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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que sirvan como jueces de inmigración temporales, según un memorando interno fechado el 27 de agosto y revisado por The Associated Press.
Los primeros grupos, de 150 abogados cada uno, estarán conformados por personal militar y civil, y podrían comenzar a incorporarse “tan pronto como sea posible”, informa la fuente.
Detalla que el Pentágono pidió a cada rama de las Fuerzas Armadas identificar a sus candidatos en el transcurso de esta semana.
La medida responde a la estrategia de la administración Trump de intensificar el control migratorio con más detenciones y deportaciones, lo que ha desbordado a un sistema judicial que ya acumula un retraso de unos 3,5 millones de casos.
Organizaciones de abogados de inmigración criticaron la decisión, calificándola como un intento de “socavar” la independencia y calidad de los tribunales.
“Esperar decisiones justas de jueces sin formación en derecho migratorio es absurdo”, dijo Ben Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, quien comparó la medida con “poner a un cardiólogo a realizar una operación de cadera”.
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Según el sindicato de jueces, más de 100 magistrados de inmigración han sido despedidos o presionados a renunciar en el último año. Solo en julio, al menos 17 fueron destituidos “sin causa”, lo que redujo el número de jueces activos a unos 600. La decisión del Pentágono, de ejecutarse en su totalidad, duplicaría esa cifra, advierte.
El mandato establece que los abogados militares solo podrán servir como jueces por periodos de hasta 179 días, aunque el plazo es renovable.
Exjueces advierten que los militares carecen del entrenamiento necesario. Jennifer Peyton, destituida en julio tras supervisar la formación de magistrados en Chicago, explicó que el proceso incluye semanas de capacitación intensiva, tutorías y un periodo de prueba de dos años.
“Seis meses apenas alcanzan para empezar a entender la complejidad del sistema”, afirmó.
Además, señaló que la medida no incluye más personal administrativo ni traductores, esenciales en los juicios de inmigración, donde las decisiones pueden ser de vida o muerte.
El Pentágono aclaró que la participación de los abogados dependerá de su disponibilidad y que podría ser necesario movilizar a oficiales de reserva.
El memorando también advierte que se debe evitar violar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe usar a las fuerzas armadas en funciones de orden interno.
La Casa Blanca defendió la medida al considerarla parte de un plan más amplio para aliviar la sobrecarga de los tribunales, aunque no ofreció detalles sobre su implementación.
Preguntas frecuentes sobre la decisión del Pentágono de utilizar abogados militares como jueces de inmigración
¿Por qué el Pentágono ha autorizado a 600 abogados militares para actuar como jueces de inmigración?
La autorización busca aliviar la sobrecarga del sistema judicial de inmigración, que enfrenta un atraso de unos 3,5 millones de casos debido a la intensificación de los controles migratorios por parte de la administración Trump.
¿Qué críticas ha recibido la decisión de usar abogados militares como jueces de inmigración?
Organizaciones de abogados de inmigración han criticado la medida, argumentando que los abogados militares carecen de la formación adecuada en derecho migratorio, lo que podría comprometer la independencia y la calidad de las decisiones judiciales.
¿Cuál es el tiempo máximo que los abogados militares pueden servir como jueces de inmigración?
Los abogados militares solo podrán servir como jueces por periodos de hasta 179 días, aunque este plazo es renovable según las necesidades del sistema judicial de inmigración.
¿Cómo se relaciona esta medida con las políticas migratorias de Trump?
La medida se enmarca dentro de la estrategia de la administración Trump de intensificar los controles migratorios a través de más detenciones y deportaciones, lo que ha generado un colapso en el sistema judicial de inmigración. El envío de abogados militares busca agilizar los procesos judiciales ante el incremento de casos pendientes.
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