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El gobernante Miguel Díaz-Canel convirtió una vez más una reunión de científicos en un acto de propaganda política al presentar como un éxito los resultados preliminares del fármaco Jusvinza, mientras el país sufre las consecuencias de una epidemia de chikungunya que se descontroló por la mala gestión, la falta de transparencia y la inacción del gobierno.
Durante el encuentro celebrado en el Palacio de la Revolución, Díaz-Canel afirmó que “aquí hay resultados”, en alusión a los ensayos clínicos del medicamento biotecnológico aplicado a pacientes en fases posaguda y crónica.
El sitio web de Presidencia repitió el mensaje triunfalista, destacando “alentadores resultados” del estudio, sin mencionar que el brote de chikungunya ha dejado miles de contagiados, graves secuelas y una profunda crisis sanitaria que el régimen no ha sabido controlar.
Los propios expertos reconocieron que el estudio es preliminar y que no habrá datos concluyentes hasta marzo. Sin embargo, el gobernante lo presentó como una muestra de la fortaleza científica del país, en un intento de disfrazar con retórica política la falta de prevención, el deterioro del sistema de salud y el colapso de los servicios de saneamiento.
El doctor Miguel Hernán Estévez del Toro, reumatólogo del Hospital Hermanos Ameijeiras, admitió que “un porciento” de los pacientes desarrollará una artropatía crónica inflamatoria, es decir, una inflamación persistente en las articulaciones que puede dejar dolor, rigidez y discapacidad permanente.
La cifra no fue precisada, en otro gesto de opacidad que impide conocer la magnitud real de las secuelas que ya comienzan a reportarse en todo el país.
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Epidemia descontrolada, silencio oficial
La admisión de que el chikungunya puede dejar secuelas crónicas llega tarde y sin autocrítica. Durante meses, el régimen minimizó la gravedad del virus, comparándolo con otras arbovirosis y asegurando que la mayoría de los pacientes se recuperaba sin complicaciones.
Mientras tanto, hospitales y policlínicos enfrentaban escasez de medicamentos, analgésicos, insecticidas y personal médico, en un contexto de colapso del control vectorial, basura acumulada y aguas estancadas en ciudades y barrios.
El resultado ha sido una epidemia desbordada y un sistema sanitario sin capacidad para tratar las consecuencias. En Cuba, donde faltan antiinflamatorios, esteroides y fisioterapeutas, los pacientes con artritis post-chikungunya no tienen opciones terapéuticas reales.
La llamada “inflamación persistente” puede durar meses o años, y en algunos casos derivar en cuadros similares a la artritis reumatoide, con pérdida de movilidad y dolor crónico.
Propaganda frente a realidad
El régimen ha preferido convertir el anuncio de Jusvinza en una operación de imagen. El medicamento, diseñado originalmente para la artritis reumatoide y la COVID-19, ha sido “reposicionado” para el chikungunya, pero los estudios apenas están en fase inicial y no hay evidencia concluyente de su eficacia.
Aun así, Díaz-Canel habló de “resultados de país”, intentando proyectar fortaleza científica mientras el pueblo enfrenta las secuelas de una crisis sanitaria sin precedentes.
El uso del término “un porciento” refleja la falta de transparencia que ha caracterizado todo el manejo de la epidemia. No es solo ausencia de datos, sino una política de ocultamiento deliberado, en la que se reconoce el daño sin admitir responsabilidad.
En realidad, la comunidad médica internacional estima que entre 20% y 40% de los pacientes con chikungunya desarrollan síntomas articulares prolongados, lo que en el contexto cubano implicaría miles de afectados con dolencias incapacitantes.
Mientras el gobernante saca pecho por un medicamento experimental, la realidad es que el virus no fue contenido, la población no fue protegida y las consecuencias se ocultan.
El país vive las secuelas de una gestión sanitaria fallida: un régimen que celebra presuntos “resultados” científicos mientras la epidemia deja un reguero de dolor, enfermedad y desconfianza.
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