Un tribunal de Florida sentenció al ciudadano cubano Pedro César Ramos Cruz a 10 años de prisión federal por contrabando de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos.
Ramos Cruz, un inmigrante ilegal de 33 años originario de Cuba que había sido deportado en dos ocasiones previas, fue condenado la semana anterior por conspiración para traer inmigrantes ilegales a EE.UU., reingreso al país tras ser expulsado y posesión de un arma de fuego por un extranjero, informó la Fiscalía federal del Distrito Norte de Florida en un comunicado.
Según los documentos judiciales, el cubano fue detenido por agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), con un libro de registro de tráfico de inmigrantes, 20 pasaportes extranjeros, 13,709 dólares en efectivo, narcóticos y armas de fuego robadas.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) determinó que Ramos Cruz había sido deportado en 2019 y 2020, pero ingresó ilegalmente al país de nuevo.
En investigaciones posteriores, HSI de Tallahassee comprobó que el arrestado colaboraba con el Cártel del Golfo y traficaba activamente con inmigrantes de Cuba, Honduras, Nicaragua y Colombia hacia y dentro de Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) presentó una orden de detención contra Ramos Cruz, y su proceso de deportación comenzará después de que cumpla la condena de prisión federal, precisaron las autoridades.
Al anunciar la sentencia de Ramos Cruz, el fiscal federal del Distrito Norte de Florida John P. Heekin afirmó que este caso es un “ejemplo destacado del gran éxito de la Operación ‘Recuperemos América’ del Departamento de Justicia” y cumple la promesa de la administración del presidente Donald Trump de “detener el flujo de inmigración ilegal al país”.
Nicholas Ingegno, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, declaró que el inmigrante cubano “violó repetidamente las leyes de nuestro país, poseía armas de fuego robadas, narcóticos y traficaba con personas dentro y por todo Estados Unidos como si fueran mercancías, sin importarle su seguridad ni bienestar”.
El oficial advirtió que HSI Tallahassee y sus socios federales, estatales y locales utilizarán todos los recursos a su alcance para frenar este tipo de conducta delictiva y mantener la seguridad de las comunidades.
La investigación del caso estuvo a cargo de HSI y ERO (Operaciones de Deportación) de ICE, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y la Patrulla de Carreteras del estado.
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