El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que sirvan como jueces de inmigración temporales, según un memorando interno fechado el 27 de agosto y revisado por The Associated Press.
Los primeros grupos, de 150 abogados cada uno, estarán conformados por personal militar y civil, y podrían comenzar a incorporarse “tan pronto como sea posible”, informa la fuente.
Detalla que el Pentágono pidió a cada rama de las Fuerzas Armadas identificar a sus candidatos en el transcurso de esta semana.
La medida responde a la estrategia de la administración Trump de intensificar el control migratorio con más detenciones y deportaciones, lo que ha desbordado a un sistema judicial que ya acumula un retraso de unos 3,5 millones de casos.
Organizaciones de abogados de inmigración criticaron la decisión, calificándola como un intento de “socavar” la independencia y calidad de los tribunales.
“Esperar decisiones justas de jueces sin formación en derecho migratorio es absurdo”, dijo Ben Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, quien comparó la medida con “poner a un cardiólogo a realizar una operación de cadera”.
Según el sindicato de jueces, más de 100 magistrados de inmigración han sido despedidos o presionados a renunciar en el último año. Solo en julio, al menos 17 fueron destituidos “sin causa”, lo que redujo el número de jueces activos a unos 600. La decisión del Pentágono, de ejecutarse en su totalidad, duplicaría esa cifra, advierte.
El mandato establece que los abogados militares solo podrán servir como jueces por periodos de hasta 179 días, aunque el plazo es renovable.
Exjueces advierten que los militares carecen del entrenamiento necesario. Jennifer Peyton, destituida en julio tras supervisar la formación de magistrados en Chicago, explicó que el proceso incluye semanas de capacitación intensiva, tutorías y un periodo de prueba de dos años.
“Seis meses apenas alcanzan para empezar a entender la complejidad del sistema”, afirmó.
Además, señaló que la medida no incluye más personal administrativo ni traductores, esenciales en los juicios de inmigración, donde las decisiones pueden ser de vida o muerte.
El Pentágono aclaró que la participación de los abogados dependerá de su disponibilidad y que podría ser necesario movilizar a oficiales de reserva.
El memorando también advierte que se debe evitar violar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe usar a las fuerzas armadas en funciones de orden interno.
La Casa Blanca defendió la medida al considerarla parte de un plan más amplio para aliviar la sobrecarga de los tribunales, aunque no ofreció detalles sobre su implementación.
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