El presidente Miguel Díaz-Canel recibió este viernes a la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, y aprovechó el encuentro para responsabilizar al bloqueo y a la lista terrorista de todos los problemas del país, mientras la visitante validó el impacto humanitario de las sanciones.
El gobierno convirtió la visita en un acto de propaganda calculado para reforzar el relato de que casi todos los males de la isla se explican por el embargo estadounidense.
Mientras el Palacio de la Revolución desplegaba alfombra roja y cámaras para exhibir a una funcionaria crítica de Washington, millones de cubanos seguían lidiando con apagones, escasez, crisis sanitaria y represión, realidades que el discurso oficial apenas menciona y que la relatora no colocó en el centro de su mensaje público.
Un encuentro a la medida del discurso oficial
En el encuentro difundido este viernes por la televisión estatal, el gobernante calificó la visita de Douhan como “muy importante y significativa” y la presentó como una validación internacional del relato de La Habana sobre el impacto del embargo y de la inclusión de Cuba en la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo.
El mandatario insistió en que “la vida de todos los cubanos” estaría marcada por el bloqueo y lo describió como una política “genocida” recrudecida durante el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021) y reforzada con la nueva vuelta del republicano a la Casa Blanca, quien devolvió la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Díaz-Canel aseguró a la relatora que el país está “totalmente dispuesto” a cooperar con los mecanismos de derechos humanos del Consejo, obviando que Cuba mantiene desde hace décadas fuertes restricciones al escrutinio internacional en materias como libertades civiles, pluralismo político y criminalización de la protesta.
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El mensaje buscó proyectar una imagen de transparencia y buena voluntad ante la ONU, mientras dentro de la isla siguen vigentes leyes y prácticas que castigan a quienes cuestionan al poder, como han denunciado reiteradamente organizaciones de derechos humanos y medios críticos en el exilio.
La relatora compra la queja del "bloqueo"
En una declaración ante medios de prensa nacionales e internacionales, Douhan repitió buena parte del guion económico de La Habana.
Al respecto, sostuvo que las sanciones estadounidenses han “exacerbado” la crisis humanitaria en Cuba, con afectaciones en la alimentación, los ingresos familiares y la capacidad del Estado para mantener infraestructura básica, desde termoeléctricas y sistemas de agua hasta viviendas y edificios públicos.
También advirtió sobre la escasez de medicamentos y piezas de repuesto, y señaló que la esperanza de vida, que antaño se ubicaba entre las más altas de la región, se ha reducido en los últimos años, un argumento que el gobierno utiliza para atribuir el deterioro de su sistema sanitario casi exclusivamente al embargo.
La relatora subrayó el carácter extraterritorial de las medidas de Washington y calificó como contraria al derecho internacional la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, instando a abandonar la “retórica de las sanciones” como herramienta política para aislar a la isla.
El informe final de Douhan se presentará en septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos, pero su mensaje en La Habana ya fue explotado al máximo por la propaganda oficial como si se tratara de un veredicto definitivo a favor del régimen.
La sociedad civil, otra vez silenciada
Mientras el gobierno organizó recorridos de la relatora por instituciones escogidas y le entregaba voluminosos informes sobre los daños del embargo, activistas y organizaciones independientes denunciaban que, una vez más, la sociedad civil crítica quedó fuera de foco, sin poder ser escuchadas sobre los presos políticos, represión, pobreza y falta de libertades que no pueden achacarse solo al conflicto con Estados Unidos.
Cientos de cubanos cuestionan que el gobierno culpe al “bloqueo”, mientras mantiene privilegios para la élite, invierte en hoteles de lujo y casi vacíos y deja deteriorarse la infraestructura esencial del país.
Otros denuncian la vida acomodada de dirigentes y sus familias, y responsabilizan directamente al propio sistema político por décadas de errores económicos.
Los comentarios de cubanos dentro y fuera del país en redes digitales reflejan un malestar acumulado. Muchos señalan que mientras se culpa al “bloqueo” de cualquier hueco en la calle, la realidad cotidiana está marcada por la censura, la persecución de manifestantes y un “bloqueo interno” hecho de trabas burocráticas, controles políticos y ausencia de derechos básicos.
Ese contraste entre el relato victimista del régimen y la experiencia directa de la ciudadanía apunta a un doble estándar que la visita de Douhan no desnudó con suficiente claridad, pese a que su mandato se enmarca formalmente en la defensa integral de los derechos humanos.
Un capital político que La Habana no piensa desperdiciar
La visita de la relatora llega en un momento en que el Gobierno cubano intenta contener una crisis económica sin precedentes recientes, agravada por el endurecimiento de sanciones bajo las administraciones de Trump y el nuevo memorándum presidencial de 2025 que refuerza la política de “máxima presión”.
La inclusión renovada de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo dificulta aún más las operaciones financieras, encarece los insumos y tiene un efecto disuasorio sobre bancos y empresas de terceros países, todo lo cual La Habana capitaliza para reforzar su narrativa de asedio permanente.
Con el aval político que supone un informe preliminar de la ONU centrado casi exclusivamente en las consecuencias de las sanciones, Díaz-Canel busca ganar oxígeno internacional sin asumir responsabilidades internas por la ineficiencia, el autoritarismo y la corrupción estructural del sistema.
El resultado es una escena en la que el régimen se presenta como víctima ejemplar en materia de derechos humanos, mientras sigue negando a sus propios ciudadanos el derecho más elemental: contar, sin miedo, la otra mitad de la historia que no cabe en los partes oficiales sobre el “bloqueo”.
Preguntas frecuentes sobre la visita de la relatora de la ONU a Cuba y el impacto del embargo estadounidense
¿Qué busca el gobierno cubano con la visita de la relatora de la ONU?
El gobierno cubano busca reforzar su narrativa de que el embargo estadounidense es el principal responsable de la crisis en la isla. A través de la visita de Alena Douhan, el régimen pretende obtener un informe favorable que apoye esta visión, minimizando sus propias responsabilidades en la represión y la mala gestión interna.
¿Qué impacto tiene el embargo de Estados Unidos en la situación actual de Cuba?
El embargo de Estados Unidos contribuye a la crisis humanitaria en Cuba, pero no es el único factor. Según la relatora de la ONU, las sanciones han exacerbado problemas como la escasez de alimentos y medicinas. Sin embargo, el contexto revela que también hay factores internos, como la corrupción y la ineficiencia del gobierno, que han empeorado la situación.
¿Cómo se manifiesta el "bloqueo interno" en Cuba?
El "bloqueo interno" se refiere a las trabas burocráticas y el control político que afectan a la población cubana. Estas restricciones incluyen la censura, la persecución de manifestantes y la falta de derechos básicos, que no pueden ser achacadas únicamente al conflicto con Estados Unidos.
¿Qué críticas enfrenta la relatora de la ONU por su visita a Cuba?
La relatora Alena Douhan ha sido criticada por su cercanía a gobiernos autoritarios y su enfoque limitado al impacto de las sanciones. Organizaciones de derechos humanos y activistas han señalado que su visita podría ser utilizada por el régimen cubano como un escudo diplomático, sin abordar adecuadamente la represión interna y la falta de libertades en la isla.
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