El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó este martes que agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza estén arrestando injustamente a ciudadanos estadounidenses, tras la denuncia pública de George Retes, un veterano del ejército y padre de familia que asegura haber sido detenido sin motivo durante una redada en California.
“Los ciudadanos estadounidenses NO están siendo arrestados de forma indebida por ICE. Nuestras operaciones de cumplimiento son altamente focalizadas y no resultan en la detención de ciudadanos”, señaló el DHS en un comunicado difundido en la red social X, en el que calificó las críticas como “difamaciones destinadas a demonizar y vilipendiar” a sus agentes.
La respuesta oficial se produce después de que Retes publicara una columna en el San Francisco Chronicle en la que relató que, el pasado 10 de julio, fue arrestado cuando se dirigía a su trabajo en una finca de cannabis en Camarillo, condado de Ventura, sin que los agentes verificaran su identidad.
El exmilitar de 25 años denunció que fue golpeado, rociado con gas pimienta, mantenido tres días bajo custodia y liberado sin cargos ni explicaciones.
“Me arrebataron mis derechos, me trataron como si no perteneciera y me encerraron, todo siendo un ciudadano estadounidense y un veterano. Esto no es solo mi historia, es una advertencia. Si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”, escribió Retes, quien adelantó que planea demandar al gobierno bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios.
El DHS asegura que Retes fue arrestado porque “se tornó violento” al negarse a mover su vehículo y bloquear el paso de los agentes durante la operación. Según la versión oficial, fue detenido por “asalto a la autoridad”.
El caso reaviva el debate sobre los métodos de las agencias migratorias en Estados Unidos, especialmente en California, donde la reciente autorización de la Corte Suprema amplió las facultades de ICE y la Patrulla Fronteriza en redadas y detenciones.
Mientras el gobierno defiende la actuación de sus agentes, organizaciones de derechos civiles advierten que casos como el de Retes demuestran que las políticas de control migratorio pueden derivar en abusos contra ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
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