La cubana María Padilla denunció en redes sociales que agentes de la policía en Camagüey se negaron a investigar un intento de estafa telefónica del que fue víctima, a pesar de que presentó datos concretos de los presuntos delincuentes.
En una publicación realizada el sábado pasado en Facebook, Padilla relató que recibió una llamada en su teléfono fijo de alguien que se hizo pasar por trabajador de la agencia Cubamax.
El supuesto operador le comunicó que tenía un paquete pendiente de entrega y le ofreció un servicio de mensajería por 1,500 pesos, presionándola para que se autenticara en la aplicación Transfermóvil y realizara un supuesto “código de verificación”.
La estafa quedó en evidencia cuando el interlocutor le pidió introducir un monto de 45,000 pesos.
Dos días después, la mujer narró en otra publicación que acudió a la estación de policía más cercana para formalizar la denuncia.
Sin embargo, el oficial de guardia le respondió que el caso no procedía porque el fraude no se había consumado.
“Si la estafa no procedió no tipifica intento de estafa, solo le podemos tomar declaraciones y archivar”, le contestó el agente, quien zanjó la conversación con un resignado “es lo que hay”.
La propia víctima advirtió que el oficial reconoció que este tipo de denuncias se reciben hasta “cuatro veces al día”, pero se limitó a reiterar que no podían investigar porque los datos de las tarjetas y celulares eran “confidenciales”.
Padilla lamentó que en la práctica “hay que quedarse estafado, la culpa la tiene el estafado, no el estafador”.
La organización Cubalex reaccionó al caso y recordó en Facebook que el Código Penal cubano, en sus artículos 13 y 14, establece que la tentativa es punible cuando una persona inicia actos encaminados a cometer un delito, aunque no lo logre consumar.
En materia de estafa, precisó, el solo hecho de contactar a la víctima y utilizar datos sensibles como números de tarjetas o teléfonos constituye ya un inicio de ejecución.
Cubalex señaló que la negativa policial no solo contradice la ley, sino que puede constituir el delito de prevaricación, pues el funcionario se negó a cumplir sus funciones.
Además, genera un efecto de revictimización y deja a la ciudadanía desprotegida ante un fenómeno delictivo en crecimiento.
La organización subrayó la doble vara de las autoridades cubanas: mientras despliegan todos los recursos para rastrear teléfonos e intervenir comunicaciones de opositores y críticos del régimen, alegan limitaciones para investigar delitos comunes que afectan directamente a la población.
“Negarse a registrar estas denuncias perpetúa la impunidad, revictimiza a los ciudadanos y debilita el acceso a la justicia”, concluyó Cubalex.
En los últimos meses se han multiplicado las denuncias de estafas relacionadas con el uso de internet y el envío de dinero a Cuba, lo que refleja la vulnerabilidad de los usuarios en un contexto de crisis económica.
Una joven residente en la isla explicó que perdió parte de sus ahorros tras caer en un engaño digital, subrayando lo difícil que resulta recuperarse cuando “cada peso cuesta tanto trabajo ganarlo”.
Días después, comenzó a circular en redes sociales una falsa promoción de 60 GB gratis, que prometía internet ilimitado y terminó atrapando a cientos de personas.
Este esquema de fraude, que se disfrazaba como una supuesta oferta oficial, fue denunciado por especialistas en ciberseguridad y rápidamente se viralizó entre usuarios que alertaban sobre el engaño.
El impacto de estos delitos también se siente en las provincias. En Cienfuegos, un cubano relató cómo su madre fue víctima de una estafa al intentar acceder a un servicio aparentemente confiable.
La frustración y el daño económico se suman a la sensación de indefensión frente a mecanismos de fraude cada vez más sofisticados.
La comunidad en el exterior tampoco está exenta. En Miami, un cubano denunció haber sido engañado en una transacción en línea que le costó 1,200 dólares, un golpe significativo para cualquier familia.
Casos como este muestran que el problema no se limita al territorio nacional, sino que se extiende a la diáspora, donde muchos intentan ayudar a sus familiares en la isla y terminan siendo blanco de redes fraudulentas.
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