Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo de la Guardia Nacional, realizaron un operativo para desintegrar una caravana de más de mil personas que salió el 1 de octubre desde Tapachula rumbo al centro del país.
De acuerdo con el medio local Diario del Sur, diez días después, solo la mitad del contingente permanece en camino. El resto abandonó por agotamiento, enfermedades, o regresó a Tapachula para intentar visas por razones humanitarias, mientras otros fueron asegurados en distintos puntos de la ruta, según testimonios de los propios migrantes.
El despliegue más reciente se registró en el municipio de Pijijiapan, donde permanecen más de 500 migrantes.
Tras la intervención, el grupo decidió detener la marcha hasta el lunes para descansar y definir sus próximos pasos.
Migrantes denunciaron que el operativo ocurrió cuando descansaban y afirmaron que se trató de un “abuso de autoridad” contra personas que piden documentos para viajar con seguridad hacia Ciudad de México u otros estados para iniciar su regularización.
Los caminantes describen condiciones extremas: largas jornadas bajo el sol y la lluvia, falta de atención médica y afectaciones a la salud como llagas en los pies, fiebre y deshidratación.
Sostienen que en los retenes de la carretera costera han visto patrullas del INM y la Guardia Nacional y que algunas personas fueron detenidas al intentar ingresar a los municipios.
Según relatan, a quienes volvieron a Tapachula tras aceptar la propuesta oficial de gestionar papeles, “solo los dejaron tirados de nueva cuenta”.
En diez días, la caravana ha recorrido 148 kilómetros por la costa de Chiapas, pasando por Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán y Mapastepec, hasta llegar a Pijijiapan.
Para salir de Chiapas aún deben cubrir más de 70 kilómetros hasta Tonalá y luego Arriaga, última escala antes de Oaxaca. Pese al cansancio y la incertidumbre sobre la respuesta de las autoridades, aseguran que seguirán avanzando y que su estrategia será caminar unidos para evitar detenciones y particiones del grupo.
Los migrantes insisten en que su única petición es un documento que les permita continuar el viaje con seguridad.
Hasta el momento, ni el INM ni la Guardia Nacional han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido en Pijijiapan ni sobre el número de personas detenidas durante los operativos.
Los migrantes, en su mayoría cubanos, denunciaron una red de cobros indebidos y presunta complicidad entre abogados y autoridades migratorias para la tramitación de documentos en Tapachula.
Pese a cumplir con los procedimientos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), sus solicitudes son rechazadas, mientras que gestores privados les ofrecen “resolver” a cambio de pagos de hasta 22 mil pesos mexicanos (casi 1,200 USD).
De acuerdo con los testimonios grabados, algunos llevan más de un año en Tapachula y han recibido múltiples negativas de COMAR para el trámite de refugio.
Denuncian, además, que el INM se niega a expedir el “aviso humanitario” —que permitiría su movilidad—, pero que “mágicamente aparece” cuando se paga a un abogado.
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