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El gobierno cubano volvió a hablar de “soberanía energética” mientras el país atraviesa la peor crisis de suministro eléctrico de su historia reciente, marcada por apagones de hasta 40 horas y un malestar social sin precedentes.
El ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció en redes sociales que ya están sincronizados 30 parques fotovoltaicos con capacidad de 21,8 MW distribuidos en todo el territorio, lo que sumado a más de 500 MW de fuentes renovables y a la explotación de petróleo y gas nacionales “permite avanzar en el camino de la soberanía energética”.
El discurso, sin embargo, contrasta con la realidad que vive la población. La Unión Eléctrica (UNE) reconoció esta semana que muchas termoeléctricas llevan más de 40 años en funcionamiento sin recibir mantenimientos capitales, lo que ha provocado averías imprevistas y prolongadas.
El director de la UNE, Alfredo López Valdés, admitió que “no hemos tenido la posibilidad financiera de resolver el 100 por ciento de los problemas”, al tiempo que justificó la imposibilidad de prever con exactitud los plazos de reparación.
Las promesas de inversión en 51 parques solares y sistemas de acumulación por baterías, con un presupuesto de mil millones de dólares, llegan en medio de apagones masivos que han dejado sin electricidad a todo el oriente cubano y con la termoeléctrica Antonio Guiteras —la más importante del país— próxima a detenerse por mantenimiento.
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La narrativa oficial de la “soberanía energética” no es nueva. Desde la “Revolución Energética” lanzada por el dictador Fidel Castro en 2005, el término ha sido utilizado de forma recurrente para justificar programas de ahorro, sustitución tecnológica e inversiones en energías renovables.
Pero dos décadas después, el resultado ha sido el mismo: un sistema eléctrico colapsado, dependencia del petróleo importado y ausencia de soluciones estructurales.
En las calles y en las redes, el hartazgo es evidente. Frases como “esto no es vida” o “nos están matando en vida” se multiplican en los comentarios de ciudadanos que denuncian la precariedad extrema.
Incluso periodistas vinculados al oficialismo, como Yirmara Torres Hernández, han cuestionado públicamente cómo es posible sobrevivir con “28 horas de apagón por 2 de electricidad”.
El malestar aumenta por la desigualdad percibida: mientras la mayoría soporta apagones interminables, los dirigentes cuentan con plantas eléctricas y acceso a combustible. El contraste es aún mayor al saberse que el conglomerado militar GAESA administra miles de millones en activos líquidos, mientras la UNE alega falta de recursos para mantener las termoeléctricas.
Para muchos cubanos, la “soberanía energética” se ha convertido en un eslogan vacío que enmascara la incapacidad o falta de voluntad del régimen de garantizar un servicio eléctrico estable. En 2025, la oscuridad que cubre la Isla no es solo la de los apagones, sino la de un sistema agotado que repite promesas incumplidas mientras condena a su pueblo a sobrevivir en la penumbra.
Promesas recicladas y resultados invisibles
En diciembre de 2024, el titular del MINEM, Vicente de la O Levy, presentó un plan “milagroso” para acabar con los apagones a largo plazo, al tiempo que el gobernante Miguel Díaz-Canel nombraba al comandante Ramiro Valdés Menéndez como líder de un programa gubernamental para la estabilización y recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El plan, como siempre, terminó sumándose a la larga cadena de proyectos y programas anunciados desde hace más de dos décadas, todos con la promesa de estabilizar el SEN y garantizar la llamada “soberanía energética”.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que estos compromisos oficiales rara vez pasan de los papeles y los discursos. Además, en los optimistas escenarios planteados por el MINEM, las cuentas no alcanzan para cubrir la demanda nacional, lo que deja en evidencia que el plan parte de proyecciones infladas y poco realistas.
La propuesta de recuperar 850 MW en la generación distribuida y elevar la disponibilidad promedio a 1,400 MW contrasta con los reportes diarios de la UNE, donde el déficit real suele superar esa cifra y la falta de combustible deja apagados las plantas generadoras.
Sin embargo, el ministro habló de “suministro estable” de combustible y megaproyectos de energías renovables, ignorando que el plan se construye sobre la base de recursos que el país no tiene asegurados, y depende de financiamiento e importaciones externas que en la práctica no llegan, como la práctica ha venido a demostrar.
Desde 2015 se han anunciado parques solares, eólicos y biomásicos que apenas aportan una fracción mínima de la generación total, incapaces de sustituir la base térmica deteriorada. Hoy, con más de 500 MW solares instalados –según la propaganda del régimen-, la contribución al SEN es todavía marginal y vulnerable a la intermitencia del clima.
Mientras tanto, la rehabilitación de termoeléctricas se prolonga sin plazos concretos, afectada por la falta de piezas, metales y recursos financieros. La realidad es que la obsolescencia tecnológica pesa más que las promesas vacías, y cada anuncio de reparación se convierte en otra espera interminable.
La población, por su parte, no percibe mejoras. Los apagones prolongados y los daños colaterales en la economía, la salud y la vida cotidiana desmienten la retórica triunfalista de un plan que, al igual que sus predecesores, parece destinado al fracaso.
A ojos de muchos cubanos, estas promesas no son más que otra cortina de humo para ganar tiempo y justificar la parálisis de un sistema eléctrico al borde del colapso.
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