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La caída de Nicolás Maduro ha tenido un efecto inmediato más allá de Caracas. En La Habana, los temblores políticos de esa captura han despertado viejos fantasmas: el miedo del régimen cubano a perder el control sobre la información y, con él, sobre la población.
En los días posteriores a la operación estadounidense que terminó con la detención del gobernante venezolano, las alarmas se encendieron en el Palacio de la Revolución. Tanto como un cambio político en Venezuela, el régimen teme una alteración en el flujo de datos que sostiene buena parte del acceso a internet en la Isla.
Durante más de una década, la conexión internacional de Cuba ha dependido en gran medida del cable submarino ALBA-1, una infraestructura de fibra óptica que une a Santiago de Cuba con La Guaira, en Venezuela.
Financiado por el chavismo e inaugurado en 2013, el cable fue presentado como un símbolo de “soberanía tecnológica” frente a Estados Unidos. En la práctica, se convirtió en una herramienta de poder: permitió al régimen facturar millones de dólares por tráfico de datos, mejorar el acceso a la red global, pero también reforzar el control estatal sobre el tráfico digital y la censura.
Ahora, con el chavismo tambaleando y Washington supervisando la transición venezolana, el ALBA-1 podría convertirse en un punto de vulnerabilidad para el régimen cubano.
La posibilidad de que Cantv, la operadora estatal venezolana que administra el cable ALBA-1, pase a manos privadas es una de las principales preocupaciones en La Habana.
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Si el nuevo gobierno venezolano decide vender parte de la compañía o abrirla a capital extranjero, como sugieren varios analistas, las condiciones preferenciales de conectividad que Cuba disfruta desde 2013 podrían desaparecer.
Hasta ahora, el acuerdo entre Caracas y La Habana ha sido político: Cuba paga tarifas simbólicas o compensadas mediante cooperación médica y asistencia técnica. Pero un Cantv privatizado operaría con criterios de rentabilidad, no de afinidad ideológica.
En ese escenario, Cuba tendría que asumir costos de mercado por el tráfico de datos o renegociar el contrato desde una posición de debilidad, lo que podría derivar en recortes de ancho de banda, nuevos retrasos o incluso interrupciones temporales del servicio.
Analistas citados por medios internacionales como Kentik y 14ymedio coinciden en que el futuro del cable dependerá de las decisiones del nuevo poder en Caracas.
Aunque el tráfico entre Cuba y Venezuela sigue funcionando con normalidad, la Habana sabe que el control estadounidense sobre infraestructuras venezolanas podría, llegado el caso, alcanzar ese enlace.
Sumado al corte de suministro de petróleo, el control estadounidense sobre infraestructuras de telecomunicaciones agravaría la crisis que ya padece La Habana.
No es la primera vez que el régimen cubano asocia inestabilidad regional con restricciones digitales. En julio de 2021, durante las protestas más grandes en décadas, el régimen cortó el acceso a internet en todo el país durante varios días.
La táctica se repitió en manifestaciones posteriores y en momentos de tensión política o económica. Cortar internet es, para el poder en Cuba, un reflejo defensivo: una forma de apagar la conversación pública y aislar a la gente de la información independiente.
Por eso, tras la caída de Maduro, el miedo no es solo a perder un socio político, sino también a perder control. Si Washington decidiera revisar los sistemas de comunicación venezolanos o exigir transparencia en la gestión del ALBA-1, el régimen cubano quedaría expuesto a una supervisión externa inédita.
La Habana sabe que ya no puede confiar ciegamente en Caracas, y que su conexión más importante podría pasar a estar bajo la mirada de Estados Unidos.
Mientras tanto, el acceso a internet dentro de la Isla sigue siendo caro, limitado y vigilado. Los apagones digitales, el bloqueo de sitios independientes y el rastreo del tráfico en redes son prácticas habituales.
Cuba ha invertido en ampliar la cobertura, pero no en garantizar la libertad digital. Cada avance tecnológico —desde los parques wifi hasta el acceso móvil— ha llegado acompañado de nuevos mecanismos de control. En ese contexto, cualquier amenaza sobre el ALBA-1 se percibe como un riesgo político, no solo técnico.
La paradoja es que el cable que en su día representó "soberanía” frente a Washington podría terminar siendo el talón de Aquiles de la censura cubana. Si el flujo de datos entre ambos países se ve condicionado por la nueva situación venezolana, el régimen tendría dos opciones: buscar una alternativa —como el nuevo cable Arimao hacia Martinica— o recurrir a lo que mejor sabe hacer: cerrar la llave.
En ese contexto, algunos observadores no descartan un movimiento más audaz por parte de Washington. Si se produjera un corte o una degradación grave de las operaciones del ALBA-1, la administración Trump podría recurrir a Elon Musk y activar el acceso abierto y gratuito de Starlink para los cubanos, como ya ocurrió en Ucrania o Irán.
Para La Habana sería una pesadilla: millones de ciudadanos conectados sin pasar por los servidores de ETECSA, sin censura ni vigilancia. Más que un desafío técnico, sería un golpe político directo al monopolio informativo que el régimen ha construido durante décadas.
Por ahora, no hay indicios de que el ALBA-1 esté en peligro inmediato. Pero la captura de Maduro ha puesto en evidencia la fragilidad de un modelo que depende de aliados en crisis. En un país donde la conectividad es poder, cualquier amenaza a la red se traduce en pánico en los despachos de La Habana.
Y aunque nadie lo diga abiertamente, la pregunta que flota en el aire no es solo qué pasará con el internet de Cuba, sino si el régimen volverá a apagarlo antes de perder el control de la historia.
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