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El gobierno de Cuba volvió a ratificar su permanencia en Timor-Leste con la firma de la vigencia del acuerdo de cooperación médica, en un gesto que exhibe la continuidad de la política de exportación de servicios sanitarios pese a las críticas internacionales y a la presión de Washington.
La embajadora cubana Alina Aldama y el viceministro timorense José dos Reis Magno rubricaron el documento en Dili, la capital del país asiático, que asegura la permanencia de los galenos en esa nación, informó la agencia oficialista Prensa Latina.
Al acto asistieron altos funcionarios del Ministerio de Salud de Timor-Leste, el jefe de la Brigada Médica Cubana, Sergio Rabell, y el ministro-consejero Pablo Romero, agregó la fuente.
Según declaraciones de la embajada timorense, este convenio tiene sus raíces en el encuentro de 2003 entre el dictador Fidel Castro (1926-2016) y el entonces presidente (2002-2007) y actual primer ministro Kay Rala Xanana Gusmao, vínculo histórico que el régimen de La Habana insiste en presentar como legado político de la revolución cubana.
El acuerdo contempla tanto la asistencia médica como la formación de profesionales y especialistas bajo el modelo cubano de salud.
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A fines de agosto, la ministra de Salud de Timor-Leste, Elia A.A. dos Reis Amaral, sostuvo un encuentro con la diplomática cubana en Dili, donde revisaron el desempeño de la cooperación y discutieron estrategias para mantener la presencia de los galenos, informó Aldama a través de su perfil en Facebook.
El discurso oficial calificó la reunión de “cordial” y reafirmó la voluntad de sostener la colaboración médica como símbolo de amistad entre ambos pueblos.
La ratificación del acuerdo refuerza una de las principales fuentes de divisas para el régimen cubano, que ha sido cuestionado por organismos internacionales y denuncias de médicos que consideran estas misiones como una forma de explotación laboral disfrazada de solidaridad.
Aquí tienes una versión mejorada y con otra redacción, pero que mantiene la misma información:
El gobierno de La Habana ratificó el 13 de agosto su decisión de mantener el envío de brigadas médicas al extranjero, pese a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios de la isla y de otros países relacionados con ese programa.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Washington aplicará restricciones de visado a varios funcionarios cubanos, africanos y de Granada, señalados por su presunta implicación en un esquema de trabajo forzoso ligado a la exportación de servicios médicos.
Desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las medidas, que calificó como un acto de “imposición y agresión”, y aseguró que Cuba “continuará prestando servicios” de salud en el exterior.
En idéntica línea, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío defendió que los programas son “absolutamente legítimos” y resaltó que “salvan vidas y alivian comunidades” en decenas de países.
El gobierno sostiene que se trata de “misiones solidarias”, no de explotación laboral, y reveló recientemente en el parlamento que más de 24,000 profesionales de la salud se encuentran trabajando en el extranjero bajo contratos oficiales.
No obstante, informes internacionales y testimonios de médicos que han participado en estas misiones contradicen la narrativa del régimen, denunciando condiciones abusivas y violaciones de derechos laborales.
Washington y diversas organizaciones internacionales sostienen que La Habana utiliza a médicos y otros profesionales de la salud como herramienta de influencia política y fuente de ingresos, en condiciones que violan estándares laborales internacionales.
Al respecto señalan que el gobierno de Miguel Díaz-Canel retiene gran parte del salario de los profesionales de la salud enviados a misiones en el extranjero y de imponerles restricciones de movimiento, lo que organizaciones internacionales y excolaboradores han denunciado como trabajo forzoso.
Las medidas anunciadas por Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen cubano y a sus aliados, con el fin de desmantelar lo que considera una red internacional de trabajo forzoso.
En junio, Washington ya había aplicado restricciones similares contra funcionarios centroamericanos vinculados a la contratación de médicos cubanos.
Pese a las críticas y sanciones, el Gobierno de la isla ha reiterado que no renunciará a uno de sus programas más rentables y emblemáticos, clave para la entrada de divisas y para su proyección internacional.
Tal modelo deja a miles de profesionales de la salud enviados forzosamente al exterior sin voz, sin derechos y bajo control del aparato estatal, mientras que los galenos que permanecen en la isla deben laborar en condiciones paupérrimas y regulados sin posibilidad de abandonar el país.
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