En Estados Unidos, miles de inmigrantes sin papeles enfrentan un dilema devastador: denunciar un crimen y arriesgar la deportación, o guardar silencio y proteger su libertad a costa de la justicia.
Según informó la agencia AP, la administración del presidente Donald Trump eliminó en enero una política de ICE que protegía a inmigrantes víctimas de delitos.
La norma anterior instruía a los agentes a evitar detener o iniciar procesos de deportación contra quienes colaboraban en investigaciones criminales o buscaban protección mediante visas humanitarias.
Con la nueva directiva, los agentes migratorios pueden detener a víctimas y testigos de delitos, incluso si tienen solicitudes en curso para visas U o T, diseñadas para proteger a víctimas de crímenes graves o de trata.
A quienes están detenidos, ICE ya no les reconoce automáticamente la opción de ser liberados durante el proceso.
Según AP, el caso de Felipe de Jesús Hernández Marcelo, víctima de un intento de robo con arma en Iowa, ha llamado la atención pública.
Luego de sobrevivir a disparos en el brazo y la pierna, acudió a la policía para recuperar sus pertenencias, pero fue arrestado por una vieja multa de tráfico y transferido a custodia de ICE.
Pasó más de dos meses en la cárcel sin recibir tratamiento médico adecuado, según su abogada, y separado de su hijo de 9 años.
La eliminación de protecciones para víctimas ha tenido un efecto inmediato: la cantidad de solicitudes de visas U cayó casi a la mitad en el primer trimestre de 2025.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes alertan que esto está disuadiendo a personas de reportar delitos o colaborar con las autoridades, lo que debilita las investigaciones y fortalece la impunidad, subrayó la agencia de prensa citada.
Los cambios en ICE responden a una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, centrada en la aplicación total de las leyes migratorias.
El memorando que detalla la nueva política indica que los agentes solo deben coordinar con la policía para asegurarse de que no interfieran en investigaciones, pero ya no están obligados a buscar señales de victimización.
Expertos legales y defensores de derechos humanos coinciden en que esta política está castigando a personas que deberían estar recibiendo protección del Estado.
Aseguran que muchas de las detenciones actuales habrían sido impensables en administraciones anteriores, y que ahora incluso asistir a una cita migratoria puede terminar en arresto.
En este nuevo escenario, cada contacto con el sistema judicial o policial puede convertirse en una puerta a la deportación. Para muchos inmigrantes, la justicia ya no es una opción sin costo.
Recientemente, un cubano con antecedentes criminales fue detenido por el ICE en Louisville, Kentucky, cuando acudía a una cita para solicitar la residencia permanente.
Según el USCIS, el individuo tenía un caso pendiente ante el tribunal de inmigración y un historial de arrestos por robo y estrangulamiento.
El organismo reiteró que las tarjetas de residencia son solo para quienes cumplen la ley, enfatizando su postura frente a inmigrantes con historial delictivo.
Días atrás, en Florida, las autoridades anunciaron la revocación de la residencia de un inmigrante acusado de delitos sexuales graves contra un menor.
El fiscal estatal explicó que el detenido enfrentaba cargos por uso de servicios informáticos para solicitar contenido explícito y envío de imágenes perturbadoras a un niño. Además, tenía antecedentes por violencia doméstica y secuestro.
En un contexto de endurecimiento de las medidas, ICE publicó en redes sociales un polémico mensaje que alentaba a los ciudadanos a reportar a sus exparejas indocumentadas.
El mensaje fue respaldado por el fiscal general de Florida, quien afirmó que se estaba deportando a una persona que había sobrepasado su visa de turismo.
Organizaciones de derechos civiles han advertido sobre el riesgo de abusos y denuncias falsas a raíz de este tipo de iniciativas, especialmente en estados como Florida y Texas, donde las leyes migratorias se han vuelto más estrictas en los últimos meses.
Otra situación alarmante ocurrió cuando un cubano con una orden de deportación vigente desde 1995 fue detenido en las oficinas del USCIS en Miami mientras intentaba tramitar su residencia.
Según la agencia, el arresto fue ejecutado en coordinación con ICE tras confirmar la orden de expulsión pendiente desde hace décadas.
En este mismo contexto, también fue detenido otro cubano con una orden de deportación de 2012, lo que refleja la política de detención de inmigrantes con historial migratorio irregular, incluso cuando se presentan a cumplir con trámites legales ante las autoridades migratorias.
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