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Un carretón de caballos estuvo involucrado en el accidente masivo ocurrido este lunes en el municipio de Ranchuelo, Villa Clara, donde dos ómnibus colisionaron dejando un saldo de 49 personas lesionadas, entre ellas nueve menores de edad.
Según declaraciones del teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, el siniestro tuvo lugar en la carretera a Esperanza, a solo dos kilómetros del consejo popular del mismo nombre, e implicó a un ómnibus Yutong (chapa 121284), una guagua Diana (chapa 027011) y un carretón de tracción animal que se encontraba en la vía.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la guagua Yutong se dirigía a recoger a trabajadores de Farmacuba en Esperanza, cuando impactó contra la Diana, perteneciente a la base de Ranchuelo, que cubría la ruta San Juan–Santa Clara.
La presencia del carretón en la vía habría influido en la dinámica del accidente, aunque las causas exactas aún están siendo investigadas por peritos del ministerio del Interior (MININT).
Hasta el momento, no se reportan fallecidos, aunque dos adultos permanecen en estado grave. Cuarenta adultos están siendo atendidos en el Hospital Provincial "Arnaldo Milián Castro", y nueve menores reciben atención en el Hospital Pediátrico "José Luis Miranda".
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En el lugar del accidente se encuentran movilizadas las principales autoridades de la provincia, entre ellas Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio. También operan fuerzas del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, bomberos y agentes de tránsito.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y evaluar responsabilidades.
Los carretones, una amenaza constante en las carreteras cubanas
La madrugada del lunes 22 de septiembre de 2025 marcó un nuevo episodio trágico en las carreteras cubanas, cuando un carretón de caballos estuvo involucrado en un accidente masivo entre dos ómnibus en el municipio de Ranchuelo, Villa Clara.
El siniestro, ocurrido en la carretera a Esperanza, dejó un saldo de 49 personas lesionadas, entre ellas nueve menores de edad. Cuatro personas —incluido un adolescente— fueron reportadas en estado grave o crítico.
Aunque las investigaciones aún están en curso, las autoridades confirmaron que el carretón estaba en la vía en el momento del choque, lo que ha reactivado la preocupación nacional sobre el peligro que representan estos vehículos de tracción animal, especialmente cuando circulan sin señales luminosas o en horarios nocturnos.
Apenas cinco meses antes, el 18 de abril de 2025, un joven motorista sufrió heridas de gravedad al chocar contra un carretón en la comunidad de La Pedrona, en Mayarí, Holguín. El impacto fue tal que el caballo que tiraba del vehículo murió en el acto.
El conductor de la moto, identificado como Ernesto, tuvo que ser trasladado al hospital provincial ante la seriedad de sus lesiones. El hecho generó conmoción en redes sociales y puso sobre la mesa la falta de regulación clara para este tipo de transporte.
Un año antes, el 23 de febrero de 2024, en la localidad guantanamera de Macambo, un adolescente de 16 años perdió la vida tras ser embestido mientras viajaba en un carretón. Testigos afirmaron que el automóvil implicado iba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.
Sin embargo, la tragedia también desató un debate comunitario sobre la responsabilidad del carretonero y la seguridad del vehículo, que circulaba sin luces por una carretera oscura.
La cadena de accidentes no termina ahí. El 24 de octubre de 2023, en Cienfuegos, tres miembros de una familia resultaron heridos al ser impactado su carretón por una guagua de la ETEP en un puente sobre el río Damují.
La mujer que viajaba en el vehículo de tracción animal tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, mientras el caballo quedó tendido en el suelo con heridas graves.
Estos hechos, ocurridos en distintos puntos del país, revelan un patrón común: la peligrosa convivencia entre vehículos motorizados y transporte animal en vías sin señalización adecuada ni condiciones para ambos sistemas.
Mientras las autoridades investigan, las comunidades rurales siguen pagando el precio de una infraestructura obsoleta y una regulación insuficiente.
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