La vice directora de la Dirección General de EE.UU. en Cuba, la vocera Johana Tablada, admitió que el régimen cubano retiene una parte del salario de los médicos que salen en “misiones” internacionales y aseguró que los profesionales “lo saben desde el inicio” porque lo firman en sus contratos.
En una conferencia titulada “Cuba frente el exterminio. Una esperanza que no debe morir. Actualización sobre el impacto del bloqueo y sus relaciones con EE.UU.”, Tablada dijo que los galenos conocen el país de destino, la duración del contrato y el pago en divisas, y que en Cuba se les "mantiene" su salario íntegro para que sus familias no se afecten.
“Sí es verdad que hay una parte de ese contrato… que va a la Salud Pública de Cuba”, afirmó.
Tablada defendió que la porción del ingreso que no reciben los médicos “no va para una clínica privada, va para el pueblo cubano, para el Sistema de Salud Pública de Cuba”.
A su vez, negó que esos convenios constituyan trata de personas o trabajo forzoso. Sostuvo que los cooperantes “pueden moverse libremente” en los países de destino.
La funcionaria enmarcó sus argumentos en la cooperación Sur-Sur y comparó las deducciones con prácticas de instituciones extranjeras, mencionando a la Clínica Mayo como ejemplo de que en distintos sistemas parte de los ingresos contractuales no va directamente al profesional.
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También defendió que los acuerdos de colaboración cubanos no reúnen los elementos para ser calificados como trata.
En la misma conferencia, Tablada responsabilizó a la “guerra económica” de EE.UU. de la crisis en la Isla y negó la existencia de bases de espionaje chinas en Cuba, subrayando que la única base militar extranjera es la Estación Naval de Guantánamo.
Las palabras de Tablada suponen un reconocimiento explícito de la confiscación parcial del salario de los cooperantes médicos por parte del Estado —elemento central de las críticas internacionales a estos programas—, y reafirma que esta condición está prevista desde la firma del contrato.
Este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a colocar a Cuba en el Nivel 3 de su Informe sobre Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés), la categoría más severa, que incluye a los países que no cumplen con los estándares mínimos para eliminar la trata y no realizan esfuerzos significativos para hacerlo.
El documento de 2025 advierte que el régimen cubano mantiene una “política o patrón” de trata de personas auspiciada por el Estado, en particular a través de la exportación de servicios médicos, considerada la principal fuente de ingresos del país, con 4,900 millones de dólares generados en 2022, último año con datos disponibles.
El informe señala que las llamadas misiones médicas cubanas, presentadas como programas de solidaridad, esconden prácticas de explotación laboral que bordean la esclavitud moderna. Los trabajadores enviados al extranjero, en su mayoría profesionales de la salud, son reclutados mediante engaños y bajo amenazas de represalias.
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