Un administrador del Mercado Agropecuario Estatal “El Pepino”, en Pinar del Río, fue detenido junto a un trabajador tras destaparse un caso de desvío de recursos destinados a la población para la reventa ilícita en kioscos particulares, según confirmó la página oficialista De Pinar Soy, vinculada a la policía cubana.
De acuerdo con la denuncia, el directivo retenía grandes volúmenes de productos básicos como arroz y huevos, en complicidad con trabajadores ilegales, para revenderlos en el mercado informal mientras la población enfrentaba largas colas y escasez. Tras la intervención de oficiales del DTI e inspectores estatales, los productos fueron devueltos a la venta oficial.
La detención ocurre en medio de una supuesta “ofensiva anticorrupción” que en las últimas semanas ha exhibido, en la televisión estatal, fraudes millonarios en empresas estatales y condenas ejemplarizantes contra funcionarios.
El caso de Pinar del Río no es un hecho aislado. Apenas días atrás, se reveló, a través del programa oficialista Hacemos Cuba, un fraude millonario con carbón en Artemisa, donde un cuentapropista y directivos de la empresa estatal Cítricos Ceiba desviaron más de 28 millones de pesos en un contrato fantasma de exportación.
En ese mismo programa televisivo se expuso la condena de 15 años de cárcel contra la exdirectora provincial de Finanzas y Precios de Pinar del Río, acusada de malversación, falsificación de documentos y tráfico de influencias.
Y en Matanzas, la población fue testigo de tres robos a bodegas en lo que va de año, reflejo de la falta de custodios, bajos salarios e inseguridad en un sistema de comercio estatal colapsado.
Aunque las autoridades presentan estas detenciones como muestra de “mano dura contra la corrupción”, para los cubanos de a pie el mensaje refleja los mismos productos que deberían llegar a las familias son desviados por los encargados de administrarlos.
En un país donde conseguir arroz, azúcar o huevos implica jornadas enteras de espera y sacrificio, que los responsables de abastecer al pueblo se enriquezcan con ventas ilegales a sobreprecio no solo es un delito, sino una traición cotidiana a la gente común.
Mientras la propaganda oficial repite que “el pueblo manda”, los casos recientes en Pinar del Río, Artemisa y Matanzas exhiben un patrón de corrupción estructural y falta de control en el que los únicos que siempre pierden son los ciudadanos.
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