La Asamblea Municipal del Poder Popular de La Lisa, en La Habana, negó este domingo que su presidente, Yoamel Acosta Morales, haya sido arrestado por corrupción, luego de que el medio digital La Tijera publicara que el funcionario estaba bajo investigación por un presunto desfalco de motos eléctricas.
Según la publicación de La Tijera en su página de Facebook, Acosta Morales —también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y militante del Partido Comunista de Cuba (PCC)— habría sido detenido por las autoridades tras detectarse la desaparición de 20 motos eléctricas destinadas a entidades del municipio.
La nota señalaba, además, que el dirigente ya había sido vinculado a anteriores irregularidades en el manejo de recursos estatales, aunque no ofreció documentación oficial que respaldara esas acusaciones.
Horas después, la Asamblea Municipal de La Lisa emitió un comunicado en Facebook titulado “Desmentido Oficial ante falsas alegaciones sobre el Presidente de la Asamblea Municipal”, en el que calificó la información como “carente de veracidad” y aseguró que Acosta Morales “continúa ejerciendo sus funciones con total compromiso y transparencia”.
“No existe evidencia alguna que respalde las acusaciones vertidas por dicho medio”, indica el texto, que además invitó a la ciudadanía a informarse “a través de los canales oficiales” y a no dejarse influir por “campañas de desinformación”.
El comunicado añadió que el funcionario lidera actualmente acciones de limpieza, reorganización de servicios comunales y atención a barrios vulnerables dentro del plan integral de mejora del municipio.
Hasta el momento, no se ha publicado evidencia independiente que confirme o desmienta de manera concluyente las versiones presentadas por ambas partes.
Tampoco se ha emitido una declaración del gobierno provincial de La Habana ni del Partido Comunista sobre el caso.
La situación ha generado debate en redes sociales, donde ciudadanos y usuarios de ambas fuentes han expresado opiniones divididas.
Algunos piden mayor transparencia institucional ante cualquier denuncia de irregularidades, mientras otros subrayan la necesidad de verificar la información antes de difundirla en plataformas digitales.
En un contexto donde el acceso a datos oficiales es limitado y los medios estatales y alternativos ofrecen versiones distintas de los hechos, la confirmación independiente de denuncias de corrupción en Cuba sigue siendo un desafío, lo que deja a la ciudadanía entre la desconfianza y la falta de información verificable.
Mientras el gobierno de La Lisa niega las denuncias contra Yoamel Acosta Morales, otros dirigentes del Partido Comunista han comenzado a reconocer públicamente que los casos de corrupción no son aislados.
Desde Las Tunas, un funcionario admitió que “todo se sabrá”, en lo que parece un intento de contener el creciente malestar por escándalos recientes.
Uno de los procesos más visibles ha sido el de una alta funcionaria del gobierno condenada a 15 años de prisión por delitos económicos.
El fallo, difundido por la prensa oficial, detalló prácticas sistemáticas de desvío de recursos y falsificación de documentos, aunque evitó mencionar redes de complicidad dentro de las estructuras del poder.
De forma paralela, en la provincia de Mayabeque se expuso un fraude millonario en el comercio de carbón, que involucró a un trabajador por cuenta propia y reveló grietas profundas en el control institucional sobre las exportaciones.
La operación, según la investigación, se extendió durante meses con la complicidad de entidades estatales.
Además, en Sancti Spíritus, cinco funcionarios fueron sancionados administrativamente por negligencia e irregularidades vinculadas a la gestión de recursos públicos.
Aunque el caso no llegó a los tribunales, evidenció un patrón de impunidad donde las consecuencias rara vez se traducen en responsabilidades penales.
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