radiobases de ETECSA en Santiago de Cuba han sido denunciados en redes sociales por un trabajador de la empresa, quien alertó sobre afectaciones a los servicios de internet y telefonía móvil, así como sobre la ausencia de acciones efectivas contra los responsables.
En una publicación, Luis Enrique Torres Almarales relató que en el poblado de San Vicente, cercano a la Autopista Nacional, fue destruido el equipamiento de una radiobase que estaba lista para entrar en funcionamiento esta semana.
Según detalló, los autores intentaron sustraer bancos de baterías y, al no encontrarlos, robaron rectificadores y destruyeron el cableado de alimentación.
El trabajador señaló que la instalación era un equipo importado de alto valor y de difícil reposición inmediata, lo que obligará a destinar recursos previstos para otros proyectos.
Lamentó que estos actos “destruyen lo que ha costado tanto sacrificio y trabajo duro” y los calificó como “sabotajes intencionales” que buscan dañar la economía y la sociedad desde dentro.
Torres Almarales afirmó que no se trata de casos aislados: la radiobase del distrito José Martí ha sido saboteada seis veces y la del Complejo Deportivo Antonio Maceo en el reparto Sueño, cinco, incluyendo cortes de fibra óptica y de cables de alimentación.
A su juicio, los responsables actúan con impunidad y deberían recibir sanciones ejemplarizantes.
El denunciante pidió a las autoridades policiales, al gobierno y a la población que se involucren en la protección de las telecomunicaciones como un bien común.
También reclamó mayor vigilancia y patrullaje, recordando que los trabajadores de ETECSA no son custodios y que su función es garantizar el funcionamiento de las redes, no prevenir robos.
En Santiago de Cuba, los sabotajes a torres de telefonía móvil han dejado al descubierto graves vulnerabilidades en la infraestructura de ETECSA, con robos sistemáticos de baterías, rectificadores y materiales esenciales que afectan la conectividad de comunidades enteras.
Las autoridades han advertido que estos actos serán penados con hasta 15 años de cárcel bajo el nuevo Código Penal, que tipifica estas acciones como sabotaje.
Estos hechos no se limitan a Santiago. En Holguín, se reportó el robo de combustible de un grupo electrógeno de ETECSA, incidente que obligó a cancelar una reparación urgente en la planta exterior.
La empresa denunció públicamente el caso y alertó sobre el creciente impacto de estas acciones en la prestación de los servicios.
En medio de este escenario, el régimen ha endurecido el enfoque contra delitos relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones. Fraudes contra ETECSA están siendo tratados como sabotaje por su potencial de desestabilización, incluyendo manipulaciones tecnológicas, accesos ilegales y reventa de servicios.
Esta nueva clasificación conlleva penas más severas y una narrativa de amenaza interna que el gobierno usa como justificación para el control reforzado sobre las redes.
La ofensiva penal se ha ampliado también a otros sectores estratégicos. Delitos contra trenes y redes energéticas también enfrentan castigos mayores, como parte de una política integral para proteger infraestructuras básicas.
El gobierno ha enmarcado estos delitos dentro de un discurso de seguridad nacional, aunque sectores críticos denuncian el uso de estas medidas como cortina para esconder la crisis de mantenimiento y abandono institucional.
Archivado en: