El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó este jueves 14 de agosto a dos ciudadanos cubanos con antecedentes penales graves en operativos realizados en Texas y California.
La página del ICE "Lo peor de lo peor" informó que en Austin, Texas, agentes de ICE en San Antonio detuvieron a Juan Romero-Limia, de 50 años, condenado por agresión agravada con arma mortal y sentenciado previamente a seis años de prisión.
Ese mismo día, en Riverside, California, el equipo de ICE de Los Ángeles arrestó a Gustavo José González-Recarey, de 61 años, condenado por actos obscenos y lascivos con un menor, delito por el que cumplió una pena de 11 años de cárcel.
Ambos casos forman parte de la campaña denominada “los peores entre los peores” que el ICE activó para mostrar el perfil de delincuentes extranjeros detenidos recientemente.
La agencia subraya que cada uno de ellos representa un riesgo para la seguridad pública en Estados Unidos y que, actualmente, se encuentran bajo custodia o han sido expulsados del país.
"Cada uno de los inmigrantes indocumentados que ve aquí ha sido condenado o acusado de crímenes atroces que ponen en riesgo a la población estadounidense, pero actualmente se encuentran bajo custodia de ICE o ya han sido expulsados de Estados Unidos", escribe el sitio.
Como en otros casos, no se ha especificado si su expulsión será directa hacia Cuba o a un tercer país, aunque el expediente lo coloca en la lista de prioridad máxima para ser removido de Estados Unidos.
Entre los arrestos recientes de cubanos con graves antecedentes penales se hallan Osvaldo Rabiero Álvarez, de 72 años, condenado por falsificación, tráfico de cocaína y heroína, robo y agresión agravada.
En Florida, el ICE apresó a Andrés Guilarte, con historial por tráfico de cocaína y robo de vehículo motorizado.
En Nueva Orleans, a finales de julio, también se capturó a Eduardo Luis Machín Pozo, de 64 años, con condenas por tráfico de drogas y posesión de sustancias peligrosas en Alabama.
En ocasiones, la expulsión no se concreta debido a que el gobierno cubano se niega a recibir a nacionales con antecedentes criminales, lo que obliga a las autoridades estadounidenses a enviarlos a terceros países.
La expulsión a países distintos a sus lugares de origen fue autorizada recientemente por la Corte Suprema de Estados Unidos, al anular una orden judicial previa que exigía al Gobierno dar a los afectados una oportunidad significativa para explicar los riesgos que enfrentarían en esos destinos.
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